Al borde de una última cosecha

Alison K. Rodríguez Feliciano

Estudiante de Periodismo

Escuela de Comunicación Ferré Rangel

Universidad del Sagrado Corazón

Mientras tanto resolvemos con importados

(Editorial)

Cualquier persona que entre a un supermercado en Puerto Rico y camine hacia la góndola de frutas y vegetales será testigo de la escasa producción local. Estamos acostumbrados a comer manzanas, peras y fresas, productos que ni siquiera pueden cultivarse bajo nuestro clima tropical, y también a comprar pimientos, lechugas y tomates que en su mayoría son importados de Estados Unidos. Ignoramos todos los procesos que pasan esos frutos para llegar a nuestra mesa, sin saber las consecuencias adversas que pueden tener en nuestra salud. 

A excepción de los productos orgánicos, las frutas y hortalizas importadas son cultivadas con pesticidas, herbicidas y fungicidas. Así llegan a la Isla, luego de haber pasado por diversidad de alteraciones que fingen la alta calidad y frescura que nosotros exigimos como consumidores.

  

            La situación se agrava al conocer que en Puerto Rico se produce menos del 1 por ciento de las calorías que necesita el puertorriqueño en su dieta diaria, según la secretaria del Departamento de Agricultura (DA) Myrna Comas. La pregunta obligada debe ser, por qué se produce tan poco.

Detrás de la falta de accesibilidad a comidas más saludables, se oculta una industria local de frutales y otra de hortalizas poco incentivadas. Solo los agricultores cónsonos con la visión del DA, agencia que ha adoptado los modelos de industrialización y monocultivos como los únicos  viables, logran vender su cosecha por una ganancia razonable.

No obstante, la mayor parte de los agricultores de frutas y hortalizas son pequeños y diversificados. No pueden cultivar  20 cuerdas de naranjas para suplir la demanda de un supermercado, ni mucho menos competir con el precio de las que se importan de China. Así que recurren a la venta de su limitada producción en las plazas del mercado o en puestos de la calle, donde tienen que lanzarse a competir con alimentos más baratos que se importan principalmente de República Dominicana.

 La secretaria del DA puso en marcha, durante este cuatrienio, un plan de seguridad alimentaria que alentaba un supuesto crecimiento en la producción de todos los sectores, particularmente en el renglón de frutales y hortalizas.  Sin embargo, no ha sido suficiente. Los agricultores continúan sintiéndose parte de ‘‘una industria rezagada’’. El llamado a la acción es para los directivos del DA quienes tienen la responsabilidad de priorizar cosechas que son vitales para la dieta del puertorriqueño y que cuentan con mayor capacidad de producción por terreno. Mientras sigan utilizando los fondos para producir cultivos modificados con ingredientes nocivos para el ser humano o para productos que no tienen valor nutricional persistirá indefinidamente la situación de inseguridad alimentaria y de pobre salud en nuestra población.

Agricultura en la Isla: ¿hacia dónde se inclina la balanza?

Nota del editor: Primer reportaje de la serie investigativa sobre los elementos adversos en la producción de la industria de frutas y hortalizas en Puerto Rico. En esta ocasión trataremos el tema sobre la desigualdad entre los agricultores locales y las empresas multinacionales de biotecnología agrícola.

            Los agricultores locales se enfrentan a una feroz competencia día tras día porque, ocultas bajo sus lemas de ‘‘desarrollo agrícola eficiente’’, las compañías multinacionales de biotecnología tienen a su disposición los terrenos más fértiles de la Isla y otros privilegios que les otorga el Gobierno para propósitos de ‘‘experimentación’’ y no para la producción de comida.

            Empresas como Monsanto Caribe LLC, Pionner Hi-Bred y Syngenta Seeds,  dedicadas a la producción de organismos genéticamente modificados (OGM), arriendan a la Autoridad de Tierras (AT) miles de acres en los municipios de Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas, áreas que por su condición geográfica y sistemas de riego son ideales para el cultivo de frutales y hortalizas.

