Melvin J. Hernández
Nieves
Estudiante de Periodismo
de la USC
EDITORIAL
Una potencial fuente de
energía
La conversión de desperdicios sólidos a energía es una
alternativa que el País, al borde de una crisis de grandes proporciones en
cuanto al manejo de basura, debe estar abierto a apoyar e impulsar.
En tiempos en que el País se ahoga en montañas de basura, es
inaceptable la inmediata respuesta de rechazo que ciertos sectores han
esgrimido en contra del uso de tecnologías para convertir desperdicios sólidos
en energía.
La tecnología disponible hoy día para la quema de basura ha
tenido grandes avances en la generación de energía y la reducción en la
contaminación de aire, suelo y agua, desde que se propuso la primera planta de
esta índole en la Isla hace 18 años.
Así que no vemos por qué hay que rechazar de plano una
tecnología que ha avanzando en procesos de control de calidad ambiental, lo que
ha llevado a su proliferación y uso efectivo en distintas partes del mundo.
Lo que procede con la propuesta de la Administración de
Desperdicios Sólidos (ADS) para instalar al norte de la Isla dos plantas que
conviertan basura en energía es analizarla concienzudamente y sin
apasionamiento como una alternativa viable para reducir el uso de relleno
sanitario.
El que le demos paso a esta alternativa no significa que el
País va a claudicar a su aspiración de lograr que se establezca una política
coherente y ejecutable que reduzca la monumental cantidad de basura que se
produce en la Isla, al tiempo que identificamos nuevas fuentes de energía
renovable.
De lo que estamos hablando es de encontrarle solución a
corto plazo a un gravísimo problema que nos va a reventar en la cara dentro de
menos de 10 años, cuando prácticamente todos los vertederos que quedan en
funciones llegarán al fin de su vida útil por no cumplir con los estándares
federales.
Cuando esto ocurra, ¿dónde vamos a meter las 10 mil
toneladas de basura que producimos diariamente?
Ciertamente hay que reforzar los programas de reciclaje que
son prácticamente inexistentes en la Isla y, por ello, solamente entre el 5 por
ciento y el 10 por ciento de nuestros desperdicios se vuelven a usar. Pero esto
no nos resuelve el problema en dos años, y seguir enterrando la basura no es
una alternativa.
Los opositores de las plantas de conversión de desperdicios
sólidos a energía ofrecen ejemplos extraordinarios de instalaciones de esta
naturaleza que han fracasado en otras jurisdicciones y de los daños a la salud
que podrían ocasionar. Sin embargo, no mencionan los numerosos ejemplos de
plantas que usan esta tecnología y operan exitosamente.
Es deber del Gobierno y las compañías a cargo de estos dos
proyectos, garantizarles a los ciudadanos y explicarles de una manera más
sencilla, cómo estará operando esta tecnología, de ocurrir un evento que
amenace la salud pública cómo lo resolverían, y prometerles una constante evaluación
de calidad del aire, del agua y de la tierra.
La solución se convirtió en parte
del problema
Hoy inicia la serie investigativa acerca de las irregularidades
en la disposición de desperdicios en la Isla. En el primer reportaje, presentaremos
la amenaza para la salud que representaría la construcción de plantas
incineradoras en la Isla si no se regula.
No es un secreto que en
la Isla el sistema de reciclaje es básicamente inexistente y aunque en
ocasiones los ciudadanos suelen separar la basura, lo cierto es que a la hora
del recorrido todos estos productos terminarán en un basurero.
A pesar de que la
Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) tiene varios programas para la
recolección de materiales reciclables, la poca supervisión que tienen los
empleados a cargo de estos recogidos perjudica el sistema que estableció la Agencia
de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para el manejo de los
residuos sólidos.
Bajo una orden ejecutiva
se estableció que los vertederos se estarán dejando de utilizar como método de
disposición y manejo principal de los sólidos en la Isla y se estableció un
proceso jerárquico para el manejo de estos residuos sólidos, comenzando con la
reducción, la reutilización, el reciclaje y el compostaje. Luego se procesaría
la basura por una planta de conversión (incineradoras) y se dispondría
finalmente en sistemas de relleno sanitarios.
