Ayeza Nashaly Díaz Rolón
Estudiante de Periodismo
Universidad del Sagrado Corazón
Editorial
Procesos migratorios: a la vista en la indiferencia
El
desconocimiento sobre leyes migratorias es un pecado que todos los
puertorriqueños deberían confesar. Comenzando por las agencias gubernamentales,
seguido por las autoridades y por los ciudadanos que discriminan sin pena
alguna.
La
situación de los indocumentados en la Isla es de racismo, discrimen, pobreza y
amenazas, las cuales suceden por
desconocimiento en historia de Puerto Rico, leyes migratorias y procesos
anti discrimen. Así que antes de
atreverse a usar palabras ofensivas como
“mojao” y “espatriao”, es necesario que le demos un vistazo a la identidad puertorriqueña.
Recientemente, la comunidad dominicana en Puerto Rico ha
denunciado hostigamiento policiaco de manera “violenta”, pero peor aún es
pensar que la Policía se vale de torpes amenazas de deportación como si esa
autoridad les perteneciera. Sin embargo,
la Policía Estatal no puede deportar a nadie, es asunto de los federales.
Otro asunto
pendiente para las entidades gubernamentales y los poderes hegemónicos con nombres de
“empresarios” dueños de la economía en
la Isla es identificar a quiénes realmente les corresponde velar por los
derechos humanos y civiles de los indocumentados.
¿En quiénes
repercute el asunto migratorio en Puerto Rico? ¿Al Gobierno Federal o al
nuestro?
Los
inmigrantes conocen muy bien sus derechos y se valen de astucia para
defenderlos, mientras que los puertorriqueños se valen de prejuicios y racismos
como resultado de un gran vacío educativo. Actualmente, el mayor flujo de
extranjeros viviendo en el País está constituido por dominicanos, aunque
también hay personas provenientes de
Haití, Cuba, México, Argentina, Nicaragua, Honduras, Chile, Venezuela, Colombia
y España.
A
principios del siglo 20 la República Dominicana fue puerto de llegada para la
inmigración obrera puertorriqueña tras la terrible situación económica del
País. Permanecieron trabajando sin papeles y con miedo a ser deportados.
Con este
limitado vistazo a la historia de Puerto Rico les invitamos a conocer sobre los
inmigrantes, pues al igual que ellos nuestros obreros fueron sometidos al racismo
y el discrimen en las corrientes migratorias a Estados Unidos durante la
década del 60. ¿Quién quita que a larga los inmigrantes contribuyan a mejorar nuestra
terrible situación económica?
Es tiempo
de aceptar a quienes son diferentes por nacionalidades, pero que a la
larga son seres humanos. El Gobierno
debe tomar una posición en el asunto migratorio pues mientras aún debatimos el
asunto de responsabilidad ciudadana, en suelo boricua se violan los derechos
humanos de los inmigrantes.
Se venden sueños laborales
Nota del editor: Hoy daremos inicio a una serie
investigativa que abarca la situación de explotación laboral que viven los
indocumentados en Puerto Rico. En este reportaje expondremos la contratación ilegal de
indocumentados.
Miles de
indocumentados se someten a condiciones inhumanas para llegar a la Isla y
mantener a sus familias mediante aperturas laborales, pero ¿realmente
encuentran las oportunidades o solo llegan para ser oprimidos por quienes les
dan trabajo?
Los inmigrantes
se encuentran en una situación crítica de subyugación por el sistema económico, el
Gobierno y los patronos que se aprovechan de su estado para intimidarlos con aires de supremacía.
La
residente dominicana Juliana Almonte trabaja junto a su madre en una cafetería
ubicada en la calle Loíza en Santurce. Almonte aseguró que en una ocasión reclamó a su ex jefa por
mala paga y de manera prejuiciosa esta persona le preguntó si ella era
indocumentada.
“El
indocumentado también debe tener derecho
a reclamar”, relató de manera atónita. Su trabajo en aquel hogar consistía en
dar cuidados a una anciana enferma.
