Trascendiendo la invisibilidad:una mirada a la comunidad transgénero y trasexual

Jean-Paul Castro Lamberty

Estudiante de Periodismo

Escuela de Comunicación

Universidad del Sagrado Corazón

Saliendo del clóset de la invisibilidad

(Editorial)

En el momento más neurálgico de nuestra historia, cuando abogamos por el reconocimiento de unos derechos que nos permitirán un mejor futuro, hace falta comenzar dando la lección por la casa.

En Puerto Rico, el 46.2 por ciento de la población vive bajo el nivel de pobreza, sin embargo casi todos podemos acostarnos a dormir en un techo seguro, con un estómago lleno luego de una cena y con la garantía de que si nos enfermamos, algún servicio de salud vamos a acceder.

Aún en ese escenario, uno de los peores que refleja nuestra sociedad, hay un sector de la ciudadanía que vive sin tener acceso a servicios básicos como la salud, los derechos y el mercado laboral. Este grupo, compuesto por alrededor de 25 mil personas en Puerto Rico viven completamente invisibles ante la sociedad y el estado.

Hoy por hoy, la comunidad transgénero, transexual y con variabilidad de género es el sector más discriminado en nuestro país y el mundo. El estado ni tan siquiera trabaja cifras que puedan adelantar el acceso a suplir sus necesidades. No se les reconoce el derecho a tener una identidad de acuerdo a lo que sienten y finalmente los culpamos por buscar alguna salida para sobrevivir y cumplir sus necesidades básicas.

Esa realidad desgarradora, quebranta todo reclamo de derechos y oportunidades que como país buscamos adelantar.  Si bien es cierto que nuestra coyuntura social y económica es histórica, hay que comenzar reconociendo el lugar que tiene en nuestra sociedad toda persona que pertenece a una minoría sexual.

De nada vale la igualdad que predicamos, si somos incapaces de ponerla en práctica. Indistintamente de su creencia moral o religiosa, todos los habitantes de esta tierra tenemos el derecho a reclamar lo que por ser humanos nos corresponde. La comunidad transgénero no es la excepción. Llegó el momento de darles visibilidad y mostrar su realidad al mundo.

En la salud y en la enfermedad

Nota del editor: Esta es la primera publicación de una serie investigativa de tres reportajes sobre la falta de acceso a la salud, los derechos y el mercado laboral de la comunidad transgénero y transexual en Puerto Rico. En el escrito de hoy se discutirán las limitaciones en servicios básicos de salud a esta comunidad y sus consecuencias.

Nacen en un cuerpo, pero su identidad está en otro. Intentan adaptar su imagen a otro género a través de hormonas, cirugías y medicamentos. Sin embargo, cuando algo les sale mal no es tan fácil recuperarse. Les falta mucho, pero carecen de lo más básico: salud.

            Sophia Isabel Marrero es una mujer transexual de 45 años. Hace diez meses sufrió un derrame cerebral que le paralizó todo el lado derecho de su cuerpo. “En muchas instancias, he expresado que la transexualidad es una maldición, por ejemplo en este proceso del derrame cerebral, las experiencias son bien humillantes”, afirmó Marrero.

            Ante la falta de cubierta y servicios especializados de los planes médicos, los pacientes trans atienden sus necesidades médicas en instituciones públicas. Sin embargo, el primer obstáculo que enfrentan es el simple proceso de llenar los documentos para el record médico. Algo que para cualquier persona no representa ningún inconveniente.

“Yo estaba en la sala de emergencias y tan pronto llegué el médico me preguntó si ya yo me había sometido a mi corrección genital. La pregunta me hizo sentir bien incómoda. Porque qué tenía que ver si yo tenía o no vagina, con el proceso que estaba pasando en ese momento. Claro, en ese momento, me preocupó porque él hizo su prognosis, basado en el conocimiento de que yo estaba bajo terapia hormonal y dijo de lleno que esto había sido un derrame cerebral provocado por un coágulo sanguíneo por mi proceso hormonal. Entonces, ha sido bien frustrante, porque los profesionales de la salud, antes de profundizar o de emitir una opinión médica, no, se van por la tangente”, expresó Marrero con evidente molestia.