La
conversión de desperdicios sólidos a energía es una alternativa que al País, que
está en el borde de una crisis de grandes proporciones en cuanto al manejo de
basura, le podría venir como anillo al dedo.
Sin embargo, la solución se estará
volviendo parte del problema. La
construcción de plantas incineradoras en la zona norte de Puerto Rico “no solo
es innecesario, sino que también constituye una pérdida millonaria de dinero y no representaría la mejor alternativa para el
precio que tendrían que pagar los constituyentes de estos municipios”, expuso Juan
Toledo, uno de los vecinos afectados del barrio Cambalache de Arecibo.
Según
Toledo, quien lleva viviendo en el barrio por más de 15 años, el gobierno tiene
que garantizarles a los vecinos que será responsable de la transparencia y la rigurosidad en la
evaluación de las tecnologías que estas compañías energéticas emplearán, en su capacidad
operacional y financiera, y en los récords de cumplimiento ambiental e
historial general.
No obstante, explicó que en las reuniones que ha participado, ni el
gobierno, ni las compañías a cargo de estos proyectos energéticos, Energy
Answer, en Arecibo y Sunbeam Synergy Puerto Rico, en Barceloneta, han podido
ofrecer información vital al pueblo, como el asunto de la generación de miles
de toneladas de cenizas, producto de la quema de esos desperdicios sólidos y el
alto consumo de agua para el proceso de enfriamiento de sus calderas.
Ninguna de las dos
compañías ha logrado responder a preguntas sobre la cantidad de electricidad
que utilizará la incineradora para procesar la basura y para producir los 10
megavatios de energía que proponen, si va a usar menos electricidad o si
necesitará más electricidad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Nuestra tarea para el
siglo 21 no debe ser buscar la mejor manera para destruir los desperdicios. Nuestra tarea debería ser lograr que se dejen
de producir empaques y materiales que necesiten ser destruidos”, manifestó Paul
Connett, profesor en química ambiental y toxicología de la Universidad St.
Lawrence en Nueva York.
“La meta de la sociedad moderna no debe ser desarrollar la mejor
tecnología para quemar o destruir la basura, sino desarrollar el compromiso
social y político para reducir la cantidad de basura que llega a los
vertederos”, indicó Connett.
Una
simple ecuación de matemática demuestra que si se queman unas 90 mil toneladas
mensuales de basura, la lógica es pensar que el 20 por ciento de todo lo quemado
se convierte en cenizas. Esto significaría que se van a generar no menos de
1,800 toneladas mensuales de cenizas contaminadas, de alto riesgo tóxico.
La
mezcla peligrosa de gases y cenizas que pueden derivarse del proyecto podría
traer serias consecuencias para la salud, entre las que se incluyen problemas
respiratorios como el asma y la exposición a elementos que causan cáncer,
explicó el médico internista Ángel González.
Según
los proponentes del proyecto, la recolección de basura se depositaría en tres
lugares distintos. El permiso para operar la planta en Arecibo está actualmente
ante la consideración de la EPA.
Durante
generaciones, la Villa del Capitán Correa ha tenido que luchar contra diversas
formas de contaminación ambiental que han intentado asfixiarla. Ésta es la
tercera vez en los pasados 20 años que lanzan una propuesta en este municipio
para someter la salud de los arecibeños a
las emisiones contaminantes indeseables de un incinerador.
“Energy
Answers ha intentado disfrazar el asunto llamándolo Planta de Generación de
Energía Renovable y Recuperación de Recursos, cuando en realidad es una fuente
de contaminación letal”, aseguró Rafael Bey Nazario, catedrático jubilado del
recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico y especialista en el área
de genética y biología molecular.
Bey
Nazario ha advertido de los daños que ocasionaría la emisión de partículas
tóxicas como cadmio, mercurio plomo y dioxinas en la combustión de un
incinerador.
Rafael
Toro, portavoz de Energy Answer, indicó que la tecnología disponible hoy día
para la quema de basura ha tenido grandes avances en la generación de energía y
la reducción en la contaminación de aire, suelo y agua, desde que se propuso la
primera planta de esta índole en la Isla hace 18 años.
