Nicole
Ortiz Marrero
Estudiante
de Periodismo
Escuela de
Comunicación
Universidad
del Sagrado Corazón
Urge la acción
gubernamental en los centros ‘fast-track’
(Editorial)
A diario surgen en el
País nuevas instituciones que ofrecen servicios con el fin de culminar el
duodécimo grado de escuela superior en un corto tiempo y pocos jóvenes reciben
educación por el precio que están pagando.
Añádale la falta de una política pública eficiente,
un sistema fiscalizador que cumpla con su labor, y obtiene la modalidad de
educación acelerada en Puerto Rico.
Aunque sí existen centros efectivos de educación
acelerada que cumplen con una función pedagógica, es el pensamiento de muchos
puertorriqueños que en realidad estos no sirven para educar a la generación que
en el futuro se hará cargo de la Isla.
El gobierno debe reconocer que lo que inicialmente
comenzó como una alternativa para aquellos estudiantes que la corriente
tradicional no podía retener, hoy en día parece ser un sistema lucrativo para
para los establecimientos que ofrecen este servicio.
En el 2011, momento en que fue establecido el
Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), la agencia divulgó que en el
periodo de un año habían aumentado la cantidad de escuelas aceleradas de 53 a
98, lo que implicaba un ascenso en la proliferación de estas instituciones en
un 85 por ciento.
Y es que a pesar de los cambios más estrictos en el
Reglamento para el Licenciamiento de
Instituciones de Educación Básica del CEPR, poca ha sido la acción para
erradicar aquellas que no cumplan con el sistema.
Al año pasado existían 124 de estos centros
educativos con licencias del CEPR, sin ningún tipo de intervención efectiva más
allá del proceso inicial para otorgar el licenciamiento y aquel que se realiza
para la renovación de estas licencias.
Sin discutir queda también de qué forma son
evaluados sus currículos educativos y cómo cumplen con la necesidad de
aprendizaje de sus alumnos.
Aspiramos entonces no a la erradicación de todos
los programas de modalidad acelerada sino un proceso fiscalizador más efectivo
y un verdadero compromiso con la educación de los jóvenes que se adscriben a
estos para continuar con su proceso de vida.
Estas empresas, pero más aún el gobierno, debe
comprender que la educación no es un privilegio ni debe pasar a un segundo
plano a manos de los intereses económicos, sino que la educación es aquello que
determina la dirección que tomará esta nación, que de por sí tanta ayuda
necesita.
Sin herramientas los
estudiantes de programas acelerados
Nota del editor: Hoy iniciamos una serie investigativa sobre las
deficiencias de los programas de educación acelerada en el País. En este primer
reportaje presentamos el déficit de estos programas para preparar a los
estudiantes.
Por años marchó en la corriente de educación tradicional,
sin embargo, por muchas razones nunca logró acoplarse. La decepción con este
sistema, que no lo ayudaba a cumplir con sus metas, lo llevó a considerar la
modalidad de educación acelerada como alternativa.
Este fue el caso de Heriberto Claudio Barreto, uno
de los muchos jóvenes puertorriqueños que el sistema educativo público dirigió
a elegir una forma de educación diferente pero no siempre más efectiva para
obtener su diploma de cuarto año.
La educación acelerada
permite que estudiantes sin un diploma de escuela superior puedan culminar sus
estudios de manera más rápida, en la mayoría de los casos en cuestión de meses.
Sin embargo, esto no simboliza una forma efectiva de educación ya que muchos
muestran regazos en las principales materias de estudio.
Así lo ejemplificó Claudio Barreto y admitió que
muchas veces no entendía el material que estaba tomando.
“Era prácticamente todas las semanas, exámenes de
todas las materias. Se pasaban muchas cosas por alto, por el tiempo que tenía
para cubrir todo el material”, aceptó.
El joven también informó que su tiempo en esta
escuela afectó su proceso de aprendizaje. “Originalmente, ya tenía estos
problemas con las materias básicas, pero cuando participé en el programa los
arrastré más”, añadió.
Recordó que cuando
inició estudios universitarios tuvo que repetir varias materias básicas porque
no tenía el conocimiento para poder completar las clases efectivamente.
Odette Rivera, educadora que trabajó en el Colegio
Ángel David, ahora AD College, en Río Piedras, concordó con el joven y expuso
que sus estudiantes presentaban problemas crasos en las materias de español,
inglés y matemáticas.
“Me preocupaba que los
conocimientos que se deben tener para tomar exámenes como el College Board o el
SAT, o inclusive entrar a la universidad, no lo iban a tener. No creo que fuera
efectivo (el programa)”, explicó la maestra.
Para ella, muchos de sus alumnos no estaban listos
para los retos que enfrentarían más adelante si decidían proseguir estudios
universitarios.