            En Puerto Rico no existen médicos o profesionales de la salud especializados en personas transgéneros y/o transexuales. De hecho, solo existe una iniciativa a nivel gubernamental para suplir algunas necesidades médicas de esta comunidad. Esta es la Clínica TransSalud del Municipio de San Juan establecida el pasado año.

            Para que una persona transgénero o transexual pueda recibir servicios en la clínica debe tener un diagnóstico de disforia de género. Es decir, que la persona presente un conflicto, certificado por un profesional de salud, entre el sexo físico con el que nació y con el que se identifica.

            TransSalud ubica en el Centro Doctor Gualberto Rabelle en el Sector Hoare de Santurce. La Clínica cuenta con un médico internista, psicólogos, trabajadores sociales y un enfermero. Según su enfermero Víctor Mojica, en el 100 por ciento de los casos, los pacientes que solicitan servicios son diagnosticados con disforia de género.

Clínica TransSalud

            La doctora Eunice Avilés, psicóloga clínica e investigadora, entiende que no todo el mundo tiene disforia de género. “Algunos casos son procesales, hay personas que solo utilizan vestimenta del otro género”, añadió la puertorriqueña radicada en el estado de Massachusetts.

            Una de las limitaciones que enfrenta la Clínica TransSalud son los horarios ya que solo ofrece servicios los martes de una a tres de la tarde, jueves de dos a seis de la tarde y viernes desde el mediodía hasta las tres de la tarde.

            “Somos la única dependencia de gobierno que ofrece servicios a la población trans. Tenemos pacientes que vienen desde San Sebastián, Mayagüez, Moca a recibir estos servicios”, expresó Mojica. Los servicios que ofrece la clínica son libres de costo para pacientes de la HIPPA 500 de la Reforma de Salud, de lo contrario tiene un deducible de $25 por persona.

            Por otra parte, otro de los dilemas que enfrenta la población trans en Puerto Rico es el acceso a conseguir hormonas y medicamentos para poder transicionar de un género a otro. Según Ángela Méndez, trabajadora social del Centro Comunitario LGBTT, las personas trans solicitan recetas de hormonas a otras personas y así adquieren las dosis.

De hecho, ni tan siquiera el Departamento de Salud tiene datos estadísticos, por lo cual se dificulta realizar un análisis de cuáles son sus necesidades específicas de salud. Esta labor la está realizando el tercer sector. Según el Proyecto Transforma, un 78 por ciento de las mujeres transexuales ha utilizado hormonas, las consiguen sin receta y no siempre tienen acceso a éstas.

Del mismo modo, un 47 por ciento reportó haber utilizado silicón, administrado por  personas no adiestradas y un 4 por ciento se ha sometido a cirugías para feminizar el rostro y confirmar su género. Además, apenas un 15 por ciento había visto a un médico para el uso de hormonas y un 32 por ciento indicó haber visitado a uno debido a complicaciones experimentadas por el uso de hormonas.

“De ahí surge la iniciativa de abrir la clínica trans. Esta clínica no cubre todas las necesidades de la comunidad trans. Hacen una buena labor en el servicio médico, pero no hay un servicio completo, no hay especialistas” añadió Méndez.

Con ella coincidió Joseanelis García, hombre trans. “No me atiendo en la clínica, pero tengo amigos que van ahí y es un despelote total. Tienen preferencia con mujeres trans y a los hombres nos echan a un lado. Hay falta de profesionalismo y de ética. El doctor no sabe nada, va a aprender”, puntualizó García.

Líderes de la comunidad LGBTT como Pedro Julio Serrano piensan que “la clínica trans es una iniciativa muy buena pero todavía se queda muy corta”.