Toro
expresó que “no vemos por qué hay que
rechazar de plano una tecnología que ha
avanzando en procesos de control de calidad ambiental, lo que ha llevado a su
proliferación y uso efectivo en Estados Unidos, Europa y Asia”.
En los Estados Unidos, hay 89 de
estas plantas que generan 2,800 megavatios de energía de la quema de basura,
suficiente para suplir electricidad a más de 2 millones de familias, según
datos del Departamento Federal de Energía.
En el reportaje de mañana, presentaremos la
amenaza ambiental de la Reserva del Caño Tiburones en Arecibo.
Buscarán sacarle hasta el
vivir al Caño Tiburones de Arecibo
Hoy continúa la serie investigativa en torno a las
irregularidades en la disposición de desperdicios. En este reportaje,
presentaremos la amenaza ambiental de la Reserva del Caño Tiburones en Arecibo.
A pesar de que la Reserva Natural del Caño Tiburones es un
lugar extraordinario, tanto por su tamaño como por sus características
geológicas, hidrológicas y ecológicas, la construcción de un incinerador
gigantesco en el municipio de Arecibo tendría el potencial de amenazar
dramáticamente los niveles de agua de este
recurso natural.
La empresa Energy Answer (EA), que
pretende construir y operar la incineradora, solicitó un permiso al Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (COE) y al Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA), para la extracción de
2.1 millones de galones diarios (MGD) de agua de esta Reserva Natural para ser
utilizadas en sus operaciones.
El conceder una extracción a una entidad cuyo
objetivo es quemar en lugar de conservar representa un grave riesgo para la
reserva natural y sería otro impacto ambiental a las aguas salobres de los
humedales estuarinos, cuya protección se
supone esté garantizada mediante la Ley de Humedales de Puerto Rico desde el
1998.
Esta propuesta establecería un precedente que convertiría a las reservas naturales en áreas para uso industrial sin análisis alguno sobre el impacto que tendrían actividades como ésta en la salud y conservación del ecosistema y los servicios que brindan a la sociedad, por lo que también constituiría una violación al vigente Plan Integral de Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos de Agua (PIRA).
Esta propuesta establecería un precedente que convertiría a las reservas naturales en áreas para uso industrial sin análisis alguno sobre el impacto que tendrían actividades como ésta en la salud y conservación del ecosistema y los servicios que brindan a la sociedad, por lo que también constituiría una violación al vigente Plan Integral de Uso, Conservación y Desarrollo de los Recursos de Agua (PIRA).
La construcción del Proyecto tendrá impactos a corto y largo
plazo sobre la flora y la fauna terrestre debido a la construcción de las
diferentes fases del Proyecto, los movimientos de terreno, el corte y la poda
de árboles, y los posibles impactos a las zonas sensitivas asociadas o aledañas
al predio propuesto.
Sin embargo, las medidas sugeridas y las mejores prácticas
de ingeniería podrán evitar o minimizar los impactos identificados y propiciar
la recuperación de estas especies en los predios del Proyecto, según Rafael
Toro, portavoz de EA.
La empresa sugiere que se contemplen y se establezcan las
medidas de manejo, protección y mitigación que puedan ser requeridas por las
agencias a fin de minimizar los impactos de este Proyecto.
También se deben implantar medidas de manejo para aquellos
elementos críticos y especies de fauna amenazadas o en peligro de extinción que
se encuentren en los predios o zonas aledañas al proyecto.
La
reserva natural más cercana es la Reserva Natural del Caño Tiburones, la cual
ubica aproximadamente a 1.5 kilómetros del límite este del área del Proyecto y
es propiedad de la Autoridad de Tierras, aunque es administrada por el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Esta reserva es el
humedal más extenso de Puerto Rico y cubre un área de 5,665 cuerdas y se
delimita al este por el Río Grande de Manatí y al oeste por el Río Grande de
Arecibo.
La tubería para la toma de agua salobre para el Proyecto
será localizada a lo largo de las carreteras PR-2, ramal PR-6681 y PR-681,
inmediatamente donde termina el asfalto, por lo que no se esperan impactos en
las áreas húmedas, ni a los árboles que se observan a lo largo de la ruta que
termina en la estación de bombas de El Vigía.