Deliz Laureano Ortiz, también ex maestra de AD College,
expresó que el ambiente de trabajo era sumamente fuerte, ya que no prevalecía
la educación sino dos intereses principales: el económico por parte de la
administración, y el de conseguir un diploma de manera fácil de los estudiantes.
Reveló
que la mayoría de sus estudiantes no tenían el deseo verdadero de aprender, y
los que sí querían se veían afectados por sus demás compañeros.
Tanto Laureano Ortiz como Rivera coincidieron en
que la mayoría de sus estudiantes venían de unos perfiles bien parecidos y que,
en su mayoría, eran situaciones familiares o falta de acomodo en las escuelas
de las que venían, tanto privadas como públicas.
Asimismo lo confirmó el director de la institución,
Alberto Román y abundó que en la corriente acelerada también toman estudiantes
con excelente aprovechamiento académico, pese a que su mayor población es
aquella con unos rezagos académicos.
Desmintió, por otra parte, que el interés del
centro educativo fuera exclusivamente económico. “Nuestro compromiso siempre es
la educación, claro, hay un componente económico y queremos hacer ganancias
pero queremos que el estudiante aproveche las herramientas que se le ofrecen”,
añadió.
Negó que la corriente acelerada no funcionara para
los estudiantes que desearan aprovechar el programa. Según indicó, su personal
estaba allí en toda la disposición de cumplir con los estudiantes.
De acuerdo a un Informe
de Deserción Escolar del Departamento de Educación (DE), durante el año
escolar 2014 – 2015 la matrícula de estudiantes a nivel superior ascendía a
cerca de 97 mil estudiantes y el nivel de deserción, en el mismo grupo, a casi
3 mil, cantidad que representa un 2.95 por ciento de abandono escolar en esa
población.
El Consejo de Educación
de Puerto Rico (CEPR), oficina que ofrece la certificación de las instituciones
educativas del País, establece que esta es la cifra con la que pueden trabajar
los proyectos de educación acelerada en el país.
Para la agencia gubernamental, las entidades de
educación acelerada incluyen todas aquellas que ofrecen cursos y grados por un
periodo más corto que el que establece el DE, por lo que incorpora tanto
aquellas que gradúan estudiantes en un mes, como las que tienen un programa
similar al del DE.
El
sociólogo educativo José Castrodad explicó que los currículos educativos de
estas entidades cumplen con sus objetivos, ya que muchas veces van alineados a
su ganancia económica.
“Mientras las (escuelas) alternativas buscan el
mejoramiento del estudiante, la escuela privada lo que busca es el
enriquecimiento institucional, lo que busca es hacer negocio con la educación y
han encontrado que, a través de la aceleración de grados, pueden generar los
ingresos que quieren”, planteó Castrodad.
Gustavo González, gerente del Proyecto Nacer en Bayamón, un programa de educación alternativa,
especificó que ese es el mayor reto que tienen, establecer que existe una
diferencia craza en los programas de educación acelerada versus aquellos de
modalidad alternativa.
“Nuestro programa busca forjar un ser integral,
tanto académicamente como personalmente, y también romper con el ciclo de
desventaja de nuestros estudiantes”, dijo.
Por otra parte, Castrodad cuestionó la efectividad
de los módulos como método educativo ya que le parece imposible evaluar el
rendimiento del estudiante sin una supervisión directa de la institución.
Siguiendo su planteamiento, al momento, en Puerto
Rico hay aproximadamente 96 instituciones con programas de educación acelerada
certificadas por el CEPR.
Según el Reglamento
para el Licenciamiento de Instituciones de Educación Básica de la entidad,
para obtener una certificación las escuelas deben cumplir con nueve requisitos
generales, entre ellos que cumplan con los ofrecimientos académicos de acuerdo
a una metodología escogida, tener instalaciones físicas optimas y que el
personal docente esté debidamente acreditado.
Esto, no obstante, no garantiza el aprendizaje de
los estudiantes y el proceso es tan acelerado que muchas veces es prácticamente
imposible seguir el paso de estas instituciones.
Nota del editor: Busca mañana el segundo reportaje de
esta serie investigativa. En este hablamos sobre en la inactividad gubernamental para eficazmente trabajar con estos programas.
De manos cruzadas con los
‘fast-track’
Nota del editor: Hoy
continuamos con la serie investigativa sobre las deficiencias de los programas
de educación acelerada en el País. Este reportaje está dirigido a la inactividad gubernamental para eficazmente trabajar con estos programas.
Aún años después de la proliferación de institutos
que prometen terminar el cuarto año de escuela superior en meses, el Gobierno y
el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) se mantienen en el ‘limbo’ y sin
fiscalizar las estructuras con las que miles de estudiantes salen a las calles
en búsqueda de un futuro profesional.