La
quisqueyana señaló que la persona que cuidaba vivía en condiciones de maltrato
por su propia familia y en condiciones antihigiénicas debidas a la falta de
atención. “Yo llevaba almuerzo para mí y tenía que darle porque no le daban
comida”, dijo. Almonte aseguró
desvivirse por cuidar a la enferma, pero le pagaron un salario que a su parecer
fue injusto.
La
contratación ilegal de personas indocumentadas es viable económicamente para
los patronos pues las leyes no son aplicables y tampoco rigen las condiciones
de trabajo de estas personas.
La Ley 180 del Salario Mínimo, Vacaciones y
Licencia por Enfermedad en Puerto Rico
busca, “disponer que el salario mínimo federal aplicará en Puerto Rico
de la misma forma y con los mismos criterios que en los Estados Unidos de
América”. De ninguna forma esta normativa habla sobre su aplicación a inmigrantes o personas extranjeras.
Lo mismo sucede con la Ley 379 de Jornada Laboral que, “trata de una medida
de efectiva protección de la salud, la seguridad y la vida del trabajador”.
También ocurre con la Ley 100 Contra el
Discrimen en el Empleo que prohíbe a los
patronos discriminar contra un empleado en
cualquier condición de trabajo, “por razón de edad, raza, color, sexo, origen
nacional o social, condición social, ideas políticas o creencias religiosas,
matrimonio”.
Por
su parte, la Ley Orgánica del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) dice que dicha entidad debe, “ser la agencia de la
Rama Ejecutiva encargada de implantar, desarrollar y coordinar la política
pública y los programas dirigidos a la formación y capacitación de los recursos
humanos indispensables para cubrir las necesidades del sector de trabajo”.
Aunque se encuentra establecido que tienen el deber
de desarrollar políticas públicas, al momento no existe algo encaminado para
regular las condiciones laborales de quienes se contratan ilegalmente.
Empleados
trajeados, ambiente movido y la carencia de una oficina especializada que
atienda la situación laboral de los inmigrantes es la realidad del DTRH.
Tras
la indiferencia de la agencia gubernamental hacia los inmigrantes se esconde
una creciente población de extranjeros establecidos en Puerto Rico. La Encuesta
sobre la Comunidad de Puerto Rico realizada desde el 2012 por el United States Census Bureu reveló que
actualmente en la Isla hay alrededor de 58 mil a 63 mil personas que no son
ciudadanos americanos.
Sin
embargo, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico carece de estadísticas
oficiales sobre la población de indocumentados que viven en el País. El gerente
de proyectos estadísticos demográficos,
Alberto L. Velázquez Estrada, confirmó su inexistencia.
Según Velázquez
Estrada, el corte presupuestario del 2012 para el Instituto de Estadísticas
limitó los estudios que pueden realizar. Este estudio
también reveló que la mayoría de estas personas provienen de Latinoamérica.
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| Consulado dominicano en San Juan |
El Consulado General de la República Dominicana en San Juan representa un pedazo
de “territorio dominicano” y se encarga
de velar por los derechos de los ciudadanos dominicanos que viven en la Isla.
El cónsul General, Franklin Grullón aseguró, “hemos
hecho un llamado a todos los dominicanos que pasen por la situación a que
vengan al consulado porque independientemente de su estatus migratorio tienen
unos derechos y nosotros conjuntamente con ellos enviamos un vicecónsul al
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para garantizarles que se les
cumpla y se les pague”.
Por su
parte, el supervisor interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos en Puerto Rico (USCIS, por sus siglas en inglés), Ignacio Ramos
se limitó a decir, “USCIS no tiene ninguna campaña contra el discrimen de
inmigrantes, pero sí leyes que protegen
a los inmigrantes de ser víctimas de trata humana”.
El portal
web del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos indica que
todo patrón puertorriqueño que emplee personas extranjeras debe completar una
planilla de trabajo donde se reporte que empleará personas indocumentadas
mediante visas para trabajos profesionales.
La planilla
debe incluir el propósito, la función que viene a hacer la persona y el salario,
entre otros. Posteriormente, ésta debe
ser sometida ante el Departamento del Trabajo de Estados Unidos para que sea
aprobada.
