Jessica M.
Martínez Rosado
Estudiante
de Periodismo
Escuela de
Comunicación
Universidad
del Sagrado Corazón
Degradados como los bonos
confinados del País
(Editorial)
El Departamento de
Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR), no le hace honor a su nombre.
Los sentenciados del País quedan como niños abandonados a su suerte bajo la
tutela de un organismo gubernamental que los ingresa en instituciones que son
todo menos centros de resocialización.
“Se burlan
cuatro paredes, rutina puerta cerrada y un carnaval de barrotes bailando sobre
mi cama”, así, tal cual lo entonaba Frankie Ruiz en su éxito “Mi libertad”, sin
chispa de esperanza y en el olvido, ven pasar su vida tras las rejas las
comunidades carcelarias de Puerto Rico.
La indiferencia con la
que son tratados los privados de la libertad, los llamados delincuentes, es
tangente. Sin poner en tela de juicio, ni justificando las faltas a las leyes,
todos tenemos claro que si se comete una falta se debe pagar por ello, pues esa
es la esencia que mueve al DCR, pero Puerto Rico no es el país más maduro en
materia de derechos humanos.
En teoría todo está
perfecto, pero en la práctica al propio organismo y a la sociedad se les ha
olvidado que cumplir una condena no es sinónimo de perder el estatus como
ciudadano. Ser un “reo” implica pagar el
costo que han dejado los delitos cometidos, mas no es igual a perder derechos
esenciales como el derecho garantizado a tener una vida digna.
Son 11,365 almas que
sienten y padecen y que existen los 365 días del año, las 24 horas del día, no
solamente cuando cambian al secretario de Corrección o cuando se acercan los
períodos electorales. Los confinados no dejan de ser un sector social al que la
Constitución le garantizó un derecho a la rehabilitación.
El DCR los degrada a
chatarra como la firma acreditadora “Moody's
Investor Service” degradó nuestros bonos, incumpliendo directamente la
razón de ser del Departamento que anualmente recibe unos $378 millones para su
funcionamiento. Así lo demuestra la radicación en 1979 del caso Morales
Feliciano que estuvo en tribunales hasta hace dos años y que buscaba mejorar
las condiciones “infrahumanas” en que vivían los confinados de la Isla.
Hasta el momento, tampoco han mostrado que tengan
estrategias claras y reales para atacar el problema de hacinamiento que aqueja
a estas comunidades. Por consiguiente, omiten el fatídico factor de que una
sociedad que avanza a pasos agigantados en la cifra de ciudadanos encarcelados es
una sociedad que retrocede en muchas de sus problemáticas.
Y este es el pan de cada día de los condenados, su
“misma historia, triste y sin final”.
¡FO! Este sistema huele a
política y no a corrección
Nota del editor: Este es el
primer reportaje de una serie investigativa enfocada en las irregularidades que aquejan
el sistema correccional de Puerto Rico. En esta ocasión, nos adentramos en la
politización de dicho sistema y sus consecuencias.
Un solo cargo de secretario y tres ocupantes en
menos de un año, ese ha sido el panorama que ha vivido la administración del
Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR). La
politización cambiante que afecta constantemente su sistema tiene peso
principal en las fallas que no permiten el tan anhelado avance de las
estrategias correctivas para las comunidades carcelarias.
Primero fue José Aponte Carro, luego José Uriel
Zayas Cintrón y actualmente Einar Ramos López, estos parecen ser los
desafortunados funcionarios públicos a quienes les ha tocado “el tostón” de administrar el DCR, o lo que queda de él.
Todos tienen algo en común, tienen afiliaciones
políticas al Partido Popular Democrático (PPD) porque si el gobierno al mando
es popular, ellos tienen que serlo también.
Con una alarmante cifra de 11,365 confinados
ocupando las diversas instituciones carcelarias del País y un déficit económico
de más de $15 millones, dos de los nombres mencionados no han dado pie con
bola, mientras que Ramos López, aún está experimentando su período de prueba
desde que fue designado por el gobernador Alejandro García Padilla, el pasado 8
de enero.
La politización del DCR a manos de los partidos
políticos ha quedado evidenciada por el propio secretario, quien no pudo negar
que “exista la política dentro de las agencias de gobierno” pues, según Ramos
López, “eso sería incorrecto, porque sí
existe”.