Blanca Rivera Alicea, directora del Área de
Licenciamiento y Acreditación (ALA) del CEPR aceptó que la agencia
gubernamental no tiene las herramientas para fiscalizar si todas estas escuelas
están cumpliendo como se debe con los parámetros determinados por ellos.
“Lamentablemente, en este momento, aparte de cuando
se están haciendo las renovaciones o cuando vienen querellas, no tenemos un
asunto de auditoría de verificación que estén haciendo (las escuelas
aceleradas) lo que se estipula”, dijo la directora del ALA.
El CEPR establece en el Reglamento para el Licenciamiento de Institución de Educación Básica
número 8562 unos requisitos mínimos
para que estos centros educativos puedan obtener su licencia y operar con el
aval de la agencia.
Estipula que deben cumplir con al menos 810 horas
de contacto por el conjunto de séptimo a noveno grado, y la misma cantidad por
el conjunto de décimo a duodécimo grado, de las cuales al menos 50 por ciento
deben ser presenciales.
Además, revela que la modalidad acelerada debe
“indicar que va dirigido a estudiantes que tienen 16 años o más de edad y que
han estado fuera de la escuela al menos un semestre”.
Mientras tanto, en Puerto Rico hay instituciones
que les permiten a los estudiantes llenar un módulo en su residencia, que luego
verifican y convalidan con un diploma de cuarto año.
Alfredo Román, director del Colegio Ángel David, AD College en su modalidad acelerada, admitió
que su institución utilizaba este método.
Según dijo, los estudiantes, luego de admitidos al
programa acelerado, toman un módulo por grado que llenan en sus hogares. De
surgir dudas en el camino, estos pueden visitar las instalaciones del colegio
para que sean aclaradas. Los alumnos cuentan con un mes para completar con el
módulo y aprobar los créditos para las materias que necesitan para obtener el
grado.
De igual forma, Betzaida Aimeé Alemañy Vélez,
presidenta de la institución High
Alternative Education, en Santurce, aseguró no formar parte de este tipo de
prácticas. Indicó que su programa, que se completa en un mes, es exclusivamente
presencial sin importar la edad.
“Nosotros todo lo trabajamos presencial. El
estudiante tiene que venir aquí, puedo tener un horario en la mañana, un
horario en la tarde, uno en la noche, uno sabatino, pero él se tiene que
presentar”, reiteró Alemañy Vélez.
No obstante, a una llamada telefónica, la
secretaria del centro educativo respondió que todo aquel mayor de 18 años se le
ofrecía la oportunidad de completar el grado a través de módulos en su hogar.
La estudiante Rosnil Correa Serrano, egresada de San Juan Educational School, aceptó que
también participó en uno de estos programas donde se llevaban los módulos a su
hogar.
“Una cosa es
cómo lo evaluamos y después cómo lo manejan, porque en el área de ofrecimientos
académicos, la institución tiene que cumplir con todo regular: metas del
programa, esquema curricular… Con todo lo que implica un programa académico, en
este caso de nivel secundario”, explicó la directora del ALA.
Rivera Alicea explicó que esto viola completamente
la Licencia de Educación Básica que solicitaron y fue expedida pero que de la
única forma que pueden cerciorarse de que están fallando es a través de una
querella hecha directamente al CEPR.
“A menos que indiquen que su programa es a
distancia, es presencial. El asunto de ‘toma, llévate el modulo y me lo traes
después’, no cumple con lo que está establecido en el Reglamento”, insistió.
En efecto, el director ejecutivo interino del CEPR
David Báez Dávila sustentó que son los encargados de verificar que todo se
cumpla en el ámbito educativo.
Según dicta el Plan
de Reorganización del CEPR de 2010 esta entidad gubernamental tiene el
deber de asegurarse que todas las instituciones licenciadas por el Consejo
“cumplan con las disposiciones de este Plan y la reglamentación adoptada a su
amparo”.
Añade que la agencia “velará por que las instituciones
de educación básica cumplan con los requisitos mínimos de calidad para el
licenciamiento incluidos en este plan, leyes y reglamentos adoptados al amparo
del mismo”.
Báez Dávila mantuvo que ninguna agencia
gubernamental tiene la capacidad para estar visitando las escuelas aceleradas y
verificar que estén cumpliendo con los reglamentos.
“Ni el Consejo ni ninguna agencia de gobierno tiene
capacidad para estar por ahí chequeando”, dijo Báez Dávila.
En Puerto Rico, al año pasado existían 124
entidades educativas aceleradas de las cuales al menos 96 tenían licencias
vigentes.
Por otra parte, reveló que no era viable que otra
entidad trabajara con este aspecto fiscalizador inicialmente porque se
encuentra entre las responsabilidades de la agencia y luego, porque la
situación fiscal del País no da abasto para más estructuras.
El Plan de
Reorganización también estipula que las instituciones de educación básica
privadas no están obligadas a certificarse sino que pueden operar con una
Licencia del consejo.