El
presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José Rodríguez señaló que la mayoría de los indocumentados contratados ilegalmente son explotados por patrones adinerados y
ocurre frecuentemente con las mujeres que realizan trabajo doméstico.
“En Guaynabo tuvimos un caso de una señora dominicana que fue violada
por el empleador y él sabía su estado migratorio. Después que la violo él decía
que si lo denunciaba la iba a deportar”, abundó Rodríguez.
Igualmente, señaló que una de las más reciente modalidades entre los
patronos abusivos contra el género femenino es que, “para poder despedirlas y
no darles nada se les ocurre decir que se les perdió una prenda en su casa”.
En cuanto a
los hombres, que mayormente se dedican al trabajo e la construcción, Rodríguez
denunció, “hay empresarios contratistas en el área de construcción que
contratan a un grupo de personas sin documentos y luego que les deben una
cantidad de $5 mil a $10 mil le llaman a la Policía para no pagarles. ¿Qué pasa?,
al llamar la Policía se van huyendo porque no quieren enfrentar la justicia”.
La
contratación de personas para trabajar
en una empresa o dando un servicio requiere que los empleados paguen seguro
social, se beneficien de un plan médico y del desempleo. A diferencia de un
trabajador ciudadano estadounidense, los inmigrantes obtienen el dinero de
manera cruda y aportan a la economía, pero de manera subterránea.
“Somos un
negocio redondo para el Gobierno estatal y federal. Porque si tú tienes un
conglomerado de personas trabajando sin pagarles seguro social, ni seguro médico, ni desempleo ese
dinero les queda a ellos crudo y limpio.
Les conviene a cualquier estado la inmigración porque el inmigrante hace labores
que nadie quiere hacer”, precisó Rodríguez.
Tras la
incógnita por parte de las agencias gubernamentales, los gritos de clamor,
auxilio y apoyo de los inmigrantes ante los atropellos laborales suelen ser
atendidos únicamente por líderes comunitarios, activistas, organizaciones
privadas o consulados con poder suficiente para ser escuchados.
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| Centro para la Mujer Dominicana |
Un ejemplo
de este tipo de organización es el Centro para la Mujer Dominicana ubicado en Río
Piedras, que ofrece ayuda a mujeres
inmigrantes que son víctimas de violencia doméstica y agresiones sexuales. La presidenta
de esta organización, Romelinda Grullón confirmó, “sabemos que hay situaciones
donde a la mayoría de las mujeres se les paga menos del salario mínimo
establecido, donde hay situaciones que se han dado con patrones que después no
les quieren pagar y las amenazan”.
“Para nadie
es un secreto que muchas de esas mujeres están siendo explotadas por su patrón,
pero nuestro enfoque es la agresión sexual y la violencia doméstica”,
añadió.
La
explotación laboral de indocumentados es un problema social que continúa
afectando a millones de familias en Puerto Rico y otros países. Personas
provenientes de República Dominicana, Haití, México y hasta de Cuba se
convierten en seres invisibles una vez pisan suelo boricua, pues ni tan
siquiera se tiene una idea estadística de cuántos hay actualmente en la Isla.
El miedo es su mayor desventaja pero siguen
luchando por permanecer pues más que su bienestar buscan opciones para mejorar
las condiciones de vida de sus familias por encima de la propia. La pregunta
es, ¿hasta cuándo seguirán aguantando su realidad sin denunciar?
Nota del editor: Pendientes mañana al segundo reportaje de esta serie
investigativa. Entérese de cómo funcionan las gestoras que transmitan los
documentos de los inmigrantes en Puerto Rico.
Orientación legal mal encaminada
Nota del editor: A continuación el segundo
reportaje de la serie investigativa sobre la explotación laboral de
indocumentados. En esta ocasión conocerán las faltas en los procesos operativos de las diversas gestoras
de servicio a inmigrantes en Puerto Rico.