Desde su oficina, que sin duda cuenta con muchos
más pies cuadrados que las celdas de los confinados, el ex policía explicó que
“el sistema de corrección de Puerto Rico no es un ente aparte de la sociedad”,
y que como parte de la misma “siempre
habrá un grado de politización porque siempre existe la política dentro de
todas las agencias de gobierno”.
 |
| Einar Ramos López, secretario DCR |
Con un cambio de partido, no solo cambia el color
al poder, sino también las estrategias y organigramas ya implementados.
Desde situaciones expuestas en el ojo público como
la compra de votos a presos por los políticos, expresiones realizadas por ex secretarios
de Corrección y constantes luchas para evitar la situación por familiares y
afectados de las comunidades carcelarias, han denunciado la politización de un
sistema cuya misión y visión establece haber sido creado para “proveer custodia
y rehabilitación a los miembros de la población correccional mediante la
implementación de servicios de calidad, la integración, combinación e innovación
de programas educativos, programas de fe, y programas de reinserción
comunitaria”.
Este argumento, según Marilyn Rodríguez González,
estudiante de psicología clínica de la Universidad Carlos Albizu, está “muy
claro en teoría, pero muy perdido en su práctica”.
La actual
internista en el DCR, como parte de la división del Negociado de Rehabilitación
y Tratamiento, encargado de otorgar terapias grupales a los confinados que
están próximos a cumplir sus condenas, expresó que “es una realidad que la
persona que esté administrando Corrección es quien determina muchos de los
beneficios que ellos (los confinados) reciben”.
Muy bien lo decía la fervorosa defensora de los
derechos de los privados de la libertad Trina Rivera de Ríos, conocida por
muchos como doña Trina- el ángel de los confinados, “el problema no está en las
sábanas, el problema no está en las paredes, el problema está en la nefasta
administración”, situación contextualizada como una de las causas principales
de la crisis y el deterioro del Sistema Penal Puertorriqueño.
La falta de compromiso de la agencia y sus
funcionarios es evidente. El desasosiego de los que han estado al poder más que
beneficiar ha abonado al deterioro actual de las cárceles del País. No hay una
visión clara, ni un norte en común. Las ideas y sugerencias nuevas son buenas,
pero si no están pintadas del color al mando, simplemente no se permiten, ni se
implementan.
Aún con este panorama el actual secretario de
Corrección dice con seguridad que esta situación “no ha afectado la operación
de la agencia, porque la politización es algo individual”.
Mientras que Dallie Cruz Ruiz, portavoz de la
Asociación Pro Derechos del Confinado, Inc. (Asociación Ñeta) contrasta con la posición
ofrecida por Ramos López, explicando que
la politización afecta directamente a los reos porque las condiciones a
las que se enfrentan varían constantemente según cambian los superintendentes,
cuando no son del partido que está en el poder.
Cruz Ruiz indicó que ha presenciado casos en que si
una institución tiene dos superintendentes, donde uno es de un partido, y otro
de otro, se suscita una especie de competencia, uno toma decisiones, y el otro
las desautoriza, viéndose afectado el clima institucional como desenlace del
dilema.
La también colaboradora de la Comisión de Derechos
Civiles de Puerto Rico lo resume de esta forma: “si no tienes padrinos
políticos, no te bautizas”.
Entonces, es ambigua la labor del Departamento
porque más que corregir y rehabilitar, castiga al confinado al estar bajo la
tutela de un personal correccional que no cree en la rehabilitación del llamado
delincuente, sino que pone como asunto primordial sus intereses políticos.
Ramos López señaló, siguiendo la línea de Doña
Trina, “tenemos las leyes suficientes para evitar la politización”. El sistema
no tiene que cambiar, si no reorganizarse,
pues está diseñado para que funcione, los que tienen que cambiar son los
que manejan el sistema y no cumplen sus objetivos, así se resalta en la
inestabilidad de las decisiones que toman.
Con frecuencia, debido a que la política pública empleada
es elaborada e implementada sin evaluarse antes, o simplemente regida por las
afiliaciones políticas al mando, el sistema se ve afectado al no responder
adecuadamente a los cambios y problemas sociales que pretendía atender,
tornándose progresivamente inoperante en sus áreas más importantes. Esta
irregularidad es consecutiva, el DCR, por años, a lo largo de toda su historia,
ha estado altamente politizado.
No es posible ocultar las manchas rojas y azules de
los partidos políticos mayoritarios en su sistema. Los partidos han tenido en
sus manos año tras año la oportunidad de encaminar correctamente los destinos
sociales de este País pero han sido egoístas,
egoísmo que sitúa cada vez más lejos para esas 11, 365 almas, el avance
de sus esperadas estrategias correctivas.