Báez Dávila sugirió que una forma para mejorar la
reputación de estas entidades y la fiscalización es a través la certificación.
“Obligarlas a pasar por el proceso de acreditación, que se les requiera
acreditarse por una agencia fuera del Consejo”, puntualizó.
Resta ahora preguntar si entre tanto desacierto y
sistema burocratizado, queda espacio para cumplir con las leyes que el Estado
establece y medir que la educación que recibe nuestro País sea de calidad.
Nota del editor: Busque
mañana el último reportaje de esta serie investigativa. Este se enfoca en la
falta de una política pública respecto a los proyectos de educación acelerada.
Sin postura el gobierno
ante la Educación Acelerada
Nota del editor: Finalizamos hoy la serie investigativa sobre las
deficiencias de los programas de educación acelerada en el País. Este reportaje
final se enfoca en la falta de una política pública respecto a los proyectos de
educación acelerada.
A pesar del constante debate público por la eficiencia y
el cuestionamiento sobre la transparencia de los centros de educación
acelerada, la Isla aún carece de una política pública a la que estas
instituciones se puedan adherir.
A pesar de varios proyectos y resoluciones que
indican los problemas de programas
acelerados ninguno de los cuerpos legislativos ha realizado más que eso.
En el caso del Senado, la Resolución número 357 de
2013, permite la creación de un informe sobre la educación acelerada en el País
según informes del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), el Departamento
de Educación (DE) y la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico.
La senadora Mari Tere González López afirmó que sí
había pasado mucho tiempo desde que se radicó la resolución para la creación de
alguna política pública, y adjudicó el hecho a la poca acción del CEPR.
“Ha pasado mucho tiempo, esto tiene que ver con
pobre andamiaje en el Consejo para poder supervisar o fiscalizar esto. Tiene
que ver también con voluntad porque muchos de estos lugares están cobrando y
están los intereses económicos rondando por ahí”, apuntó la senadora.
Betzaida Aimeé Alemañy Vélez, presidenta de la
institución High Alternative Education,
divulgó que a pesar de que no estaba en contra de la creación de una política
pública entendía que la Legislatura debía tener otras prioridades como
asegurarse que funcionara lo que ya tienen.
“Puedo estar de acuerdo que haya una política
pública pero, ¿sabes cuál es el problema? El propio gobierno no sabe dónde está
parado. No importa las políticas que se pongan, no hay quien las supervise”,
reafirmó.
Declaraciones con la que coincidió Alfredo Román,
director del Colegio Ángel David, AD College en su modalidad acelerada.
Entre las conclusiones del informe de la resolución
número 357 se encuentran la creación e implementación de una política pública
rigurosa donde se exija la acreditación de estos centros educativos, la
creación de más información estadística para verificar el grado de eficacia de
las instituciones y exhorta a continuar la investigación en torno al grado de
éxito de los estudiantes egresados.
No obstante la modalidad tradicional cuenta con la
Ley número 149 conocida como la “Ley
Orgánica del Departamento de Educación”, y la educación alternativa cuenta
con la ley 213 que lleva el nombre de la “Ley
Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa”.
Estas dos leyes no sólo rigen el funcionamiento
efectivo de ambas modalidades sino que establecen una posición definitiva del
Estado al respecto.
La senadora González
López señaló que las herramientas están para crear la política, a través del
informe y las investigaciones que ha realizado
“Tenemos la materia prima para combatir el
problema, lo hemos tenido que señalar y sacar a la luz, pero no debemos dejarlo
en ese mero señalamiento”, enfatizó.
A insistencia sobre por qué entonces no se habían
realizado más proyectos enfocados hacia la política pública, la Senadora
respondió: “Los parámetros constitucionales nuestros son legislar. Yo no
implemento la política pública”.
Por otra parte, el
sociólogo educativo José Castrodad refutó que el Estado tiene las herramientas,
a través del Consejo, para realizar una política pública sobre estas
instituciones y reforzarla.
“Esa es la agencia que
tiene que estar rigurosamente supervisando y evaluando esto (las instituciones
de educación acelerada)”, dijo.
Odette
Rivera, ex educadora de AD College,
recomendó que en esta política pública se evalúe la medición de la educación en
estos centros, pero más importante aún, auditen estos centros educativos.
A su vez, el director interino del CEPR, David Báez
Dávila, reforzó nuevamente que se debe aspirar a la acreditación obligatoria de
estos centros educativos para que haya una regulación más efectiva tanto del
Consejo como de entidades externas.
Según planteó, en vez de una política pública, la
certificación debe ser la prioridad de la Legislatura.
Mientras la atención se enfoca en la adjudicación
de culpas, los servicios y los estudiantes se siguen afectando por la inacción
de la Legislatura y del CEPR.
Diciembre 2015
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