Jóvenes con impedimentos: se repite la historia…
Durante 17 años, Monserrate Concepción Rodríguez se ha dedicado por completo a su hija Mónica Ramos. Sola y sin ayuda de familiar alguno, ha luchado para que ella consiga en la vida lo que otros jóvenes sin impedimentos obtienen con facilidad.
Al igual que Concepción Rodríguez, son muchos los padres que se dedican a sus hijos con impedimentos, pero escasos han sido los servicios que han conseguido en el municipio de Las Piedras. La falta de ayudas especializadas en las escuelas, los pocos servicios de salud y las pocas o ninguna oportunidades de trabajo han sido algunas de las barreras que estos padres han enfrentado con el pasar de los años.
“Es increíble cómo aún viviendo en el siglo 21, estas personas (las personas con impedimentos) están marginadas por la sociedad”, señaló la madre, quien además dijo que “Mónica lleva dos años en la escuela vocacional y las maestras no quieren que ella siga en el programa de mercadeo porque no sabe leer ni escribir con rapidez, y se supone que la escuela atiende niños de educación especial”.
Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos del 7 de junio de 1996, tanto Mónica como toda persona con impedimentos están protegidas por esta ley hasta los 21 años. Esta ley obliga a diversas agencias gubernamentales a ofrecer educación pública gratuita y apropiada, evaluaciones médicas, entre otros servicios.
Por su parte Elizabeth Torres, trabajador 1 del Departamento de Educación (DE), sostuvo que es lamentable que esos padres tengan que pasar por las mismas situaciones cada semestre escolar. Torres aseguró que “en Puerto Rico se recibe ayuda federal para la educación especial mensualmente, y entonces ¿por qué cada vez que un padre va a solicitar ayudas se les dice que no hay fondos?”.
Precisamente por la supuesta falta de fondos, hace 30 años se inició el caso de Rosa Lydia Vélez contra DE. Ella, junto a otros padres de niños de educación especial, exigió que se les ofrecieran los servicios necesarios a sus hijos. El tribunal determinó que el DE debía brindarle los servicios necesarios a su hija y a todos aquellos niños con impedimentos que lo requerían. Pero como no ha podido cumplir con esa determinación, actualmente paga $2,000 diarios como multa.
La falta de dinero es una de las cosas que no permite que los servicios brindados a los jóvenes con impedimentos sean de calidad. Hace un año esa ineficacia llevó a Beatriz Rivera a no volver a llevar a su hija Nilmary Alemañy a la escuela que asistía, porque según ella “la escuela no está adaptada”.
“Los niños no tienen ningún reto en esa escuela. Los estudiantes están de vacaciones porque ahí los maestros no educan”, aseveró Rivera, quien denunció que su hija necesitaba un trabajador 1, pero en la escuela no quisieron buscárselo. De hecho, según indicó esta madre, “la directora escolar me dijo que lo buscara yo, pero ese era su trabajo no el mío”.
Un trabajador 1 es aquel que asiste a un estudiante de educación especial que tenga alguna condición o impedimento. De igual manera, asiste a todos los estudiantes de un salón de educación especial.
Pero este municipio no tan solo carece de servicios educativos de calidad, sino que según indicó Concepción, madre de Mónica, tampoco hay buen acceso a servicios de salud especializados. En un recorrido realizado por las calles de Las Piedras no encontramos ningún médico especialista en neurología, el cual es uno de los recursos más necesitados por los padres de niños con retardo mental. Un neurólogo se dedica especialmente al estudio del sistema nervioso.
“Para yo poder llevarla a un neurólogo debo asistir a Caguas cada mes durante los semestres escolares porque necesita medicamentos para su concentración”, indicó Concepción.
En cuanto a las terapias que Mónica recibe, su madre denunció que ahora que lleva varios años recibiendo las terapias y que con el pasar de los años se ha desarrollado considerablemente “la terapista ocupacional me dijo que como no hay mejoría significativa, hay que realizarle una evaluación para entonces darle de alta y darle espacio a otros estudiantes a que reciban sus terapias”.
Igualmente, Enid Tapia, madre de Orjel Maisonet, autista de 18 años, señaló que para poder obtener servicios de educación y de salud para su hijo siempre ha tenido que ser mediante querella.
“Ahora mismo tengo que volver a radicar la querella porque no me han cumplido con los servicios”, sostuvo Tapia.
Cada vez son más las querellas presentadas en toda la Isla por padres de niños y jóvenes con impedimentos, pero se ha vuelto algo repetitivo a lo que no se le da importancia. De acuerdo con Elena Aguado, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Niños con Impedimentos (APNI), todos los días reciben quejas y querellas de padres. “Pero por más que tengan un padre líder con ellos y un trabajador 1 con sus hijos, de nada vale si el gobierno no les da prioridad y resuelve sus problemas”, dijo Aguado.
