16 de enero de 2016

El sistema de educación acelerada en Puerto Rico: tan acelerado que atrasa

Nicole Ortiz Marrero
Estudiante de Periodismo
Escuela de Comunicación
Universidad del Sagrado Corazón


Urge la acción gubernamental en los centros ‘fast-track’
(Editorial)

            A diario surgen en el País nuevas instituciones que ofrecen servicios con el fin de culminar el duodécimo grado de escuela superior en un corto tiempo y pocos jóvenes reciben educación por el precio que están pagando.
Añádale la falta de una política pública eficiente, un sistema fiscalizador que cumpla con su labor, y obtiene la modalidad de educación acelerada en Puerto Rico.
Aunque sí existen centros efectivos de educación acelerada que cumplen con una función pedagógica, es el pensamiento de muchos puertorriqueños que en realidad estos no sirven para educar a la generación que en el futuro se hará cargo de la Isla.

El gobierno debe reconocer que lo que inicialmente comenzó como una alternativa para aquellos estudiantes que la corriente tradicional no podía retener, hoy en día parece ser un sistema lucrativo para para los establecimientos que ofrecen este servicio.
En el 2011, momento en que fue establecido el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), la agencia divulgó que en el periodo de un año habían aumentado la cantidad de escuelas aceleradas de 53 a 98, lo que implicaba un ascenso en la proliferación de estas instituciones en un 85 por ciento. 
Y es que a pesar de los cambios más estrictos en el Reglamento para el Licenciamiento de Instituciones de Educación Básica del CEPR, poca ha sido la acción para erradicar aquellas que no cumplan con el sistema.
Al año pasado existían 124 de estos centros educativos con licencias del CEPR, sin ningún tipo de intervención efectiva más allá del proceso inicial para otorgar el licenciamiento y aquel que se realiza para la renovación de estas licencias.
Sin discutir queda también de qué forma son evaluados sus currículos educativos y cómo cumplen con la necesidad de aprendizaje de sus alumnos.
Aspiramos entonces no a la erradicación de todos los programas de modalidad acelerada sino un proceso fiscalizador más efectivo y un verdadero compromiso con la educación de los jóvenes que se adscriben a estos para continuar con su proceso de vida.
Estas empresas, pero más aún el gobierno, debe comprender que la educación no es un privilegio ni debe pasar a un segundo plano a manos de los intereses económicos, sino que la educación es aquello que determina la dirección que tomará esta nación, que de por sí tanta ayuda necesita.