            Aunque la Constitución de Puerto Rico  indica que el límite de arrendamiento por corporación no debe exceder los 500 acres muchas productoras de semillas transgénicas violan ese estatuto.

Sin embargo, el Departamento de Agricultura (DA) ha decidido hacer caso omiso al permitirles un monopolio a empresas como Monsanto, compañía que se ha encargado de crear estratégicamente sub-corporaciones para distribuir los miles de acres que tiene arrendados.

            A través del jueguito de sus sub-corporaciones han conseguido beneficiarse de los incentivos agrícolas que incluyen un reembolso de $2.72 dólares por hora de trabajo a cada empleado de campo, lo que se conoce como subsidio salarial, y del uso ilimitado del agua.

            Según el secretario auxiliar de innovación y desarrollo agrícola, Manuel Crespo, los agricultores locales van por encima de las compañías biotecnológicas. ‘‘Si en algún momento se nos acaban los fondos para el subsidio salarial, tú puedes estar segura que se le quitará el dinero a quien no le haga falta’’, sostuvo.

Terrenos descuidados limitan la producción

‘‘La AT cuenta con muchas fincas no alquiladas que están disponibles para trabajar, pero son fincas abandonadas que están a punto de convertirse o ya son bosques. A diferencia de los terrenos que tiene Monsanto considerados de primer orden”, sostuvo Ian Pagán, agrónomo y agricultor.

El Departamento de Agricultura Federal acoge el término de primer orden o ‘‘prime farmland’’ para describir las tierras que por sus excelentes combinaciones físicas y químicas son idóneas para producir alimentos, semillas y alimento para ganado.

Lo que afecta a muchos horticultores es la inversión inicial que deben realizar para mejorar la infraestructura en espacios que le pertenecen a la AT. En el caso de Pagán, la inversión inicial ascendió a más de $30,000. Según dijo, eso lo ha llevado a confrontar problemas a la hora de pagar su canon mensual de $300.

‘‘Yo adquirí esos terrenos para el año 2014 y por dos años corridos hubo sequía extrema. Eso representó un reto adicional para mí ya que tuve que invertir $20,000 en un sistema de riego’’, narró el también creador del proyecto agroecológico Josco Bravo.

De acuerdo a expresiones de Pagán, es injusto que se le cobre arrendamiento cuando recae sobre él hacer mejoras permanentes en terrenos que son del Gobierno. ‘‘Al menos deberían eximirme por cinco años del pago de arrendamiento’’, dijo.

Mientras tanto, el escenario no es igual para las multinacionales que no tienen que realizar aportaciones monetarias de mejoras permanentes y su pago mensual, según Pagán, es similar a la cantidad que paga el pequeño agricultor.

            Crespo argumentó que los terrenos que hoy tiene Monsanto siempre estuvieron disponibles y ‘‘nadie les hizo caso’’. Ahora, la AT le arrienda a una de las compañías más ricas del planeta, por cinco años, los mejores terrenos de la Isla con oportunidad de continuar renovando el contrato indefinidamente.

Cero respaldo a diversidad agrícola

Si a un agricultor que utiliza métodos convencionales le resulta complicado arrendar buenos terrenos a la AT porque tiene que competir con empresas multinacionales, entonces para el que decide utilizar prácticas ecológicas basadas en la biodiversidad parece ser un camino imposible.

‘‘Muchos agricultores del movimiento agroecológico han hecho propuestas para rentar terrenos a la AT, pero el DA se las niega. Pocos proyectos exitosos como los de Ian han sido aprobados por el DA’’, indicó el coordinador de Nada Santo Sobre Monsanto, Jesús Vásquez.

Y es que según Vásquez, a la hora de redactar la propuesta de Pagán, tuvieron que disimular que el proyecto era un 100 por ciento ecológico, porque de lo contrario el DA no hubiese creído que era viable. 

 ‘‘Hasta ese nivel hemos llegado, porque la filosofía del DA está a favor de modelos fracasados que nos han demostrado año tras año que no sirven para adelantar la agricultura’’, agregó.