Según el Censo del año 2000, en el municipio de Las Piedras hay un total de 9,145 personas con impedimentos, de las cuales 968 son niños y jóvenes entre 5 y 20 años de edad. Mientras, que en Puerto Rico hay 42,171 personas entre las edades de 16 a 20 con empleo, de las que 7,183 tienen algún tipo de impedimento.
Torres señaló que la gran mayoría de los estudiantes de educación especial que salen de talleres y cursos vocacionales no consiguen trabajo al salir a la calle.
“He tenido quejas de ellos (los estudiantes de educación especial), que me han dicho que las escuelas vocacionales no los ubican”, declaró Rivera. “Muchos de ellos se gradúan sin saber y solo porque cumplieron 21 años los ‘retiran’ de los cursos”, añadió.
Por su parte, Margaret Morales, procuradora auxiliar de las personas con impedimentos, catalogó como inaceptable la situación que han vivido los padres de Las Piedras. “No podemos seguir permitiendo que toda persona con impedimento, especialmente los niños y jóvenes, sean puntos apartes de la sociedad”, expresó.
Sin embargo, Morales recomendó a que todo padre que esté enfrentando algún tipo de situación con sus hijos, a que no tan solo lleven sus reclamos a los tribunales. “Nosotros podemos ayudarles, pero si no nos presentan sus situaciones no podemos hacer nada.”, reiteró la procuradora auxiliar, quien informó que “si hemos recibido una que otra denuncia de padres de este municipio (Las Piedras) es mucho”.
De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley 238 del 31 de agosto de 2004, en la cual se estableció la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, el Estado tiene el deber de coordinar los recursos y servicios para atender las necesidades colectivas e individuales de las personas con impedimentos según su condición. Además, debe ofrecerle acceso a los mejores servicios de salud atendiendo las condiciones particulares de cada persona.
A pesar de esas estipulaciones, la vivencia de estos padres son algunos ejemplos de las situaciones por las que pasan muchos otros diariamente, tanto en Las Piedras como en los demás municipio de la Isla.
Pero según Rivera, madre de Nilmary, los padres solamente tienen dos opciones “o te mudas a Estados Unidos, o sometes querella tras querella, mientras dejas que tu niño continúe recibiendo los mismos servicios deficientes”.
“Es por eso que muchos padres no hacen nada, porque no les queda remedio”, puntualizó.
Ineficientes los servicios para personas de edad avanzada
Deteriorados y con falta de personal capacitado. Así se encuentran algunos centros para personas de edad avanzada en los municipios de Las Piedras, San Lorenzo y Juncos.
La falta de pintura y de un patio agradable es lo que se puede observar en el Centro de Envejecientes de Las Piedras. Aunque muchos de los participantes no le dan importancia a esta situación, ya sea por sus problemas de salud mental o porque les da igual estar en ese lugar, la queja de quienes piensan que el centro puede estar en mejores condiciones es evidente.
“El trato aquí no es malo, pero en las afueras uno no puede estar porque el pasto no da más”, expresó Angelina Márquez, de 82 años, quien recibe los servicios del centro desde hace seis meses.
De igual manera, las condiciones físicas del lugar no son las mejores. En su interior también se puede observar la falta de pintura. Mientras que en la oficina de la directora se pueden observar computadoras en desuso, cajas con papelería y otras cosas inservibles.
Con poca limpieza y pobre intensidad de luz se encuentra el área de enfermería en la que atienden a todo aquel participante que necesite algún tipo de chequeo médico. Una camilla, una máquina para tomar la presión arterial y otra para tomar la estatura y el peso son algunos de los pocos equipos médicos que se pueden hallar en el lugar.
“Estamos continuando con las remodelaciones del Centro, queremos que esté en las mejores condiciones para el bienestar de los participantes”, aclaró Melanin Rodríguez, directora del Centro de Envejecientes de Las Piedras. Añadió que aunque lleva poco más de un mes como directora, procurará que se realicen los arreglos pertinentes.
Según Carmen Lozada, sub directora del Centro, este lugar tiene capacidad para 100 personas, pero actualmente cuentan con 82 participantes y ofrecen el servicio de nutrición y enfermería a 54 personas en sus hogares. Asimismo, este centro recibió para el año fiscal 2009-2010 un total de $91,888 en fondos federales y del municipio recibió $297, 344. De acuerdo con Lozada, este dinero se utiliza para alimentos, equipos y otros gastos generales.
La Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada instaura en el Artículo 7 que “el Departamento (de la Familia) mantendrá un registro actualizado de los establecimientos a los que se les ha expedido licencia para operar como tales y en el cual se hará constar…las facilidades físicas y servicios que se les ofrecen a sus residentes…”
De manera similar, la ineficacia en servicios de salud es lo que se puede encontrar en algunos hogares de envejecientes en los municipios de Juncos y San Lorenzo.