Solicitudes
de ciudadanía, permisos de trabajo, peticiones familiares, peticiones para
prometidos y ayudas con la traducción de documentos son algunos de los
servicios que más buscan los inmigrantes.
Las
respuestas a estos trámites pueden llegar a tardar meses o años, pero la espera
desespera cuando el proceso se paraliza con compañías gestoras dedicadas a la
extorsión y al fraude.
El
argentino Manuel Fernández llegó indocumentado a Puerto Rico en el 1999 con la
promesa de trabajar como pastelero en un restaurante de la zona metropolitana
en el que terminó de mesero. Según Fernández, al momento de la contratación no
hubo un documento escrito que estableciera sus condiciones laborales.
El dueño
del restaurante se convirtió en el peticionario de Fernández para someter un
Permiso de Trabajo en el Departamento Federal del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)
y le consiguió un abogado para el manejo de sus documentos.
“El caso mío no sé por qué pero siempre hubo
problemas con ese abogado que se demoraba, yo tenía que estar encima de él todo
el tiempo averiguando qué pasaba. Él
siempre echaba la culpa al Departamento de Inmigración que es lento.
Tanto el abogado como el mismo dueño del restaurante me decían ‘quédate callado,
no digas nada porque vas a tener problemas y te pueden deportar’. Uno por miedo
se queda callado y no averigua mucho”, relató.
Actualmente,
la situación migratoria de Fernández, que ha estado en proceso desde 2000, aún
no se ha resuelto. El argentino aseguró que posteriormente los documentos que
supuestamente su abogado había sometido al Departamento de Inmigración de
Estados Unidos fueron extraviados y hasta decomisados.
Las
compañías de gestoría en Puerto Rico carecen de regulaciones por las
autoridades. Es decir cualquier persona con experiencia adquirida en el manejo
de documentos y procesos migratorios puede abrir su propia compañía de gestoría cobrando una
cantidad ilimitada adicional a lo requerido por la Oficina de Servicio de
Ciudadanía e Inmigración de Estados
Unidos.
No obstante,
la situación de los abogados de inmigración puede ser diferente pues ésta sí se
encuentra regida por el Código de Ética que Regirá la Conducta de los Miembros
de la Profesión Legal en Puerto Rico del Colegio de Abogados de Puerto Rico
(CAPR). Según exige la ética de la
abogacía, “el fin principal de su función como juristas es el servicio a la
sociedad, servicio que tiene que estar dirigido principalmente a lograr la
existencia real de un orden jurídico íntegro y eficaz y que tiene que estar
orientado esencialmente por los principios de vida democrática y de respeto a
la inviolable dignidad del ser humano que rigen la convivencia social en el
país”.
Mediante
este código queda establecido el comportamiento de los abogados y su función de
apelar a la importancia de la dignidad humana razón por la que recae sobre la
ética de los abogados al momento de prestar sus servicios a un inmigrante.
El abogado
José Silva Cuétara, quien lleva 37 años
atendiendo casos de inmigración en Puerto Rico, señaló que el problema está en
que estas compañías independientes son operadas por “notarios” que se presentan
como supuestos abogados.
“Son
personas que por lo general han trabajado en la oficina de un abogado o
personas que llevan este tipo de servicios legalmente. Teniendo este
acercamiento se venden a la comunidad inmigrante como especialistas en
procedimientos de inmigración, lo cual es falso”, afirmó.
Otro
experto en leyes migratorias es el abogado puertorriqueño Salvador Tió. En relación
a los frecuentes esquemas de fraude que afectan a los indocumentados, Tió dijo,
“yo creo que hay mucho raqueteo ahí, mucho dinero que le cobran demás a esta
gente. Servicios legales no puede representar indocumentados porque la ley lo
prohíbe”.
Por su
parte, el director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e
Inmigración de Estados Unidos en San Juan (USCIS, por sus siglas en inglés),
Ignacio Ramos indicó que en caso de ellos sospechar algún tipo de fraude con
las gestorías, lo refieren para que el Servicio de Inmigración y Control de
Aduana de Estados Unidos (ICE)
investigue a fondo.