Javier Biaggi, portavoz del Frente Amplio en contra del
incinerador y residente de Arecibo, dijo que la compañía ha publicado varios
artículos en los medios de comunicación en los que intentan convencer al
público de que el DRNA bombea diariamente “decenas de millones de galones de
agua” de la reserva hacia el mar y que lo único que planean hacer es utilizar
2.1 millones de galones diarios (MGD) de esa agua para su incinerador. Biaggi
señaló que también han difundido la conclusión de que eso no afecta en nada a
la reserva.
Aseguró que, contrario a esa aseveración, el 2 de agosto de
2011 el oficial de manejo a cargo de la vigilancia y administración de la
Reserva Natural por los últimos 10 años y que recientemente se retiró informó
por escrito al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (COE)
que desde el año 2000, cuando el DRNA se hizo cargo de la operación de la
estación de bombas de la reserva, éstas se han activado solamente durante
eventos significativos de lluvia, y no a diario, con el único fin de evitar
inundaciones en comunidades cercanas.
"Esto ha permitido el crecimiento de ciénagas y
manglares, y la formación de lagunas llanas, ayudando a que la reserva se
restaure naturalmente. Su recuperación ha sido tan dramática que al menos 50
especies de aves, muchas de ellas acuáticas, han regresado, incluyendo especies
que se han establecido permanentemente y que anteriormente eran raras en todo
Puerto Rico", señaló Biaggi.
La
información sometida al Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense es de
conocimiento público pues desde el 2000 el DRNA opera las bombas de la reserva
y desde entonces el nivel de agua es mucho más alto que cuando las operaba la
Autoridad de Tierras (AT).
De acuerdo con Biaggi, la razón para
esto es que el propósito de la AT era secar el área para fines agrícolas y el
propósito de Recursos Naturales es evitar que se inunden algunas casas cuando
ocurren eventos grandes de lluvia. Opinó que con esta nueva función es
innecesario que se bombee continuamente por lo cual esto se hace de forma
esporádica o en caso de emergencia.
Por su parte,
el abogado Miguel Sarriera, quien representa a residentes de Arecibo, a la
Sociedad Ornitológica Puertorriqueña y a Ciudadanos del Karso, entre otras
organizaciones, dijo que las decenas de millones de galones de agua excedente
de las que habla la empresa Energy Answers eran las que la AT sacaba del Caño
Tiburones antes de que fuera la valiosa Reserva Natural que es hoy en día.
"Si hoy se sacara esa cantidad de
agua significaría la destrucción de gran parte de ese valioso recurso natural.
Tampoco hay tal cosa como una extracción diaria y continua, lo que EA intenta
hacer es el típico juego de solicitar permisos con cualquier información que
sirva para lograr su objetivo, que en este caso es extraer agua de la Reserva
Natural del Caño Tiburones sin análisis ni evaluación alguna", consideró
Sarriera.
Afirmó que a Energy Answers "no le
preocupa la reserva y que para ello solo hace falta ver cómo en los medios de
comunicación se refieren al agua como algo susceptible de ser un “excedente”
algo “descartado” o que “se desperdicia”, es decir, el mismo tratamiento que le
dan a la basura que pretenden quemar".
Mañana
presentaremos el último reportaje de esta serie investigativa, el cual tratará
acerca de la cultura de mantengo que ha adoptado el País.
Hacienda paga cuando
hay dinero
Hoy finaliza la serie investigativa sobre las
irregularidades en la disposición de desperdicios y en este último reportaje
enfatizaremos en las irregularidades a la hora de facturación de neumáticos en
la Isla.
Para el Gobierno, la facturación recibida de algunos
transportistas y exportadores muestra preocupantes incongruencias con el
volumen de neumáticos que entran a Puerto Rico.
Sin embargo, gran parte
de la industria de transporte y exportación está molesta con el Gobierno porque
sólo hace pagos parciales de lo facturado.
Ambas
dependencias muestran un tirijala en lo que respecta a que el sistema de
contabilización de los neumáticos que entran a la Isla no se está haciendo
correctamente ya que el Gobierno está fallando a la hora de registrar las gomas
cuando entran a la Isla.
Según el Comité Interagencial formado por el Departamento de
Hacienda, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Autoridad de Desperdicios
Sólidos (ADS), en Puerto Rico se desechan alrededor de 18,000 neumáticos
diarios, lo que aproximadamente sumaría a unos 4,700 millones anuales.