En el 2014 la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, dijo: “Hay pocos especialistas en Puerto Rico que puedan manejar clínicamente a esta población”. Las expresiones fueron hechas en el marco del anuncio del lanzamiento de la Clínica TransSalud. Sin embargo, las declaraciones distan de la preparación de los profesionales de la salud que trabajan en la Clínica.

Este medio contactó al licenciado Iván Andujar, director de Programas Especiales del Departamento de Salud del Municipio de San Juan, al Dr. Liddy López, director del Departamento y a la alcaldesa de San Juan en busca de datos presupuestarios de la clínica y explicaciones sobre porqué la clínica no daba servicios especializados a la comunidad. Los tres declinaron ofrecer declaraciones al respecto.

Según  Avilés, además de la clínica trans, solamente dos médicos en Puerto Rico ofrecen recetas para medicamentos y hormonas relacionados al cambio de género. Sin embargo, ningún plan médico cubre los costos del tratamiento. De hecho, se contactó a representantes de ventas de Triple S y MCS Healthcare, solicitando alguna cubierta de plan médico y farmacia, que cubra hormonas para personas transgéneros. El caso tenía que ser consultado con supervisores de ambas compañías y nunca devolvieron alguna comunicación con una respuesta afirmativa o negativa.

Una de las personas que sufre en carne propia la falta de acceso a la salud es Alexia Ribera. “Trabajaba como enfermera en el Hospital de Veteranos y comencé a asumir mi identidad y empezar mi transición a mujer. Tenía como Plan Médico a Triple S de empleados federales. Fui con una receta de hormonas a la farmacia Walgreens y no me despacharon el medicamento porque eso era para mujeres y mi identificación decía que yo era hombre”, señaló Ribera.                                   

Según el Affordable Care Act del 2010, está prohibido el discrimen por sexo o estereotipos de género en facilidades que reciben ayuda financiera del gobierno federal. Del mismo modo, la ley establece que desde el 2014 los planes médicos no pueden denegar cubiertas por condición pre-existente, incluyendo la disforia de género. Sin embargo, no se obliga a las compañías aseguradoras a cubrir hormonas y cirugías de re-asignación de género, aunque hay estados que tienen legislación local para permitir esos conceptos.                    

Una de las incongruencias en las leyes son los servicios que ofrece Medicaid en Puerto Rico. “FirstMedical dice que soy hombre por lo tanto no me cubren pruebas ni medicamentos, mi mamá me ayuda a pagar las hormonas. Medicaid es igual. Denuncié eso ante las oficinas del Medicaid en Río Piedras y me dijeron que tenían sus propias reglas. Medicaid en Estados Unidos sí cubre y paga todo lo relacionado a hormonas y medicamentos. Aquí hasta extraviaron mi récord médico”, relató Ribera.

El cuidado de salud de las personas trans en Puerto Rico ha sido relegado del estado y las aseguradoras privadas a las organizaciones sin fines de lucro. El año pasado, el Centro Comunitario LGBTT de Hato Rey y el Municipio de San Juan, crearon un “task force” con distintas organizaciones sin fines de lucro para poder proveer servicios médicos a personas transgéneros y transexuales. Entre los servicios se incluye ayuda psicosocial, psicoterapia, orientación contra el abuso de sustancias, recetas para hormonas, entre otros. Del mismo modo hay organizaciones en otros lugares de la isla, como CARIB en Mayagüez, que proveen servicios médicos y se encuentran desarrollando proyectos para suplir directamente hormonas y tratamiento para la población trans.

La falta de acceso a servicios de salud básicos y que se ajusten a la necesidad de la población trans en Puerto Rico, contribuyó a la muerte de Sophia Marrero dos meses luego de sus declaraciones. En fin, dentro de los sectores más discriminados, la comunidad trans en Puerto Rico se encuentra sin salud y en la enfermedad.