Sin herramientas los estudiantes de programas acelerados
Nota del editor: Hoy iniciamos una serie investigativa sobre las deficiencias de los programas de educación acelerada en el País. En este primer reportaje presentamos el déficit de estos programas para preparar a los estudiantes.           
            Por años marchó en la corriente de educación tradicional, sin embargo, por muchas razones nunca logró acoplarse. La decepción con este sistema, que no lo ayudaba a cumplir con sus metas, lo llevó a considerar la modalidad de educación acelerada como alternativa.
Este fue el caso de Heriberto Claudio Barreto, uno de los muchos jóvenes puertorriqueños que el sistema educativo público dirigió a elegir una forma de educación diferente pero no siempre más efectiva para obtener su diploma de cuarto año.
            La educación acelerada permite que estudiantes sin un diploma de escuela superior puedan culminar sus estudios de manera más rápida, en la mayoría de los casos en cuestión de meses. Sin embargo, esto no simboliza una forma efectiva de educación ya que muchos muestran regazos en las principales materias de estudio.
Así lo ejemplificó Claudio Barreto y admitió que muchas veces no entendía el material que estaba tomando.
“Era prácticamente todas las semanas, exámenes de todas las materias. Se pasaban muchas cosas por alto, por el tiempo que tenía para cubrir todo el material”, aceptó.
El joven también informó que su tiempo en esta escuela afectó su proceso de aprendizaje. “Originalmente, ya tenía estos problemas con las materias básicas, pero cuando participé en el programa los arrastré más”, añadió. 
            Recordó que cuando inició estudios universitarios tuvo que repetir varias materias básicas porque no tenía el conocimiento para poder completar las clases efectivamente.
Odette Rivera, educadora que trabajó en el Colegio Ángel David, ahora AD College, en Río Piedras, concordó con el joven y expuso que sus estudiantes presentaban problemas crasos en las materias de español, inglés y matemáticas.
            “Me preocupaba que los conocimientos que se deben tener para tomar exámenes como el College Board o el SAT, o inclusive entrar a la universidad, no lo iban a tener. No creo que fuera efectivo (el programa)”, explicó la maestra.
Para ella, muchos de sus alumnos no estaban listos para los retos que enfrentarían más adelante si decidían proseguir estudios universitarios.
Deliz Laureano Ortiz, también ex maestra de AD College, expresó que el ambiente de trabajo era sumamente fuerte, ya que no prevalecía la educación sino dos intereses principales: el económico por parte de la administración, y el de conseguir un diploma de manera fácil de los estudiantes.
Reveló que la mayoría de sus estudiantes no tenían el deseo verdadero de aprender, y los que sí querían se veían afectados por sus demás compañeros.
Tanto Laureano Ortiz como Rivera coincidieron en que la mayoría de sus estudiantes venían de unos perfiles bien parecidos y que, en su mayoría, eran situaciones familiares o falta de acomodo en las escuelas de las que venían, tanto privadas como públicas.
Asimismo lo confirmó el director de la institución, Alberto Román y abundó que en la corriente acelerada también toman estudiantes con excelente aprovechamiento académico, pese a que su mayor población es aquella con unos rezagos académicos.
Desmintió, por otra parte, que el interés del centro educativo fuera exclusivamente económico. “Nuestro compromiso siempre es la educación, claro, hay un componente económico y queremos hacer ganancias pero queremos que el estudiante aproveche las herramientas que se le ofrecen”, añadió. 
Negó que la corriente acelerada no funcionara para los estudiantes que desearan aprovechar el programa. Según indicó, su personal estaba allí en toda la disposición de cumplir con los estudiantes.
De acuerdo a un Informe de Deserción Escolar del Departamento de Educación (DE), durante el año escolar 2014 – 2015 la matrícula de estudiantes a nivel superior ascendía a cerca de 97 mil estudiantes y el nivel de deserción, en el mismo grupo, a casi 3 mil, cantidad que representa un 2.95 por ciento de abandono escolar en esa población.
            El Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), oficina que ofrece la certificación de las instituciones educativas del País, establece que esta es la cifra con la que pueden trabajar los proyectos de educación acelerada en el país.  
Para la agencia gubernamental, las entidades de educación acelerada incluyen todas aquellas que ofrecen cursos y grados por un periodo más corto que el que establece el DE, por lo que incorpora tanto aquellas que gradúan estudiantes en un mes, como las que tienen un programa similar al del DE.
El sociólogo educativo José Castrodad explicó que los currículos educativos de estas entidades cumplen con sus objetivos, ya que muchas veces van alineados a su ganancia económica.
“Mientras las (escuelas) alternativas buscan el mejoramiento del estudiante, la escuela privada lo que busca es el enriquecimiento institucional, lo que busca es hacer negocio con la educación y han encontrado que, a través de la aceleración de grados, pueden generar los ingresos que quieren”, planteó Castrodad.
Gustavo González, gerente del Proyecto Nacer en Bayamón, un programa de educación alternativa, especificó que ese es el mayor reto que tienen, establecer que existe una diferencia craza en los programas de educación acelerada versus aquellos de modalidad alternativa.
“Nuestro programa busca forjar un ser integral, tanto académicamente como personalmente, y también romper con el ciclo de desventaja de nuestros estudiantes”, dijo.
Por otra parte, Castrodad cuestionó la efectividad de los módulos como método educativo ya que le parece imposible evaluar el rendimiento del estudiante sin una supervisión directa de la institución.
Siguiendo su planteamiento, al momento, en Puerto Rico hay aproximadamente 96 instituciones con programas de educación acelerada certificadas por el CEPR.
Según el Reglamento para el Licenciamiento de Instituciones de Educación Básica de la entidad, para obtener una certificación las escuelas deben cumplir con nueve requisitos generales, entre ellos que cumplan con los ofrecimientos académicos de acuerdo a una metodología escogida, tener instalaciones físicas optimas y que el personal docente esté debidamente acreditado.
Esto, no obstante, no garantiza el aprendizaje de los estudiantes y el proceso es tan acelerado que muchas veces es prácticamente imposible seguir el paso de estas instituciones.

                Nota del editor: Busca mañana el segundo reportaje de esta serie investigativa. En este hablamos sobre en la inactividad gubernamental para eficazmente trabajar con estos programas.




De manos cruzadas con los ‘fast-track’

Nota del editor: Hoy continuamos con la serie investigativa sobre las deficiencias de los programas de educación acelerada en el País. Este reportaje está dirigido a la inactividad gubernamental para eficazmente trabajar con estos programas.

