Jessica M.
Martínez Rosado
Estudiante
de Periodismo
Escuela de
Comunicación
Universidad
del Sagrado Corazón
Degradados como los bonos
confinados del País
(Editorial)
El Departamento de
Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR), no le hace honor a su nombre.
Los sentenciados del País quedan como niños abandonados a su suerte bajo la
tutela de un organismo gubernamental que los ingresa en instituciones que son
todo menos centros de resocialización.
“Se burlan
cuatro paredes, rutina puerta cerrada y un carnaval de barrotes bailando sobre
mi cama”, así, tal cual lo entonaba Frankie Ruiz en su éxito “Mi libertad”, sin
chispa de esperanza y en el olvido, ven pasar su vida tras las rejas las
comunidades carcelarias de Puerto Rico.
La indiferencia con la
que son tratados los privados de la libertad, los llamados delincuentes, es
tangente. Sin poner en tela de juicio, ni justificando las faltas a las leyes,
todos tenemos claro que si se comete una falta se debe pagar por ello, pues esa
es la esencia que mueve al DCR, pero Puerto Rico no es el país más maduro en
materia de derechos humanos.
En teoría todo está
perfecto, pero en la práctica al propio organismo y a la sociedad se les ha
olvidado que cumplir una condena no es sinónimo de perder el estatus como
ciudadano. Ser un “reo” implica pagar el
costo que han dejado los delitos cometidos, mas no es igual a perder derechos
esenciales como el derecho garantizado a tener una vida digna.