Nota del editor: Mañana continuaremos con la serie investigativa hablando sobre la falta de acceso a distintos servicios por la comunidad transgénero y transexual en Puerto Rico.

Invisibles y sin derechos

Nota del editor: Este es el segundo reportaje de una serie investigativa sobre la falta de acceso de las comunidades transgénero y transexual en Puerto Rico. En el escrito de hoy abarcaremos la falta de derechos de la comunidad.

           

Todos tenemos una identidad que define muchos ámbitos de nuestra vida. Esta puede consistir de varios elementos, pero si hay uno que es importante es el género. A base de género tenemos nombre, nos relacionamos, proyectamos nuestra imagen. Pero, ¿qué pasa cuando la identidad de género no es reconocida por el Estado?

            En Puerto Rico no existen estadísticas sobre cuantas personas transgéneros o transexuales viven en el país. “¿Cómo hablar de un problema que no está visible? La única manera en que hacemos visible una realidad es con datos estadísticos. Hay ausencia de datos estadísticos lo que provoca la invisibilidad de la comunidad”, manifestó el licenciado Joel Ayala, director del Observatorio LGBTT (Lesbianas, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual) de la Comisión de Derechos Civiles.

            Según el National Center for Transgender Equality, en un estudio realizado en el 2015, se estimó que en Estados Unidos entre el 0.05 y el 1 por ciento de la población es trans. Llevando esa cifra al contexto de Puerto Rico, el número sería de 17 mil a 30 mil personas. Organizaciones como el Centro Comunitario LGBTT y la Comisión de Derechos Civiles no secundan el número, sin embargo activistas de la comunidad LGBTT como Pedro Julio Serrano piensan que la cifra puede ser mayor.

            “Creo que mucha gente es género no conforme, son una variación de trans. Hay gente que no se identifica con un género, otros que lo hacen en la intimidad de su hogar ante el discrimen social. Hay gente que está en el ‘borderline’. Me atrevo a decir que el número es mayor”, añadió Serrano.

Inconsistencia de derechos

Alexia Ribera es una mujer intersexual de 56 años que vive en carne propia el discrimen y la falta de derechos. “La ley no me protege, no honran mis derechos”, dijo Ribera. La disparidad en sus identificaciones y documentos legales provocó que a pesar de haber trabajado como empleada del gobierno federal y aportado al seguro social por años, no pueda reclamar beneficios como Medicare, Seguro Social y pensión de retirada.

            En Puerto Rico cualquier persona puede cambiar su nombre en un certificado de nacimiento, sin embargo no se permite cambiar el sexo en el mismo documento. Para la década de los años 90, bajo el mandato del ex gobernador Pedro Rosselló,  Alexandra Andino, mujer trans, solicitó cambiar el sexo en su certificado de nacimiento. Una mayoría del Tribunal Supremo le concedió a Andino su petición y le reconoció el derecho. Sin embargo, el caso no sentó precedente y el Supremo determinó que el tema se trabajaría caso a caso.

            Más adelante en la década de los 2000, bajo la administración de la ex gobernadora Sila María Calderón, Alexandra Delgado, otra mujer trans, hizo la misma solicitud. La petición de Delgado fue concedida en un tribunal de Primera Instancia, pero la administración Calderón objetó la determinación y llevó el caso hasta el último foro.

            La decisión de este segundo caso, sí sentó precedente y permanece como estado de derecho al día de hoy, lo que ocasiona que una persona trans no pueda tener una identidad uniforme en sus documentos oficiales.

            Una de las entidades que se encarga de ayudar a la comunidad trans a tramitar el cambio de nombre en las identificaciones oficiales es la Comisión de Derechos Civiles a través del Observatorio LGBTT.

            Para poder efectuar el proceso de cambio de nombre en el certificado de nacimiento, la Comisión refiere a la persona que desea realizar el cambio a un abogado de la Sociedad de Asistencia Legal. El proceso demora alrededor de dos meses e incluye una petición bajo juramento. Del mismo modo se requieren documentos como certificación negativa de quiebras, ASUME y de antecedentes penales.