Ramos
aseguró que, “una persona indocumentada puede acudir directamente a
USCIS sin necesidad de acudir a un gestor independiente u abogado. Si la
persona no tiene ningún tipo de record criminal, aparte de estar indocumentado,
no corre riesgo de ser deportado o acusado por estar indocumentado”.
Para el supervisor
interino de la oficina en la Isla, si los inmigrantes llenan los documentos
directamente con el USCIS puede significar un gran beneficio económico pues se
evitarían pagar la costosa representación de una gestora u abogado. Ramos
destacó que las personas extranjeras conocen sobre leyes migratorias. “Los
puertorriqueños, al ser ciudadanos americanos, ignoran o desconocen este tipo
de proceso”, destacó.
El año pasado, el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José
Rodríguez, el cónsul dominicano, Franklin Grullón y el secretario de Estado,
David Bernier denunciaron un fraude contra inmigrantes por la compañía de
gestoría Welcome USA. La dueña del local,
Lilliam Álvarez de Toledo presuntamente fue acusada por más de 60 casos
de fraude
Otro caso
ocurrido en Puerto Rico fue el de la neoyorquina Alicia Domenech Van Rhin en el
2010. La abogada Julia A. Cruz Santana, quien forma parte de la Comisión sobre
los Derechos de los Inmigrantes del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) estuvo involucrada de cerca con el caso de Domenech Van Rhin.
Cruz
Santana explicó que la fémina que se hospedó en diferentes hoteles de Puerto
Rico para reunirse con personas indocumentados, “se pintaba como una abogada
que viajaba de aquí a República Dominicana por lo que no tenía oficina en
ningún lado”.
Alegadamente,
Domenech reunía a indocumentados para hacerlos ciudadanos legales cobrándoles
dinero de manera excesiva sin radicar ninguno de los documentos
Durante
visitas realizadas en dos gestoras de servicios al inmigrante se puede percibir
lo atareados y los muchos documentos que cada persona debe llevar para evaluar
su situación. La directora de la Oficina
de Orientación al Emigrante en Santurce, Gladys Torres, proyecta su calor
humano para recibir a los inmigrantes que se apuntan en largas listas de espera
para ser atendidos.
Torres trabajó
anteriormente en el Consulado Dominicano de San Juan, lugar donde se educó
sobre temas migratorios. Torres detalló
que en su oficina muchos indocumentados “han visto realizado el sueño de
arreglar con todas las de la ley sus papeles de inmigración y de otras agencias
federales y estatales a precios justos y razonables, al alcance de sus
clientes”.
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| Mariana Binet Mieses |
El ambiente
es similar en la Oficina de Servicios a Extranjeros Residentes en Puerto Rico
del Departamento de Estado, quienes desde su apertura en abril del año pasado
han tenido 3,012 clientes. La ayudante especial de esta entidad gubernamental, Mariana Binet
Mieses afirmó que han tenido que darles seguimiento a casos que han sido dejados a la mitad por
gestorías privadas. Asimismo, invitó a la población migratoria a que no pierdan
su dinero, eviten problemas y aprovechen los servicios gratuitos que ofrecen.
A
diferencia de la Oficina de Orientación al Emigrante, que atiende de 20 a 25
clientes diarios, en la agencia gubernamental Binet Mieses solo alcanza atender
de 10 a 15 personas, es decir menos de la mitad.
Los
indocumentados establecidos en Puerto Rico son timados sin escatimar
nacionalidad, género o raza. El miedo y la injusticia se pueden ver en los ojos
esperanzados de los inmigrantes. Mientras hay quienes ofrecen un buen servicio
de orientación, hay otros que son más listos que nadie.
Nota del editor: No te pierdas mañana el
reportaje final de la serie investigativa que abarca el fenómeno de la
explotación laboral de indocumentados en la Isla. Estaremos tratando la
necesidad de una educación patronal con perspectiva anti discrimen.
¡Aquí está el etnocentrismo que hace orilla!