Nota del editor: En el
segundo reportaje de esta serie investigativa, echaremos un vistazo a las
condiciones de salubridad en las que viven las poblaciones correccionales de
Puerto Rico.
Instituciones penales: donde
se pierde mucho más que la libertad
Nota del editor: Este es el
segundo reportaje de una serie investigativa enfocada en las irregularidades
que aquejan el sistema correccional de Puerto Rico. En esta ocasión, nos
adentramos a las condiciones de insalubridad en que viven los confinados de las
instituciones penales del País.
Nadie les dijo que al perder la libertad perderían también su derecho a
tener una vida digna. Más de la mitad del total poblacional encarcelado que
registró el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR) en
el presente año fiscal pertenece al Programa de Salud Correccional, es decir,
que enfrentan algún padecimiento o problema de salud física, sin incluir los
condenados que enfrentan problemas mentales.
En marzo de 2016 la
población total en las instituciones correccionales de Puerto Rico ascendía a
11,365 confinados de los cuales 6,291 enfrentaban algún padecimiento médico. La
enfermedad viral que lleva a la inflamación del hígado, Hepatitis C, era la más
presente entre los convictos con un total de 3,482 infectados.
Rosa Ramos Ruiz, ex
psicóloga de la Unidad de Salud Correccional del DCR, recordó con nostalgia a
uno de “mis chicos” de la institución Bayamón 448 de seguridad mínima, que
estaba infectado con Hepatitis C. En sus terapias individuales, el confinado le
confiaba fingir no sentir los malestares ocasionados por su padecimiento para
evitar asistir al área de servicios médicos, pues para él “era peor el remedio
que la enfermedad”.
Ramos Ruiz, sin titubeo
alguno, describió como “vagas” las herramientas empleadas por la agencia para
tratar los servicios clínicos y de salud que le otorgan a los condenados.
El sistema correccional de Puerto Rico, en general,
es un sistema quebrantado, pero en el aspecto de salubridad las cifras hablan
por sí solas. El 16 por ciento de los
reos padecen problemas mentales desde que fueron internados en las
instituciones.
Otras áreas poco atendidas también amenazan la
efectividad de los procesos de rehabilitación de estas comunidades.
Una infraestructura pobre, retretes inoperantes,
duchas sucias, mal olor en las áreas comunes, hongos en las paredes y presencia
de ratas y cucarachas en las cocinas, son algunas de las pobres condiciones de
salubridad que critican fuertemente los afectados.
 |
| Estructura sin mantenimiento |
Las denuncias son constantes; tanto los reos como
sus familiares y ex convictos, describen como “terribles” las condiciones en
las que son obligados a desarrollar sus supuestos procesos correctivos.
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| Pésimas condiciones de limpieza |
“Esto
no es el presidio de Oso Blanco, los confinados están y
tienen lo que por mandato del tribunal les cobija”, así se defendió Einar Ramos
López, secretario de Corrección, cuando se le preguntó su opinión sobre las
irregularidades de salubridad en que viven los encarcelados bajo la tutela del
organismo que dirige.
Pese a defender con fervor la labor de la agencia
bajo su administración, Ramos López
admitió que el DCR está pasando por “tiempos de crisis”.
Una vez el ciudadano es sentenciado por un juez, lo
que le obliga a cumplir una condena, el penal se convierte en su vivienda y,
según lo estipula el veredicto del caso Morales Feliciano radicado en 1979, el
sistema debe brindarle a los confinados “celdas individuales, con un tamaño
adecuado y condiciones suficientes de seguridad e higiene, lo que comprende la
ventilación, iluminación, agua y calefacción necesaria”, especificaciones que,
según Ramos López, “están siendo cumplidas a cabalidad”.
Carlos Velázquez, ex convicto desde el año 2015,
difiere de las expresiones vertidas por el funcionario y describe su estadía en
tres instituciones correccionales del País como “horrible, lo peor que me ha
pasado, las condiciones de salubridad allá adentro son pésimas, por no decir
que no hay ninguna, los baños siempre están sucios, las cocinas también, los
mattress asquerosos y rotos”.
Velázquez añadió que “si no es por nosotros mismos,
que limpiamos y aprendemos a mantener nuestras cosas al día y tratamos de tener
siempre las celdas “clean” allá
adentro se viviera un infierno de suciedad, porque mucho hablan y nos critican,
pero nadie dice que nosotros somos más limpios que los mismos que están
afuera”.