            Cuando una persona trans desea efectuar el proceso, en ocasiones el tribunal celebra una vista donde la fiscalía trata de impugnar la solicitud. A Miguel de Jesús, hombre trans, “el proceso se (le) hizo rápido”, luego de recurrir a la ayuda de la Comisión de Derechos Civiles.

            A juicio del licenciado Joel Castro este trámite es uno de los más importante para una persona trans. “(El certificado de nacimiento) es un documento vital para muchas personas por muchos motivos, ya sea trabajo o estudio. Si no hay concordancia entre el documento y lo que se ve en la persona se hace difícil poder llevar una vida productiva”, dijo Castro.

Con Castro coincidió Serrano. “El cambio en documentos oficiales quita el estigma y el prejuicio. No tienes que dar explicaciones sobre porqué una letra en el certificado de nacimiento no va con el nombre. Los documentos públicos y las identificaciones son tan básicos y esenciales en la vida de un ser humano que es inconcebible que esos derechos no se reconozcan”, argumentó Serrano.

Con adelantos, sin muchos resultados

            Desde el 2013, cuando comenzó la administración del gobernador Alejandro García Padilla, se han tomado los únicos pasos de avanzada a favor de la comunidad trans en Puerto Rico. En ese entonces se convirtió en ley el Proyecto del Senado 238 de la autoría del senador por San Juan, Ramón Luis Nieves, prohibiendo el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo.

            Más adelante, en el 2015 el Gobernador firma una orden ejecutiva que faculta al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a crear un procedimiento para que la comunidad trans pueda cambiar su género en las licencias de conducir.

Como parte de los requisitos se solicita que la persona ya haya cambiado su nombre legalmente y que traiga una certificación médica junto a los formularios que provee el DTOP.

Este medio visitó las oficinas del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en Río Piedras y solicitó los documentos para poder efectuar el proceso. Los formularios no fueron provistos por el oficial de la agencia, alegando que únicamente se necesitaba un nuevo certificado de nacimiento.

Para Serrano, el mayor logro de la comunidad LGBTT “es que en Puerto Rico no se ha aprobado ninguna ley ni orden ejecutiva sin incluir la identidad de género”. En el 2008 se presentó un proyecto en la Legislatura que proponía prohibir el discrimen por orientación sexual, pero no incluía la identidad de género. “Nuestra consigna fue ‘o todos, o ninguno’ y detuvimos la aprobación de ese proyecto. No hay razón para excluir la identidad de género. La ley tiene que incluirla”, añadió Serrano.

Invisibles hasta la muerte   

            En el 2009, el joven de 19 años, Jorge Steven López Mercado fue asesinado en un crimen de odio por homofobia.  Su cuerpo parcialmente calcinado, desmembrado y decapitado fue encontrado en el barrio Guavate en Cayey.

            Según  admisiones del convicto asesino, Juan José “Casper” Martínez”, le ofreció “sexo por perico” al occiso. Luego de una situación a la que no se hace referencia en la cobertura mediática del caso, sucede el asesinato.

            Aunque a López Mercado no se le conoció como persona trans, al momento de su muerte estaba vestido de mujer, según Serrano. “Imagínate cuanto se discrimina que el hecho de que estaba vestido de mujer y haciendo trabajo sexual casi no se tocó en la narrativa de la historia y de la desgracia. Él (López Mercado) estaba haciendo trabajo sexual vestido de mujer, es una persona del entorno trans”, subrayó el activista.

Persiste la lucha

            En el 2015, la doctora Eunice Avilés completó una investigación sobre necesidades, obstáculos y plan de acción para satisfacer las necesidades de la comunidad transgénero en Puerto Rico. A raíz del estudio, la investigadora identificó que la lucha por los derechos trans debe darse por separado a la comunidad gay. “Son luchas completamente distintas. La orientación sexual es hacia quién estás atraído sexualmente. La identidad de género determina lo que tú eres”, añadió Avilés.

