Mariana I. Rosado Meléndez
Estudiante
de Periodismo
Escuela
de Comunicación
Universidad
del Sagrado Corazón
Educación
especial: responsabilidad de todos
(Editorial)
Los
altos funcionarios del País que tienen la encomienda de velar por el
cumplimiento de los derechos educativos y proveer los recursos necesarios para
el progreso de cada estudiante no pueden continuar evitando asumir la responsabilidad
ante la crisis en educación especial.
Un
dramático aumento poblacional en años recientes terminó desproporcionando la
balanza que ya estaba desequilibrada desde un principio. Actualmente 160,522
estudiantes dependen de los servicios relacionados y las ayudas que ofrece el
Departamento de Educación (DE) y la Secretaría Asociada de Educación Especial
(SAEE).
De
acuerdo al DE y la Unidad de Querellas y Remedio Provisional, el problema
actual de los pagos se da por la falta de liquidez del Departamento de Hacienda
y se lavan las manos cuando los proveedores de terapias mediante remedio
provisional exigen una respuesta.
La
Comisiones de Educación de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto
Rico investigan, pero se abstienen de comenzar una reforma al sistema y se
escudan en el argumento de que la responsabilidad recae en el DE.
La SAEE
tampoco realiza un legítimo esfuerzo por estabilizar la balanza al no asegurar
que los estudiantes reciban los servicios de calidad. Los reclamos de esta
comunidad para que se mejoren los servicios de terapias no son escuchados y los
cambios que el DE realiza en ocasiones terminan perjudicándolos.
Las irregularidades
presentadas en el Informe de Cumplimiento 2014 – 2015 para la monitora en el
caso de Rosa Lydia Vélez contra el DE, junto a la constante violación de
protocolos estipulados en el Manual de Procedimientos de Educación Especial y
el Manual Operacional del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional no
permiten una equidad real entre la población de educación especial y la de
corriente regular.
Un mal manejo de los criterios de evaluación y
diagnóstico, las terapias requeridas pero que no son ofrecidas por los
proveedores contratados por el DE y la amenaza de la suspensión de servicios
bajo remedio provisional y compra de servicios desaniman a los padres en su
lucha diaria por la educación de sus hijos e hijas.
La perseverancia para el cumplimiento de lo
estipulado en el programa educativo individualizado de cada menor es vital para
obtener un resultado positivo con sus exigencias.
Esta falta
de acción y ayudas continuará provocando que los padres viajen a la diáspora en
busca de la educación de calidad para sus hijos que no reciben en la Isla, aun
cuando los cobijan leyes estatales y federales.
Protocolo
atropellado para educación especial
Nota del editor: Hoy iniciamos una serie investigativa acerca de
las deficiencias en el sistema evaluativo y académico para los estudiantes de
educación especial. En este reportaje presentamos la inefectividad del
protocolo para el registro y diagnóstico de estos estudiantes.
El
proceso para registrar y diagnosticar un menor en el sistema de educación
especial es como una carrera de 400 metros con vallas: el corredor tiene que
enfrentar varios obstáculos y llegar a la meta en contra del tiempo para no perder.
La creciente población de
educación especial puede tropezar en la carrera a causa de las evaluaciones, el
proceso sistemático y el diagnóstico final, perjudicando así su progreso
académico y funcional.
Los
rostros de los padres que visitan el Centro de Servicio de Educación Especial
(CSEE) en Santurce para registrar o verificar el cumplimiento de los servicios
ofrecidos a sus niños reflejan angustia, preocupación y frustración. Al igual
que en una carrera, están pendientes a que llegue el momento de su turno para
salir disparados del asiento buscando una respuesta.
El
primer tropezón con una valla surge con la falta de implementación de la
legislación para reestructurar el proceso evaluativo y de diagnóstico en el
programa de educación especial. La Comisión de Educación para el Fomento de las
Artes y la Cultura de la Cámara de Representantes realizó en el 2015 junto a
otras dos comisiones una investigación acerca del aumento de población en el
programa de educación especial.