Aún años después de la proliferación de institutos que prometen terminar el cuarto año de escuela superior en meses, el Gobierno y el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) se mantienen en el ‘limbo’ y sin fiscalizar las estructuras con las que miles de estudiantes salen a las calles en búsqueda  de un futuro profesional.
Blanca Rivera Alicea, directora del Área de Licenciamiento y Acreditación (ALA) del CEPR aceptó que la agencia gubernamental no tiene las herramientas para fiscalizar si todas estas escuelas están cumpliendo como se debe con los parámetros determinados por ellos.
“Lamentablemente, en este momento, aparte de cuando se están haciendo las renovaciones o cuando vienen querellas, no tenemos un asunto de auditoría de verificación que estén haciendo (las escuelas aceleradas) lo que se estipula”, dijo la directora del ALA.
El CEPR establece en el Reglamento para el Licenciamiento de Institución de Educación Básica número 8562 unos requisitos mínimos para que estos centros educativos puedan obtener su licencia y operar con el aval de la agencia.
Estipula que deben cumplir con al menos 810 horas de contacto por el conjunto de séptimo a noveno grado, y la misma cantidad por el conjunto de décimo a duodécimo grado, de las cuales al menos 50 por ciento deben ser presenciales.
Además, revela que la modalidad acelerada debe “indicar que va dirigido a estudiantes que tienen 16 años o más de edad y que han estado fuera de la escuela al menos un semestre”.
Mientras tanto, en Puerto Rico hay instituciones que les permiten a los estudiantes llenar un módulo en su residencia, que luego verifican y convalidan con un diploma de cuarto año.
Alfredo Román, director del Colegio Ángel David, AD College en su modalidad acelerada, admitió que su institución utilizaba este método.
Según dijo, los estudiantes, luego de admitidos al programa acelerado, toman un módulo por grado que llenan en sus hogares. De surgir dudas en el camino, estos pueden visitar las instalaciones del colegio para que sean aclaradas. Los alumnos cuentan con un mes para completar con el módulo y aprobar los créditos para las materias que necesitan para obtener el grado.
De igual forma, Betzaida Aimeé Alemañy Vélez, presidenta de la institución High Alternative Education, en Santurce, aseguró no formar parte de este tipo de prácticas. Indicó que su programa, que se completa en un mes, es exclusivamente presencial sin importar la edad.
“Nosotros todo lo trabajamos presencial. El estudiante tiene que venir aquí, puedo tener un horario en la mañana, un horario en la tarde, uno en la noche, uno sabatino, pero él se tiene que presentar”, reiteró Alemañy Vélez.
No obstante, a una llamada telefónica, la secretaria del centro educativo respondió que todo aquel mayor de 18 años se le ofrecía la oportunidad de completar el grado a través de módulos en su hogar.
La estudiante Rosnil Correa Serrano, egresada de San Juan Educational School, aceptó que también participó en uno de estos programas donde se llevaban los módulos a su hogar.
 “Una cosa es cómo lo evaluamos y después cómo lo manejan, porque en el área de ofrecimientos académicos, la institución tiene que cumplir con todo regular: metas del programa, esquema curricular… Con todo lo que implica un programa académico, en este caso de nivel secundario”, explicó la directora del ALA.
Rivera Alicea explicó que esto viola completamente la Licencia de Educación Básica que solicitaron y fue expedida pero que de la única forma que pueden cerciorarse de que están fallando es a través de una querella hecha directamente al CEPR.
“A menos que indiquen que su programa es a distancia, es presencial. El asunto de ‘toma, llévate el modulo y me lo traes después’, no cumple con lo que está establecido en el Reglamento”, insistió.
En efecto, el director ejecutivo interino del CEPR David Báez Dávila sustentó que son los encargados de verificar que todo se cumpla en el ámbito educativo.
Según dicta el Plan de Reorganización del CEPR de 2010 esta entidad gubernamental tiene el deber de asegurarse que todas las instituciones licenciadas por el Consejo “cumplan con las disposiciones de este Plan y la reglamentación adoptada a su amparo”.
Añade que la agencia “velará por que las instituciones de educación básica cumplan con los requisitos mínimos de calidad para el licenciamiento incluidos en este plan, leyes y reglamentos adoptados al amparo del mismo”. 
Báez Dávila mantuvo que ninguna agencia gubernamental tiene la capacidad para estar visitando las escuelas aceleradas y verificar que estén cumpliendo con los reglamentos. 
“Ni el Consejo ni ninguna agencia de gobierno tiene capacidad para estar por ahí chequeando”, dijo Báez Dávila.
En Puerto Rico, al año pasado existían 124 entidades educativas aceleradas de las cuales al menos 96 tenían licencias vigentes.
Por otra parte, reveló que no era viable que otra entidad trabajara con este aspecto fiscalizador inicialmente porque se encuentra entre las responsabilidades de la agencia y luego, porque la situación fiscal del País no da abasto para más estructuras.
El Plan de Reorganización también estipula que las instituciones de educación básica privadas no están obligadas a certificarse sino que pueden operar con una Licencia del consejo.
Báez Dávila sugirió que una forma para mejorar la reputación de estas entidades y la fiscalización es a través la certificación. “Obligarlas a pasar por el proceso de acreditación, que se les requiera acreditarse por una agencia fuera del Consejo”, puntualizó.
Resta ahora preguntar si entre tanto desacierto y sistema burocratizado, queda espacio para cumplir con las leyes que el Estado establece y medir que la educación que recibe nuestro País sea de calidad.