Nota del editor: Éste es
el tercer reportaje de una serie investigativa sobre la explotación laboral de
indocumentados en el País. Hoy se discutirá la urgente necesidad de iniciativas
educativas con bases antidiscriminatorias y en derechos civiles para
patronos.
“Se creen
mejores por sus profesiones, por tener facciones de sus opresores”, dice un fragmento de la canción Loíza del
cantante Tego Calderón.
Estas
palabras describen perfectamente las prácticas culturales etnocentristas con
las que los extranjeros se pueden topar en la calle, áreas de trabajo y lugares
públicos de Puerto Rico. Esta situación ocurre de manera tan seguida que ya la
dejan por desapercibida y tampoco surgen
encomiendas educativas con perspectiva antidiscrimen para evitar que suceda.
Discrimen,
racismo, xenofobia y burlas representan el pan de cada día de muchos empleados
inmigrantes legales o ilegales. La
tendencia a prejuzgar contra los dominicanos
es una práctica muy común pues una persona con características quisqueyanas
enseguida es catalogada como “yolero”, “mojado” o “expatriado”. Como si no
fuera lo suficientemente ofensivo, hay quienes apelan al maltrato verbal para
exigirles mayor fuerza laboral a los inmigrantes.
El
discrimen representa una violación a la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico. “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres
son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen
o condición social, ni ideas políticas o religiosas”, dispone el documento que
establece los derechos naturales de los puertorriqueños.
La Unidad Antidiscrimen
(UAD) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) sirve de intermediario
entre las partes del conflicto por discrimen, investiga y emite querellas por
la Ley 100 contra el discrimen en el empleo.
Según
explica el portal web de la UAD, “El discrimen perpetúa la escasez de
oportunidades económicas que deben formar la base para la prosperidad social.
El dolor de las víctimas de opresión y persecución mina la salud mental de
muchos obreros(as) e intensifica el potencial de conflicto social”.
Igualmente
ofrecen, “charlas talleres,
conferencias, foros y seminarios para educar, concienciar, y sensibilizar,
dirigidos a prevenir y combatir la discriminación ilegal en los centros de
trabajo”.
A pesar de existir la UAD, el DTRH no garantiza la
capacitación antidiscriminatoria entre empleadores boricuas que tienen un total
desconocimiento sobre el manejo del multiculturalismo en sus empresas de manera
que los tratos sean igualitarios entre los empleados de diversidad
nacional.
El investigador de querellas de la UAD, Juan Carlos
Otero, detalló que la UAD defiende varias causas por motivos de discrimen,
entre estos el discrimen por nacionalidad.
Otero asegura que la UAD tiene un acuerdo
colaborativo con la agencia Equal Employment Opportunity que pertenece al Departamento
del Trabajo de Estados Unidos. “Como
base de ese acuerdo colaborativo y la Ley 100 contra el discrimen en el empleo
es que aquí se administra la ley contra el discrimen en el área laboral”.
En cuanto a la población de inmigrantes, el investigador
de la UAD aseguró que, “las personas indocumentadas tienen la misma protección
contra el discrimen sin importar su estado migratorio”.
Además abundó sobre las diversas maneras en las que
patronos pueden cometer discrimen contra indocumentados. “Supongamos un ejemplo
hipotético que cierta compañía se aprovecha de contratar a esta persona que se
encuentra en el país sin documentos y se aprovecha de esa condición para darle
peores condiciones en el empleo en términos de beneficios y pagas. Cuando se
compara ese empleado con sus empleados puertorriqueños es que ocurre el tratamiento
de discrimen”, señaló.
En caso de que un indocumentado acuda a la UAD se
le atendería como a cualquier otro trabajador pues para someter una querella la
oficina no indaga sobre la condición legal de los querellantes. Sin embargo, la oficina no
ofrece talleres, orientaciones especializadas para inmigrantes a menos que el
patrono las pida.
Por su parte, el supervisor interino de la Oficina
del Ciudadano y Servicios de Inmigración de Estados Unidos en San Juan (USCIS,
por sus siglas en inglés), Ignacio Ramos confirmó que la entidad federal no
cuenta con una campaña contra el discrimen de inmigrantes, pero sí leyes que
protegen a los inmigrantes expuestos a la trata humana.