Mientras que para proyectos como el de la reactivación de la industria de la caña de azúcar en 12,000 cuerdas de terrenos –que en un principio se contemplaron 20,000- el Gobierno invirtió más de $9 millones. Considerando que la producción de caña se utilizará como materia prima para la elaboración de ron, es inevitable cuestionarse si, en efecto, el DA está dirigiendo sus esfuerzos económicos a cumplir con el estatuto de seguridad alimentaria que aparece en el Plan de Reorganización del DA de 2010 o a los intereses de las multinacionales.

 Pagán entiende que esta inversión es una decisión económica errónea y propone que se facilite el desarrollo productivo de hortalizas y farináceos en cuerdas diversificadas de terreno, lo que daría como resultado la creación de más de 12,000 empleos directos entre agricultores y trabajadores agrícolas.

            Por otra parte, Vásquez reiteró la preocupación que tienen los agricultores sobre la permanencia de Monsanto y otras multinacionales en Puerto Rico porque cada vez quieren más incentivos para experimentar.

Hace dos años Monsanto sometió el borrador de un proyecto de ley para aumentar la cantidad de semillas con las que trabaja: soja, algodón, maíz y sorbo. De acuerdo a Vásquez, si se hubiese aprobado el proyecto Monsanto tendría hoy acceso a la experimentación con semillas que agricultores locales siembran y cosechan como lo son la calabaza y el tomate.

‘‘El problema ocurre cuando la finca de un agricultor se contamina con cultivos genéticamente modificados que se encuentran  adyacentes. Esto puede ocurrir ya sea por un agente polinizador como una abeja o por el mismo viento’’, expresó Vásquez. De ocurrir una contaminación cruzada, la empresa biotecnológica y dueña de la semilla patentizada GMO pude demandar al propietario de esa finca.

            ‘‘Aunque haya ocurrido accidentalmente, el agricultor pequeño no tiene usualmente la capacidad económica para defenderse en una corte ante el bufete de abogados con los que cuenta Monsanto. Así que la finca contaminada termina pagándole a Monsanto por sus semillas’’, declaró Vásquez.

Nota de editor: En la próxima edición se estarán exponiendo las políticas arbitrarias en la importación de frutas y hortalizas a Puerto Rico y sus consecuencias en la producción agrícola.

Agricultores locales batallan desarmados contra importaciones

Nota del editor: Segundo reportaje de la serie investigativa sobre los elementos adversos en la producción de la industria de frutas y hortalizas en Puerto Rico. En esta ocasión trataremos el tema sobre las políticas arbitrarias en la importación de frutas y hortalizas a Puerto Rico.

            Si llueve demasiado se daña la cosecha, si surge sequía también, si la finca se infecta de plagas el trabajo aumenta. Mas la presión para un agricultor de frutas y hortalizas no acaba en la etapa de cultivos porque cuando al fin logra recolectar sus frutos, le toca batallar en una guerra campal con los precios más bajos que tienen los productos importados. Resultando, en la mayoría de las ocasiones, perdedor por las preferencias del consumidor.

            ‘‘Es imposible competir con el precio de los productos importados en un supermercado. Yo he tenido que recurrir a la venta sin intermediarios. Por ejemplo, yo tengo el cilantrillo a dólar, pero si se lo fuese a vender a un supermercado tendría que bajarlo mucho de precio porque el supermercado me lo pagaría a precio de importado y no tendría ganancias’’, dijo el agricultor de hidropónicos Rey Soto.

            Para el secretario auxiliar del Departamento de Agricultura (DA), Manuel Crespo, ‘‘no hay mucho que se pueda hacer’’. La Ley de Cláusula Interestatal permite el comercio libre entre Puerto Rico y cualquier otro estado de los Estados Unidos, sin regular precios.

Manuel Crespo, secretario auxiliar del DA

Con esta ley, se justifica entonces que, en el Supermercado Pueblo de Río Piedras, los tomates locales estén a $4.39 el paquete y los de Estados Unidos a $2.19, casi a la mitad.