Estas expresiones fueron sostenidas por el Secretario,
quien con total tranquilidad expresó, “pues Carlos Velázquez debe saber que las
celdas son de los confinados, quien debe mantenerlas limpias son ellos mismos,
los baños los utilizan los confinados y como parte de su rehabilitación y
disciplina quienes limpian son los confinados. El Departamento solo les provee
el equipo para hacerlo, porque limpiar es responsabilidad de ellos”.
Ramos López explicó que el DCR no invierte dinero
en personal de limpieza que tenga acceso a las áreas comunes de los reos, y
aclaró que “los guardias no están para limpiar las celdas, el guardia está para
hacer que ellos (los presos) las limpien”.
Para Marilyn Rodríguez González, estudiante de
psicología e internista en el DCR, como parte de la división del Negociado de
Rehabilitación y Tratamiento, su proceso educativo la ha llevado a concluir que
“el confinado en este País no es una prioridad”.
Según Dallie Cruz Ruiz,
portavoz de la Asociación Pro Derechos del Confinado, Inc. (Asociación Ñeta)
estas situaciones afectan directamente el proceso de rehabilitación del
delincuente porque su salud física y emocional puede llegar a deteriorarse.
“Mantenerlos
en condiciones infrahumanas crea disturbios, motines y levantamientos.
Entonces, no arreglan las deficiencias, pero sí les imponen castigos colectivos
si se quejan, esto es otro caso claro de las injusticias y atropellos que se
cometen contra ellos”, comentó la mujer quien también colabora con la Comisión
de Derechos Civiles de Puerto Rico.
Jorge Raíces, asesor legal del ex secretario de
Corrección y actual senador popular Miguel “Cuco” Pereira, describe todas estas
fallas como que “el DCR es un espejo, es un reflejo de un fracaso social”, por
lo que, según indicó, “Corrección nunca va a ser chévere”.
Este sistema es una bomba de tiempo, si algo no
está bien y no funciona se debe cambiar, pero por el contrario, los
funcionarios se han sentado tranquilamente a ver como explota el problema.
Lo dijo Doña
Trina, fiel defensora de los derechos de los confinados “abogaré siempre junto
a miles de puertorriqueños por la abolición del sistema penal existente, ya que
sus fines son punitivos y antihumanos, y me reafirmo en que el fracaso en todos
los países exige una transformación total”.
Nota del editor: En el
tercer y último reportaje de esta serie investigativa, indagaremos las faltas
de oportunidades que atraviesan los ex convictos en su proceso de reinserción
social.
Una doble condena
Nota del editor: Este es el
tercer y último reportaje de una serie investigativa enfocada en las
irregularidades que aquejan el sistema correccional de Puerto Rico. En esta
ocasión, nos enfocamos en la falta de oportunidades que enfrentan los ex
convictos en su proceso de reinserción social.
Como si el sistema
correccional de Puerto Rico los condenara a cumplir una doble sentencia,
primero privándolos de su libertad y luego restringiéndoles el acceso real a
oportunidades laborales, así, tan duro, tan arduo y tan complicado es el
proceso de reintegración social de un ex convicto en la Isla.
Según Einar Ramos
López, secretario de Corrección, un 13 por ciento de la población correccional
que sale a la libre comunidad al haber cumplido su sentencia vuelve a
delinquir, lo que conlleva una reincidencia, y por ende, la reinserción a una
institución carcelaria. Sin embargo, esta cifra es incorrecta por un margen de
error muy amplio. Para el año 2014 en la Isla, la tasa de reincidencia criminal
rondaba el 60 por ciento, mientras que para el presente año fluctúa entre un 50
y 55 por ciento.
La alarmante cifra demuestra que la cárcel no logra
disuadir a los llamados delincuentes para que abandonen por completo sus vidas
criminales. Uno de los factores que más
peso tiene en el éxito o el fracaso del proceso de rehabilitación del ex convicto
es el acceso a oportunidades de empleo.
El panorama es el siguiente, si para una ser humano
“común y corriente” con un certificado de antecedentes penales limpio es
difícil obtener un trabajo en el País, imagínese entonces el grado de
dificultad que conlleva obtener un trabajo legal para un ex convicto.
El Código Penal de Puerto Rico establece que una
persona que haya estado en prisión por delitos menos grave, luego de cumplida
su sentencia, debe esperar un año para solicitar al tribunal que le sentenció,
“limpiar” su record penal, mientras que quien haya estado cumpliendo por algún
delito grave luego de cumplida su sentencia, debe esperar cinco años para
solicitar al tribunal que lo sentenció la limpieza de su record penal.