Ante la urgente necesidad de una perspectiva anti discrimen, el
presidente de la Comisión de los Derechos Civiles (CDC), Ever Ruiz Padilla dijo, “me parece que deberíamos desarrollar
más campañas de sensibilización, primero para ser sensibles con las necesidades particulares
que podrían tener los inmigrantes”, aseguró.
Actualmente
la CDC no trabaja ninguna campaña de sensibilización contra la explotación
laboral debido a que gran cantidad de las querellas recibidas son enfocadas en
temas como el discrimen contra los confinados, los derechos civiles de la
comunidad Lésbica, Gays, Bisexual, Transgénero y Transexual (LGBTT) y para los
estudiantes de educación especial de las escuelas públicas del país.
 |
| Negocio para envío de remesas |
El argentino Manuel Fernández (nombre
ficticio), vivió la situación discriminatoria de cerca durante 14 años. Fernández emigró junto a su esposa a la Isla
en 1999 tras la situación económica en Argentina y desde entonces trabajó en un
restaurante en la zona turística de San Juan del que fue despedido hace unos
meses.
“Le dijo a mi esposa que se cag,,, en los
argentinos”, denunció Fernández refiriéndose a quien fue su jefe desde que
llegó a suelo puertorriqueño. El
inmigrante aseguró que en el negocio de comida todos sus compañeros provenían
de la República Dominicana.
Fernández
dijo, “lo he oído que habla mal de los dominicanos, dominicanos de mier… y
cosas así les decía. No se los decía en la cara”, añadió.
Por otro
lado, el cónsul dominicano Franklin Grullón sostuvo que ahora el Departamento
de Estado está estableciendo buenas relaciones diplomáticas y se encuentran
entregándole la Convención de Viene sobre Relaciones Consulares a la Policía
para evitar el discrimen y las diversas situaciones que ocurren con los
dominicanos en las calles debido al desconocimiento de leyes migratorias que
abunda entre los puertorriqueños.
Carmen Mora
es una residente dominicana que vivió en
carne propia el discrimen durante su travesía en la guagua de la Autoridad
Metropolitana de Autobuses (AMA). Una gama de insultos se dieron en pleno
camino entre ella y varios pasajeros. Mora dijo, “Esta ‘despatriá, esta mojá’ me dijo una muchacha que era del residencial Luis Llorens
Torres. Le dije ‘para que tú discrimines apréndete la historia de Puerto Rico
primero’”.
Otro grupo
afectado por el discrimen es el de las mujeres inmigrantes que acuden al Centro
para la Mujer Dominicana. La presidenta, Romelinda Grullón comentó, “todo el
mundo sabe que hay un problema de racismo, xenofobia, prejuicio contra la
comunidad de inmigrantes, especialmente la comunidad dominicana”.
A nivel
mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prohíbe la explotación
laboral y el discrimen por nacionalidad en la Carta Universal de los Derechos
Humanos. “Nadie estará sometido a esclavitud
ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en
todas sus formas”, establece dicha carta.
La coordinadora del Instituto de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (INIPRODEH) de la Universidad del Sagrado
Corazón (USC), Lina Torres denunció que la mayor parte de los puertorriqueños
no conoce la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Carta
Universal de los Derechos Humanos. La profesora reconoció que ambos documentos
deben enseñarse formalmente desde grados primarios.
Torres sugirió fomentar el relativismo cultural como
medida para que las personas aprendan a valorizar la diversidad cultural.
“Tenemos que aprender que hay gente que viene de otras culturas y porque
proceden de otras culturas y tienen otras creencias, no necesariamente implica
que sean mejor que uno”, puntualizó.
El discrimen laboral en Puerto Rico contra los
indocumentados es un secreto a viva voz que todos conocen y que se ha estado
transmitiendo de generación en generación. Expertos piensan que el peso del
problema recae en la falta de educación con perspectiva anti discrimen y
diversidad cultural para puertorriqueños de todas las edades.
Mayo 2014
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