            Parece ser inútil entonces uno de los estatutos del Reglamento para la Promoción de la Industria de Hortalizas que establece: ‘‘se evitarán prácticas monopolísticas y de competencia desleal (…) de las hortalizas de Puerto Rico e importados’’. 

            ‘‘Intentamos ayudar a los agricultores locales, pero no es un negocio económicamente viable para nosotros porque la ganancia es poca. Los productos importados son más baratos’’, sostuvo el dueño del supermercado Econo Altamira, Antonio Pérez.

Por otro lado, el joven agricultor de hidropónicos señaló que otro obstáculo para los pequeños productores de frutas y hortalizas son las exigencias de los supermercados sobre una constante producción de un solo cultivo.

            ‘‘Aquí en Econo nosotros somos flexibles y llegamos a acuerdos. Si un agricultor no pudo cosechar las 200 parchas que solicitamos y trajo solo 150, le damos la oportunidad para que complete las 50 que le faltan con otro cultivo, pero eso lo hacemos aquí. En otros supermercados no es así’’, expresó Pérez.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero indicó que los agricultores industriales de hortalizas en la Isla son pocos y producen para mercados específicos.

Medidas, barreras, limitaciones

            Los problemas con las importaciones no son exclusivos de Puerto Rico. Con la llegada de la globalización y los tratados de libre comercio, Estados Unidos ha introducido en muchos países de América del Sur una avalancha de artículos a muy bajo precio.

            Sin embargo, estos países, a diferencia de Puerto Rico, regulan sus importaciones y exportaciones colocando impuestos específicos o de valor a productos particulares. De ese modo, limitan la entrada de artículos que pueden representar competencia desleal a la producción nacional.

            De acuerdo con el abogado y consultor del Bosque Modelo, Salvador Coleman, aunque el estatus colonial de Puerto Rico no permite establecer políticas que incumplan los estatutos federales, existen medidas de índole fitosanitarias para disminuir los efectos adversos que conllevan para la agricultura local la entrada de alimentos del exterior.

Este tipo de barreras no arancelarias se han aplicado a la importación de plátanos. Por eso es más común encontrar producción local de este cultivo en prácticamente cualquier mercado.

‘‘En los plátanos, hay una protección de sanidad que le está permitiendo al agricultor poder entrar en el mercado. Esta medida no existe en productos como los pimientos, las lechugas o los tomates con los que nosotros tenemos que competir con los productos del exterior’’, manifestó Cordero.

Irregularidad tras irregularidad

            Aunque el consumidor puertorriqueño se conforma con los alimentos provenientes de otros países, muchas veces las frutas y vegetales carecen de frescura y calidad.

            El supermercado Plaza Loíza de Río Piedras tiene a la venta una gran cantidad de frutas y hortalizas que no cumplen con varias de las ordenanzas del Reglamento del Mercado número 12. Este establece cómo debe ser el aspecto físico de los aguacates, mangos, tomates y ajíes, entre otros cultivos.

            No obstante, violando el reglamento que estipula el DA, es común encontrar aguacates machacados de República Dominicana, naranjas podridas de China y tomates maltratados de Estados Unidos en establecimientos como Plaza Loíza e incluso cadenas multinacionales como Walmart.

Aguacates importados en mal estado

‘‘En Puerto Rico se compran y consumen alimentos que en otros países ni se atreverían a vender, pero el puertorriqueño lo acepta como normal’’, declaró Coleman.

Falta el interés

            La presidenta de la asociación Boricuá de agricultores agroecológicos, Elena Biamon, tildó al DA como una agencia que muestra favoritismo con importadores, empresas multinacionales de biotecnología y producción en masa, todo lo contrario, a la agricultura ecológica.

            “La postura del DA ha sido apoyar en un 150 por ciento a las multinacionales porque ellos entienden que esta es una opción para la agricultura en Puerto Rico, lo cual es falso. Esas empresas no producen comida y si lo hicieran sería tóxica. Lo mismo ocurre con las importaciones de productos transgénicos y de mala calidad, son tóxicos para la salud del ser humano’’, denunció Biamón.