Nota del editor: Busque mañana el último reportaje de esta serie investigativa. Este se enfoca en la falta de una política pública respecto a los proyectos de educación acelerada.


Sin postura el gobierno ante la Educación Acelerada
Nota del editor: Finalizamos hoy la serie investigativa sobre las deficiencias de los programas de educación acelerada en el País. Este reportaje final se enfoca en la falta de una política pública respecto a los proyectos de educación acelerada.
            A pesar del constante debate público por la eficiencia y el cuestionamiento sobre la transparencia de los centros de educación acelerada, la Isla aún carece de una política pública a la que estas instituciones se puedan adherir.
A pesar de varios proyectos y resoluciones que indican los problemas de  programas acelerados ninguno de los cuerpos legislativos ha realizado más que eso.
En el caso del Senado, la Resolución número 357 de 2013, permite la creación de un informe sobre la educación acelerada en el País según informes del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), el Departamento de Educación (DE) y la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico.
La senadora Mari Tere González López afirmó que sí había pasado mucho tiempo desde que se radicó la resolución para la creación de alguna política pública, y adjudicó el hecho a la poca acción del CEPR.
“Ha pasado mucho tiempo, esto tiene que ver con pobre andamiaje en el Consejo para poder supervisar o fiscalizar esto. Tiene que ver también con voluntad porque muchos de estos lugares están cobrando y están los intereses económicos rondando por ahí”, apuntó la senadora.
Betzaida Aimeé Alemañy Vélez, presidenta de la institución High Alternative Education, divulgó que a pesar de que no estaba en contra de la creación de una política pública entendía que la Legislatura debía tener otras prioridades como asegurarse que funcionara lo que ya tienen.
“Puedo estar de acuerdo que haya una política pública pero, ¿sabes cuál es el problema? El propio gobierno no sabe dónde está parado. No importa las políticas que se pongan, no hay quien las supervise”, reafirmó.
Declaraciones con la que coincidió Alfredo Román, director del Colegio Ángel David, AD College en su modalidad acelerada.
Entre las conclusiones del informe de la resolución número 357 se encuentran la creación e implementación de una política pública rigurosa donde se exija la acreditación de estos centros educativos, la creación de más información estadística para verificar el grado de eficacia de las instituciones y exhorta a continuar la investigación en torno al grado de éxito de los estudiantes egresados.
No obstante la modalidad tradicional cuenta con la Ley número 149 conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Educación”, y la educación alternativa cuenta con la ley 213 que lleva el nombre de la “Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa”.
Estas dos leyes no sólo rigen el funcionamiento efectivo de ambas modalidades sino que establecen una posición definitiva del Estado al respecto.
            La senadora González López señaló que las herramientas están para crear la política, a través del informe y las investigaciones que ha realizado
“Tenemos la materia prima para combatir el problema, lo hemos tenido que señalar y sacar a la luz, pero no debemos dejarlo en ese mero señalamiento”, enfatizó.
A insistencia sobre por qué entonces no se habían realizado más proyectos enfocados hacia la política pública, la Senadora respondió: “Los parámetros constitucionales nuestros son legislar. Yo no implemento la política pública”.
            Por otra parte, el sociólogo educativo José Castrodad refutó que el Estado tiene las herramientas, a través del Consejo, para realizar una política pública sobre estas instituciones y reforzarla.
            “Esa es la agencia que tiene que estar rigurosamente supervisando y evaluando esto (las instituciones de educación acelerada)”, dijo.
            Odette Rivera, ex educadora de AD College, recomendó que en esta política pública se evalúe la medición de la educación en estos centros, pero más importante aún, auditen estos centros educativos.
A su vez,  el director interino del CEPR, David Báez Dávila, reforzó nuevamente que se debe aspirar a la acreditación obligatoria de estos centros educativos para que haya una regulación más efectiva tanto del Consejo como de entidades externas.
Según planteó, en vez de una política pública, la certificación debe ser la prioridad de la Legislatura.
Mientras la atención se enfoca en la adjudicación de culpas, los servicios y los estudiantes se siguen afectando por la inacción de la Legislatura y del CEPR.

Diciembre 2015

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