Desde hace más de tres meses el Hogar Rayo de Esperanza en Juncos no tiene servicios de una enfermera permanente, lo que ha generado las quejas de los familiares de quienes residen en el lugar.
“Nosotros exigimos que tengan una enfermera las 24 horas, porque eso fue lo que nos ofrecieron al ingresar a mi mamá al hogar, pero desde hace tres meses no han cumplido”, sostuvo Elena Mestre, hija de Ramona Guevárez, quien reside en el Hogar Rayo de Esperanza desde hace un año.
Situación similar viven los envejecientes y familiares del Hogar La Esperanza, en San Lorenzo. En este lugar 7 de las 29 personas de edad avanzada beneficiadas, son pacientes de Alzheimer.
En este caso, es la falta de personal médico capacitado para atender a estas personas lo que provocó una ola de protestas y reclamos por parte de los familiares de estos pacientes.
“Dentro de los beneficios que encontré en este hogar para mi papá era que lo atenderían como se merece. Yo ahora mismo trabajo y se me hace difícil atenderlo”, expresó Carlos Morales, hijo de Félix Morales, paciente de Alzheimer.
Morales reconoció además que como él son muchas las personas que, por razones de trabajo y falta de tiempo, acuden a los hogares de envejecientes para que sus familiares obtengan las ayudas y servicios que necesitan.
Ante los reclamos de estas personas, los empleados del lugar alzaron su voz para defender la labor que realizan. Y es que según ellos, este lugar ofrece servicios de salud de calidad y especializados a sus residentes.
“Nosotros estamos preparados. No somos médicos, pero sí enfermeros preparados para atender, tanto a los pacientes de Alzheimer como a todos los demás que requieran algún examen médico”, aclaró Cándida Santana, quien lleva más de diez años ejerciendo como enfermera y desde hace más de tres años trabaja en el Hogar La Esperanza.
Santana recalcó que ellos les brindan prioridad a los ancianos que padecen de Alzheimer, y sostuvo que el hogar, instituido desde hace casi cinco años, cuenta con atención médica por parte de sus enfermeros “las 24 horas, los siete días de la semana”.
En la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada de 1986 se establece en el artículo 1 que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza “el acceso y la utilización óptima de los mejores servicios de salud”.
Según esta ley toda persona de edad avanzada tiene el derecho a obtener los servicios primarios requeridos para su atención, tanto médica como de cualquier otra índole.
Por su parte, la Procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz Class, admitió que es necesaria una investigación en estos centros para envejecientes, pues estas personas requieren una atención especial.
“Todo ciudadano, ya sea niño, joven o anciano merece un trato de primera. En especial todo aquel que por alguna razón no pueda valerse por sí mismo”, reiteró Ruiz.
La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada recibió $18,629 de ayudas federales en el año 2010 y tiene recomendados para el 2011 la cantidad de $19,969.
A pesar de la cantidad de dinero que reciben, tanto las agencias de gobierno como las entidades privadas, la realidad es que nunca llegan a ser excelentes los servicios y ayudas que ofrecen.
Un estudio realizado por la Universidad del Sagrado Corazón reveló que la mayoría de las personas continúan recibiendo las ayudas, a pesar de la ineficacia, porque viven solos o porque los familiares no les pueden atender. En este análisis la mayoría de los encuestados señaló que estos lugares, ya sean públicos o privados, deben enfocarse en ofrecer comodidad a las personas de edad avanzada.
Comunidades especiales, ¿qué tienen de especiales?
De las tres comunidades especiales del municipio de Las Piedras, tan sólo una continúa activa, la comunidad Hoyo Garden.
Sin embargo, los residentes de esta comunidad continúan a la espera de recibir sus nuevas viviendas, y se encuentran viviendo en casas alquiladas.
“Todavía estamos esperando que nos den las casas que están y que terminadas, pero como siempre, en ellos (Gobierno de Puerto Rico) no se puede confiar”, denunció Minerva Delgado, residente de la comunidad especial Hoyo Garden.
Mientras, las comunidades Cinco Cuerdas y Fondo del Saco son algunas de las muchas comunidades especiales que quedaron olvidadas en el proyecto iniciado por la ex gobernadora de Puerto Rico, Sila M. Calderón.
De acuerdo con Edwin Quiñones, coordinador de la Oficina de Ordenación Territorial de Las Piedras, han sido los problemas pluviales los que no han permitido la reubicación de las alrededor de 20 familias que componen la comunidad Hoyo Garden.
“La administración (de las Comunidades Especiales) no ha podido reubicar a esas familias, que actualmente se encuentran (en casas) alquiladas porque el lugar no está listo”, informó el también geógrafo.
Según Quiñones, esta comunidad que estaba localizada en el Barrio Pueblo, era como un ghetto y tenía problema de aguas negras. Un ghetto es un barrio pobre en el que vive mucha gente hacinada.