            Por otro lado, el agricultor del movimiento agroecológico, Ian Pagán reveló que la secretaria del DA, Myrna Comas, no se ha reunido con la junta de productos orgánicos desde hace un año. Esta junta fue creada bajo la Ley de Productos Orgánicos con el propósito de promover dicho sector.

            Sobre este particular, Comas aseguró que se ha sentado en cuatro ocasiones con todas las asociaciones que agrupan a los agricultores orgánicos y agroecológicos para promover un crecimiento y desarrollo en el sector.

            ‘‘El problema con estos agricultores es que no tienen volumen en sus ventas. Yo me he reunido con los dueños de Freshmart y se han mostrado interesados, me he reunido con mercados en Estados Unidos que también tienen interés, pero cuando voy a donde los productores orgánicos me dicen que no pueden producir tanto’’, apuntó Comas. 

Nota del editor: En la edición de mañana trataremos el tema de las consecuencias en la dieta del puertorriqueño por la escasa producción de frutas y hortalizas.

Frutas y vegetales, un lujo en la mesa del puertorriqueño

Nota del editor: Tercer reportaje de la serie investigativa sobre los elementos adversos en la producción de la industria de frutas y hortalizas en Puerto Rico. En esta ocasión trataremos el tema de las consecuencias en la dieta del puertorriqueño por la escasa producción de frutas y hortalizas.

En un país en el cual se produce menos del 1 por ciento de las calorías que una persona necesita en frutas y vegetales, los ciudadanos que deciden consumirlos no cuentan con el respaldo del gobierno, viéndose obligados a alimentarse con comida chatarra a no ser que compren productos orgánicos que resultan más costosos. 

Al menos esa fue la experiencia de la joven Daniella Arroyo cuando visitó el supermercado Econo de Trujillo Alto en busca de quinua, una semilla con un alto contenido de proteína vegetal. La visita terminó en una disputa porque la gerente del establecimiento se negó a dejarla utilizar la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para comprar ese alimento. Según ella, el supermercado no considera la quinua un alimento sino un suplemento.

            ‘‘La Coca-Cola y el bizcocho de chocolate sí me lo aceptan y toda la comida chatarra la puedo pagar con la tarjeta de la familia, pero he notado que cuando quiero comprar alimentos más saludables los cajeros muestran cierta resistencia’’, afirmó la joven quien indicó que padece de endometriosis múltiple y asma. Para Arroyo es imprescindible el consumo de frutas, hortalizas y granos debido a estos padecimientos.

            Según la nutricionista y especialista en control de peso, Vilma Calderón, la quinua es el único alimento de origen vegetal que aporta cantidades completas de proteína porque cuenta con todos los aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo.

La situación no se circunscribe a la quinua sino también al consumo de frutas y hortalizas que son cultivados por la agricultura industrial utilizando químicos como herbicidas, pesticidas y fungicidas que resultan, en muchos casos, potencialmente tóxicos para la salud de los humanos y la naturaleza porque su uso está presente en las diferentes etapas de cultivo, procesamiento, almacenamiento, maduración y conservación de los frutos.

Un ejemplo son los guineos que se importan de Estados Unidos, los cuales se maduran artificialmente al fumigarlos con etileno, un químico que, aplicado en grandes concentraciones, puede resultar dañino para el organismo humano.

El veneno que se oculta

            Un caso que muestra la peligrosidad de los químicos en la comida lo encarnó el agricultor Jorge Quiles hace 25 años al comprar un fungicida llamado benlate distribuido, en aquel entonces, por la empresa multinacional de biotecnología DuPont, y que le ocasionó daños a sus plantaciones de parcha y calabaza.

            ‘‘Las matas se quemaban, no sabía lo que ocurría en mi finca, pensé que algún vecino me quería hacer daño. Siete años después aparecieron abogados a mi casa para decirme lo que verdaderamente había ocurrido’’, contó Quiles.

            De acuerdo a los abogados de DuPont, el benlate se había contaminado con atrazina, un herbicida. Eso provocó que las cosechas de Quiles y 35 agricultores que utilizaron el producto se afectaran.