Sin embargo, para Samuel Morales, presidente de Christ &
John Transportation Co., una de las dos principales compañías transportistas y
exportadoras de neumáticos usados en la Isla, el número de neumáticos que
entran a la Isla es mayor.
“El gobierno pone una cantidad cuando en realidad es otra. Estos solamente están contando los neumáticos que están pagando el impuesto de reciclaje y no los que no lo pagan, que son los mismos del gobierno y los del ejército, a quienes nosotros también le damos el servicio”, indicó Morales, quien lleva esta lucha de cobro con Hacienda desde hace tres años.
“El gobierno pone una cantidad cuando en realidad es otra. Estos solamente están contando los neumáticos que están pagando el impuesto de reciclaje y no los que no lo pagan, que son los mismos del gobierno y los del ejército, a quienes nosotros también le damos el servicio”, indicó Morales, quien lleva esta lucha de cobro con Hacienda desde hace tres años.
Según Morales, en la Isla entran casi 4 millones de
neumáticos en vehículos nuevos y se completa con los pedidos que se hacen para
suplir los que se dañan.
La realidad del caso es que en la Isla entran sobre 7
millones de neumáticos y el Gobierno está fallando a la hora de contabilizar y
se hacen de la vista larga para no pagar, con la excusa de que los números,
para sus efectos, son incongruentes.
Por
ley, por cada goma importada, nueva o usada -instalada en vehículos o sueltas
para la venta-, el Gobierno cobra $1.65, que luego deposita en un fondo
especial para financiar su proceso de reciclaje.
De dicho impuesto, Hacienda le paga a las compañías de recogido y transporte 50 centavos, y a las exportadoras y trituradoras $1.00 por cada neumático usado. Mientras, Hacienda, la JCA y la ADS reciben, cada una, cinco centavos por neumático. Según Morales, Hacienda les adeuda a estas compañías unos $7 millones.
De dicho impuesto, Hacienda le paga a las compañías de recogido y transporte 50 centavos, y a las exportadoras y trituradoras $1.00 por cada neumático usado. Mientras, Hacienda, la JCA y la ADS reciben, cada una, cinco centavos por neumático. Según Morales, Hacienda les adeuda a estas compañías unos $7 millones.
“Gran
parte de la industria de transporte y exportación está molesta con el Gobierno
porque sólo hace pagos parciales de lo facturado”, aseguró.
Christ & John Transportation Co, junto a la empresa Transporte de Gomas Nathan - presidida por el hijo de la primera, Johnathan Morales - exportan más de 350,000 gomas usadas al mes.
Christ & John Transportation Co, junto a la empresa Transporte de Gomas Nathan - presidida por el hijo de la primera, Johnathan Morales - exportan más de 350,000 gomas usadas al mes.
Ambas
empresas, ubicadas en Aguada, dependen del reembolso del impuesto para exportar
las gomas a China y a Estados Unidos para ser recicladas.
“El conflicto más grande es que (el secretario de Hacienda, Juan Carlos) Puig acepta que hay una deuda de casi $7 millones con la industria, y aceptó también que en la pasada administración utilizaron $10 millones del fondo para otros propósitos, y nunca se repuso ese dinero”, manifestó Morales.
“El conflicto más grande es que (el secretario de Hacienda, Juan Carlos) Puig acepta que hay una deuda de casi $7 millones con la industria, y aceptó también que en la pasada administración utilizaron $10 millones del fondo para otros propósitos, y nunca se repuso ese dinero”, manifestó Morales.
“Sabemos
que estamos en el momento más malo, por las lluvias y el dengue, y las gomas no
se han dejado de recoger, pero la industria está a punto de hacerlo (el paro de
recogido)”, dijo Morales.
La
retención de agua en el interior de los neumáticos a la intemperie podría
causar una plaga de mosquitos y muchos podrían parar en vertederos
clandestinos, dijo.
Por otra parte, la Subsecretaria de Hacienda, Blanca Álvarez, confirmó que mediante aprobación de la Ley 271 del 5 de septiembre de 2003, el Gobierno transfirió del fondo de neumáticos $10 millones al fondo de emergencias ambientales.