Es un proceso basado en la incertidumbre, no hay
garantía alguna de que así suceda, pues todo dependerá del delito cometido y
del criterio del juez.
El sistema correccional de Puerto Rico no practica
procesos a largo plazo y no emplea tácticas que le demuestren a los convictos
por qué no deben volver a cometer los crímenes.
Un ejemplo es Juan
Rolón Rivera, a quien la cárcel no rehabilitó, y quien se rehabilitó por
voluntad propia. Sentenciado en 1989 a ocho años de condena, de los cuales
cumplió tres interno, y quien dedicó los últimos cinco años de su sentencia a
realizar un bachillerato en Trabajo Social, consiguió en 1999 graduarse Cum
Laude de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), recinto de
Arecibo.
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| Juan Rolón Rivera |
Pese a haber completado
un grado universitario satisfactoriamente y demostrar que está ampliamente
capacitado para desarrollar su profesión, nunca recibió su licencia como
trabajador social, por lo que al sol de hoy no ha podido ejercer. ¿El motivo? El
requisito de poseer un certificado de buena conducta.
“Siento que se les
olvida que en la Constitución existen unos derechos y la Legislatura y el
Gobierno es quien tiene el deber de proteger esos derechos con legislación y
evitar el discrimen de sectores que son marginados como es la población
convicta y ex convicta”, expresó Rolón Rivera.
Por esto, y con la esperanza
de que su voz algún día sea escuchada, el moroveño ha emprendido, literalmente,
un viaje solitario desde el año 2013, cuando comenzó a caminar desde su pueblo
de origen hasta el Capitolio buscando concienciar sobre la rehabilitación y el
discrimen.
Pero las caminatas no han sido su única arma de
combate, pues Rolón Rivera ha dedicado sus días a instruirse sobre sus derechos
y ha logrado convertirse en un experto. Hasta el momento, ha escrito dos
proyectos de ley que ha entregado personalmente a la Comisión de Seguridad de
la Legislatura y a la Comisión de Derechos Civiles, que preside la senadora
Rosana López.
Aunque ni sus pasos ni sus letras han rendido
frutos, el fervoroso defensor de los derechos de los convictos “no se quita”.
Las piedras con las que ha tropezado en su proceso no han logrado amedrentar
sus ganas de echar “pa’ adelante” y su misión de vivir un futuro digno para él
y para todos los afectados por esta situación.
Rolón Rivera reiteró su compromiso de no rendirse
hasta lograr crear conciencia sobre la necesidad de atacar los estigmas y
estereotipos que marcan de por vida a los ex convictos y que depositan en sus
espaldas una segunda condena. Su objetivo es que se materialice su idea de
reducir el tiempo de espera para poder borrar los delitos que manchan sus
certificados de buena conducta.
Sobre este particular, el senador popular y ex
secretario de Corrección, Miguel Pereira explicó que la labor de gestionar para
enmendar las leyes no le corresponde directamente al DCR porque en 1974 se
estableció que la expedición del certificado de antecedentes penales recae en
la Policía de Puerto Rico.
Aun así, admitió que el secretario de Corrección
tiene la potestad de someter al Senado un proyecto de ley que busque cambios
significativos como lo sería una disminución en el tiempo de espera para la
expedición de un certificado de antecedentes penales “porque al final, esto es
parte del proceso de rehabilitación que el DCR tiene que brindarle a sus
pertenecientes y obviamente una petición de esta magnitud tendría mucho más
peso si viene de arriba”.
Sin embargo, esta propuesta parece ser indiferente
ante los ojos de Ramos López, quien aceptó que “ahora mismo no estamos
trabajando nada respecto a eso, aunque podríamos hacerlo, pero tenemos otras prioridades”.
Sus palabras evidencian la ambigüedad del organismo gubernamental que dirige.
El Artículo VI de la sección 19 de la Constitución
de Puerto Rico establece que “es política pública del Gobierno de Puerto Rico
reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma
efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento
adecuado de los miembros de la población correccional, para hacer posible su
rehabilitación moral y social”. La Constitución obliga al
Estado a devolver a los confinados a la libre comunidad en el menor tiempo
posible, agotando todos los recursos para que su proceso de reinserción social
sea posible.
No es un capricho de Rolón Rivera, ni de los miles
de convictos que piden a gritos cambios urgentes en los procedimientos que
decidirán si para ellos habrá vida después de la cárcel, sino que es un derecho
garantizado que está siendo violentado.
Mayo 2016
Excelente investigacion, gracias.
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