            Por su parte, el licenciado Ayala reconoció que la comunidad trans necesita amor y humanidad. “La sociedad necesita humanizarse y entender que ese otro distinto a mí no me amenaza”, dijo el director del Observatorio LGBTT.

            En fin, activistas de la comunidad LGBTT como Serrano concuerdan en que aún falta mucho por adelantar. “Tenemos que tener todos los derechos de la gente heterosexual. Hasta que no se logre erradicar la homofobia y la transfobia, la lucha sigue”, puntualizó Serrano.

Nota del editor: Este fue el segundo reportaje de una serie investigativa sobre la falta de accesos a servicios básicos de la comunidad Trans en Puerto Rico. Mañana culmina la serie con una mirada a las oportunidades laborales a las que tiene acceso esta comunidad”.

Haciendo lo extraordinario por una vida ordinaria

Nota del editor: Este es el último reportaje de una serie investigativa sobre la falta de accesos a servicios básicos de la comunidad transgénero y transexual en Puerto Rico. En el escrito de hoy se discutirá la falta de acceso al mercado laboral de la comunidad trans.

¿Qué haría para sobrevivir si no tiene acceso a servicios básicos de salud, no se le reconoce el derecho a tener el sexo y/o género con el que se identifica en sus documentos oficiales y mucho menos puede conseguir un empleo? Como consecuencia de un sistema que no provee los mecanismos necesarios para que la comunidad trans sea visible y reconocida, sus integrantes sufren todo tipo de necesidades.

Carina Torres Rosado es una mujer transexual de 37 años que ha hecho de todo para cubrir las necesidades básicas que tiene un ser humano. Fue mesera en un restaurante, tiene preparación en cosméticos y hace un año solicitó trabajo en la tienda JCPenney, lugar donde vivió el rechazo por ser parte de la comunidad trans.

En marzo del 2015, Torres entregó su resumé en la tienda que ubica en el centro comercial Plaza Las Américas, solicitó trabajar en el área de cosméticos con la línea Maybelline New York.  Luego de tres entrevistas fue llamada por el reclutador para llenar el contrato.

“Ese día cuando llegué había dos mesas, una a la izquierda que era para las personas que habían tenido fallas en la entrevista, otra a la derecha donde nos iban a entregar los documentos a los que ya habíamos pasado la entrevista. Me dieron los papeles y me pidieron mi identificación.

Se dieron cuenta que tenía la “M” (masculino) en mi licencia de conducir y me dijeron que no la podían aceptar porque estaba vencida” relató Torres.

A las dos semanas del incidente, Torres recibió la documentación para escoger el plan médico que proveía la compañía, aún no había firmado el contrato. Inmediatamente hace el trámite de renovar su licencia de conducir, y regresa a la tienda a culminar el proceso según acordado.

“Todo el mundo ya sabía quién era yo en JCPenney, hablé con mucha gente y me metieron 20 mil excusas” añadió Torres. En medio de la depresión que sufría en ese momento, desistió de continuar indagando a la compañía y tampoco radicó alguna querella en el Departamento del Trabajo. Al poco tiempo consiguió una oportunidad de empleo en una tienda de un exclusivo centro comercial donde actualmente labora.

Irónicamente JCPenney junto a otras compañías como AT&T, American Airlines y Pfizer forman parte del “Corporate Equality Index 2016”. Este listado hecho por la Human Rights Campaign Foundation identifica a las 100 compañías en los Estados Unidos que mejores políticas laborales tienen para que personas de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTT) puedan trabajar.

En Puerto Rico, empresas locales como Popular, Inc. también tienen políticas completas para trabajar los procesos relacionados a la transición de género de un empleado.