Agregó que en 2005 el fondo de neumáticos empezó a quedarse corto de dinero para pagar las facturas de disposición de gomas usadas. En un intento por remediar la deficiencia, en noviembre de 2008 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aprobó una línea de crédito de $8 millones, que fue insuficiente.
Por otra parte, la Subsecretaria de Hacienda, Blanca Álvarez, confirmó que mediante aprobación de la Ley 271 del 5 de septiembre de 2003, el Gobierno transfirió del fondo de neumáticos $10 millones al fondo de emergencias ambientales.
Agregó que en 2005 el fondo de neumáticos empezó a quedarse corto de dinero para pagar las facturas de disposición de gomas usadas. En un intento por remediar la deficiencia, en noviembre de 2008 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aprobó una línea de crédito de $8 millones, que fue insuficiente.
“Lo
que ellos (los transportistas y exportadores) dicen es verdad, pero la misma
ley dispone que Hacienda no puede pagar más de lo que tiene en el fondo”, dijo
Álvarez.
Álvarez reveló que los recaudos del fondo en la última quincena sumaron $766,981 y el dinero será repartido entre transportistas y exportadores en la primera semana de agosto. Con eso se agota lo que hay en el fondo, quedando apenas $7,000 de balance en la cuenta, dijo.
“Estamos conscientes de la situación, y estamos tratando de reunirnos con el ejecutivo, de Hacienda y OGP, para coordinar de dónde sacar los fondos para pagar estas facturas”, dijo Álvarez.
Morales destacó que, en su caso particular, ya no tiene con qué pagar la nómina de $30,000 semanales y una línea de crédito de $1 millón que casi está al tope.
Álvarez reveló que los recaudos del fondo en la última quincena sumaron $766,981 y el dinero será repartido entre transportistas y exportadores en la primera semana de agosto. Con eso se agota lo que hay en el fondo, quedando apenas $7,000 de balance en la cuenta, dijo.
“Estamos conscientes de la situación, y estamos tratando de reunirnos con el ejecutivo, de Hacienda y OGP, para coordinar de dónde sacar los fondos para pagar estas facturas”, dijo Álvarez.
Morales destacó que, en su caso particular, ya no tiene con qué pagar la nómina de $30,000 semanales y una línea de crédito de $1 millón que casi está al tope.
“Ahora
mismo tengo 70 empleados y estoy a punto de suspender 35, si el banco no me
aprueba una línea de crédito para pagar la nómina. Y ya tengo otros $500,000 en
facturas por entregar a Hacienda”, agregó el empresario.
Por su parte, Carlos Ortiz, presidente de la exportadora de neumáticos usados Terralina Environmental Services, en Río Piedras, señaló que Hacienda le debe $1 millón en facturas sin cobrar desde 2007, y el último pago que recibió fue de $30,000.
“Nos pagan una cantidad mínima por un servicio ya prestado, documentado y verificado por Hacienda y la JCA”, sostuvo Ortiz. Agregó que Terralina estaba exportando más de 15 vagones de neumáticos usados semanales y lo ha reducido a cinco vagones, y de siete transportistas tiene sólo dos activos.
“La facturación y los ingresos se nos reducen, y estamos amarrados de conseguir financiamiento porque no podemos utilizar las cuentas por cobrar como garantía por la incertidumbre de la fecha de cobro”, explicó Ortiz.
Por su parte, Carlos Ortiz, presidente de la exportadora de neumáticos usados Terralina Environmental Services, en Río Piedras, señaló que Hacienda le debe $1 millón en facturas sin cobrar desde 2007, y el último pago que recibió fue de $30,000.
“Nos pagan una cantidad mínima por un servicio ya prestado, documentado y verificado por Hacienda y la JCA”, sostuvo Ortiz. Agregó que Terralina estaba exportando más de 15 vagones de neumáticos usados semanales y lo ha reducido a cinco vagones, y de siete transportistas tiene sólo dos activos.
“La facturación y los ingresos se nos reducen, y estamos amarrados de conseguir financiamiento porque no podemos utilizar las cuentas por cobrar como garantía por la incertidumbre de la fecha de cobro”, explicó Ortiz.
Mayo 2012
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