En una noticia publicada el pasado 14 de septiembre en un periódico local, salió a relucir que el asesor del presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Rubén Méndez Benabe, informó que el Fideicomiso para las Comunidades Especiales, creado en la Ley número 271 del 2002, no tiene fondos.
Igualmente, trascendió que el total del préstamo otorgado por el BGF al Fideicomiso no fue transferido hasta dos años luego de haber sido aprobada dicha ley.
Entretanto, los proyectos propuestos para las comunidades Cinco Cuerdas y Fondo del Saco quedaron en el olvido, precisamente por no haber dinero para su desarrollo.
El director de Comunidades Especiales de la región de Humacao, José Medina, recalcó que tienen interés en ayudar a los residentes que precisan de las ayudas, pero “hay que ver para dónde se fueron los fondos”.
Para Carmen Morales, residente de la comunidad Cinco Cuerdas, no es nuevo el hecho de que las promesas del gobierno nunca llegan a concretarse.
“Desde que dijeron que esta comunidad sería parte de ese programa (Las Comunidades Especiales), lo menos que hemos recibido ha sido ayuda del gobierno”, reclamó Morales, quien vive sola con sus cuatro hijos y al igual que muchas familias espera un nuevo hogar.
En Puerto Rico hay un total de 742 comunidades especiales, de las cuales 56 fueron creadas entre los años 2006 y 2008.
Estas comunidades fueron instituidas bajo la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales en el año 2001. Para el progreso de obras de vivienda y estructuras comunitarias, fueron asignados $1,000 millones al Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales.
Al parecer, el dinero designado para atender las necesidades de la Comunidad Fondo del Saco tampoco llegó a su destino. Pues, para Luis Morales, quien vive solo, la lucha por conseguir un nuevo lugar para vivir se ha convertido en su rutina.
“Yo no tengo ayuda de nadie, por eso vivo solo. Esperé que al menos el gobierno me podría echar una mano, pero siempre es lo mismo”, manifestó Morales.
El caso de Morales ha sido uno de los muchos casos que han quedado en el aire. Según censos realizados por la United Nations Education, Science and Culture Organization (UNESCO), en Puerto Rico la pobreza cubre aproximadamente un 60 por ciento de la población.
De acuerdo con Carmen Ramírez, secretaria de la Oficina de Comunidades Especiales Región de Humacao, por más intentos que se realicen para atender las quejas y reclamos de los diversos residentes, la falta de dinero es el mayor obstáculo al momento de atender los casos.
“Todos saben que el destino de esos fondos está en entredicho, la cuestión es que no dicen en qué fueron invertidos”, recalcó Ramírez.
El Estudio sobre el Impacto del Proyecto de Comunidades Especiales (EIPCE), realizado entre el 2004 y 2005 por la UNESCO, reflejó el nivel de pobreza y discrepancia que existe en Puerto Rico.
“El dinero siempre ha sido de unos pocos, a los pobres nos miran por encima del hombro, y todo por dinero”, aseguró Morales, residente de Cinco Cuerdas.
“El dinero siempre ha sido de unos pocos, a los pobres nos miran por encima del hombro, y todo por dinero”, aseguró Morales, residente de Cinco Cuerdas.
El fracaso de la Ley de Comunidades Especiales ha sido evidenciado durante los pasados meses en las diferentes noticias que han circulado en los medios de comunicación.
Consecuentemente, la Legislatura solicitó el primer informe parcial de estas comunidades. Y actualmente continúa bajo pesquisa el rumbo que tuvieron los $1,000 millones.
Por su parte, Medina reconoció que de resolverse el problema que tienen actualmente, procurará que, tanto en las comunidades Cinco Cuerdas, Fondo del Saco y todas aquellas que han sido olvidadas en la región este, se realicen los trabajos pertinentes.
“De haber tenido los fondos, hubiéramos comenzado (los proyectos) hace tiempo”, sostuvo Medina.
Durante el año fiscal 2009-2010 fueron asignados $50 millones para proyectos de construcción y gastos administrativos.
Ciertamente, en un intento del gobierno para batallar contra la pobreza ha quedado estancado el crecimiento económico de las familias que residen en las comunidades especiales.
“Para nosotras (las madres solteras) es fuerte mantener el hogar y más cuando tienes cuatro hijos que esperan tanto de ti”, confesó Morales, quien dijo que ha intentado buscar una casa en otro lugar, pero el dinero no le alcanza.
Las deficiencias e irregularidades que se han desatado en el Proyecto de las Comunidades Especiales, revelan una vez más las condiciones de vida y económicas en las que viven los llamados “pobres”. El Gobierno continúa dejando a un lado las necesidades de estas familias, lo que incrementa los problemas sociales del País.
diciembre 2010
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