“En noviembre del 2015 Popular, Inc. incorpora al manual de empleados la política relacionada al proceso de transición de género. La postura de Popular es que favorecemos la diversidad y queremos incluirla. Deseamos que la comunidad transgénero exista como existe cualquier grupo minoritario en nuestra organización”, expresó Litzienelly Miranda, asesora laboral en la principal compañía de productos financieros del país.

Políticas como las de Popular, surgen como resultado de la aprobación de la Ley 22 del 2013 que prohíbe el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el trabajo. Asimismo, el Occupational Safety and Health Administration (OSHA) establece unas guías para que las compañías realicen acomodos en el entorno laboral a beneficio de personas transgénero.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) a través de la Unidad Anti-discrimen se dedica a trabajar casos sobre discrimen en el empleo en Puerto Rico. Sin embargo, dentro de sus clasificaciones el discrimen por orientación sexual e identidad de género se catalogan simplemente como “género”, sin especificar el concepto o la razón de la querella. Aún con esa clasificación, de dos casos reportados por discrimen de género en el 2013, la cifra aumentó a 19 casos en el 2014 y 35 casos en el 2015.

A nivel de gobierno, la Comisión de Derechos Civiles tiene una plaza en asesoría reservada para un integrante de la comunidad trans. Ante la situación fiscal del país dicho puesto no ha sido ocupado. Del mismo modo la Clínica TransSalud emplea a una persona transgénero como enfermero.

El discrimen por identidad de género es un asunto que se repite dentro de la comunidad trans con casos como el de Miguel de Jesús. Hace varios meses, de Jesús solicitó trabajo a la compañía Aerostar, que administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Aún con el cambio de nombre efectuado en el certificado de nacimiento y el género en las licencias de conducir, las cartas de recomendación requeridas para el puesto, estaban a nombre de una mujer.

De Jesús cumplía con los requisitos para el puesto que solicitaba, pero nunca fue llamado para entrevista. Como consecuencia de llevar meses buscando trabajo sin éxito alguno, se apresta a emigrar del país hacia los Estados Unidos este verano.

Aunque en Puerto Rico no existen estadísticas claras sobre la comunidad transgénero, un estudio publicado el pasado año demostró que de 96 mujeres transexuales participantes, un 59 por ciento estaban desempleadas, mientras el 81 por ciento se dedica al trabajo sexual como método para poder suplir sus necesidades básicas.     

De las que hacen trabajo sexual un 58 por ciento ha sido víctima de violencia por parte de un cliente y un 42 por ciento por parte de un policía. Más de la mitad de las participantes habían sido arrestadas por la Policía y un 19 por ciento alguna vez estuvo en la cárcel.

             “Lamentablemente el trabajo sexual es para muchos la única alternativa. En un trabajo normal se les pide que vayan del sexo biológico, que usen su nombre de pila. Se les quiere dar trabajo poniendo en jaque su dignidad, es inaceptable”, afirmó Pedro Julio Serrano, activista de derechos de la comunidad LGBTT.

            Asimismo el portavoz de Puerto Rico para Tod@s añadió que el trabajo sexual “les da un dinero que no tienen que rendir en contribuciones, es poco y las pone en una situación de violencia, vulnerabilidad y criminalización”.

            Ante un sistema que estigmatiza a la comunidad trans, el trabajo sexual viene siendo un último recurso, una llamada de auxilio, un “no puedo más”.

Sin embargo también hay historias de éxito dentro de esta comunidad. Soraya Santiago, es uno de los ejemplos de que batallando contra los estigmas se puede progresar. Santiago logró que un tribunal le reconociera el derecho a cambiar el sexo en el certificado de nacimiento y trabajó gran parte de su vida en su propio salón de belleza.

“Las historias de la gente trans son más comunes de lo que pensamos. Tienen que hacer de tripas, corazones. La gente trans hace lo extraordinario por tener una vida ordinaria”, finalizó Serano.

Mayo 2016