            ‘‘Se me dañó la cosecha de 24,500 matas de parcha y fue difícil cumplir con el contrato que tenía para la distribución de esas parchas. Me afectó mi salud y se vieron afectados todos los puertorriqueños que consumieron de esos frutos’’, reveló Quiles, quien actualmente no puede tener contacto con ningún químico porque sus niveles de colinesterasa en el cuerpo son altos.

            El agricultor narró que cuando la DuPont visitó su finca en Corozal para estimar los daños, llegaron en 15 guaguas. ‘‘Ellos parecían astronautas con unos equipos sofisticados y cubiertos completamente mientras tomaban el análisis del terreno’’, expresó Quiles. ‘‘Yo solo me acordaba todas las veces que bregué con ese fungicida y nunca usé careta protectora’’, añadió.

En ese momento la multinacional le ofreció la suma de $199,000 por los daños ocasionados y a cambio le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar futuros conflictos que pudieran manchar la reputación de la empresa.

Abarrotados de alimentos GMO

            Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el término GMO se utiliza para designar a los organismos que han sido genéticamente alterados y que son ingredientes principales en la mayoría de los alimentos procesados.

Compañías de biotecnología como Monsanto se dedican a modificar los genes de las semillas de maíz al igual que las de soya, algodón y canola. Según la empresa, que ya controla el 94 por ciento del mercado, el propósito de la experimentación es que la comida dure más tiempo y que no se afecte por plagas u otros eventos que pudieran representar riesgos para la cosecha.

            Entre los alimentos GMO más comunes en el mercado se encuentra la semilla ‘‘Round up Ready’’ resistente al uso del glifosato, un herbicida que en 2015 fue calificada por la Agencia Internacional para Investigaciones del Cáncer como un probable cancerígeno.

            A pesar de tener esperanzas, el puertorriqueño no tiene muchas opciones para escapar de estas semillas modificadas porque más del 75 por ciento de los alimentos que se venden en el supermercado contienen ingredientes GMO como el jarabe de maíz alto en fructosa que se encuentra en los cereales, las galletas, el bizcocho, el pan y las sodas, entre otros.

            ‘‘El glifosato aumenta la proliferación de células malignas de mama, del riesgo del linfoma no hodgkin, de malformaciones, alergias, alzhéimer y un sinnúmero de enfermedades más’’, detalló la nutricionista y también especialista en el tema de transgénicos, Calderón.

            Contrarrestando la opinión de Calderón, el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero, aseguró que no existe ningún estudio que compruebe que un maíz GMO afecta la salud por lo que recomienda su consumo en la población.

            Mientras que la secretaria del Departamento de Agricultura, Myrna Comas, indicó que no ha tenido el tiempo de sentarse a comparar estudios a favor o en contra de los alimentos transgénicos. ‘‘Ni creo tener la experiencia para llegar a eso’’, agregó.

Utópicas las guías alimentarias

            El Departamento de Agricultura Federal establece en su guía alimentaria del 2011 que el 50 por ciento del plato de un consumidor debe estar designado a las frutas y los vegetales. Considerando que la Isla no produce lo suficiente para cumplir con esta recomendación, se necesitaría aumentar en casi 100 por ciento la importación de frutas y hortalizas.

Góndola con productos libres de tóxicos en Econo

            No obstante, acorde a datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para el año 2015, del total de alimentos importados un 23 por ciento fue destinado a carnes y preparados, mientras que solo un 12 por ciento lo fue para las frutas y los vegetales. La diferencia es casi el doble y tomando en cuenta que para octubre de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionó el consumo de carnes rojas y embutidos con el padecimiento de cáncer, estos porcentajes de importación adquieren mayor notoriedad para agencias como el Departamento de Salud.

            ‘‘Una buena política en el área de nutrición y salud requiere fomentar la reducción de proteína animal. Entonces, mira qué paradoja, estamos en un país con limitaciones económicas, pero la gente todavía sigue gastando e invirtiendo una gran partida de presupuesto en las carnes en vez de en frutas y hortalizas’’, manifestó Calderón.

Diciembre 2016