Los
resultados de la investigación en la Resolución de la Cámara (R.C) 1065 señalan
serias faltas como el uso inadecuado de protocolos y criterios para la
evaluación y el diagnóstico. Así como la inconsistencia en los procedimientos
utilizados para la determinación de elegibilidad y los errores en el
diagnóstico.
Igualmente,
la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado
presentó en el 2014 la Resolución del Senado (R.S.) 72, la cual proponía
investigar el programa de educación especial a base del ofrecimiento de
servicios, la necesidad de reevaluación del currículo actual y la estructura
del programa, entre otras.
Los
hallazgos de la R.S. 72 confirman la alta cantidad de estudiantes referidos al
CSEE, lo que dificulta el proceso y la calidad del servicio. También expone la
necesidad de revisar el Manual de Procedimiento de Educación Especial y la
reestructuración del programa.
Ante
estos hallazgos, la presidenta de dicha Comisión, la senadora Mari Tere
González, condenó al Departamento de Educación (DE) y la Secretaría Asociada de
Educación Especial por las dificultades para diagnosticar y proveer los
servicios necesarios a esta población de forma efectiva e inmediata.
 |
| Senadora Mari Tere González |
“Yo
he agotado recursos fiscalizando, trayendo el “issue” a la palestra pública y
presentando medidas para solucionar los problemas que tiene esa secretaría. A
quien le toca ejecutar es al propio DE que incumple”, expresó la senadora
González.
Actualmente
el Proyecto del Senado 1521 presentado por la senadora González y que busca
reestructurar el programa de educación especial se encuentra paralizado en el
hemiciclo senatorial.
Según el
Manual de Procedimiento de Educación Especial de 2004, para determinar la
elegibilidad de un menor al programa no se puede utilizar un sólo criterio,
pero esto no es lo que está sucediendo.
En
años recientes se ha visto un dramático aumento en la población de estudiantes,
siendo la cifra más reciente de 160,522 estudiantes.
Según la sicóloga escolar María Pérez, existe
una falla en el sistema que permite esto debido al tiempo requerido para
evaluar y entregar el resultado cinco días después de evaluado al DE. Es éste,
a su entender, una de las causas para el aumento en población ya que con un
sólo criterio se está determinando la elegibilidad del estudiante al programa.
“Te diría
que hay más de la mitad de los estudiantes mal diagnosticados. Entiendo que hay
un zafacón de niños con déficit de atención y problemas específicos de
aprendizaje. Tú coges cualquier evaluación y eso es lo primero que tú ves.
Digo, hay niños que sí (presentan la condición), pero hay otros que
lamentablemente por cualquier prueba que salga bajita ya los diagnostican de
esa manera”, explicó la sicóloga escolar.
Pérez, quien labora con el DE desde el 1991,
comentó que sería más certero tener una amplia gama de evaluaciones del
estudiante antes de determinar la elegibilidad. De esta manera se cumpliría de
forma efectiva con lo estipulado en el manual del programa que establece un
periodo de 60 días para cumplimentar todo el proceso.
Los
padres cuyos retoños han sido diagnosticados e incluidos en el sistema de
educación especial aún enfrentan varios obstáculos en una carrera que apenas
han comenzado. La inconsistencia de tiempo con el manejo del proceso dificulta
el acceso a los estudiantes para obtener los servicios recomendados.
En el caso de Carmen Rosado su travesía con el
proceso para registrar y obtener los servicios requeridos para su hijo de 4
años comenzó en mayo de 2015 y hasta el presente continúa en una larga batalla
con el DE para finalizar el proceso inicial.
El primogénito de Rosado formó parte del
programa de intervención temprana Avanzando Juntos de donde es transferido al
sistema del DE al cumplir los 3 años. Es durante esta transición que comenzó a
reflejarse el problema en los procesos.
“Las evaluaciones a principio las hicieron
rápido pero a la hora de entregar informes todo se paralizó porque los informes
se desaparecieron”, explicó Rosado.
Como resultado, la madre de dos hijos de
educación especial recurrió a establecer una querella y al proceso de mediación
para conseguir los documentos. Una vez obtenido esto el menor comienza a
recibir las terapias de habla y ocupacional necesarias para su desarrollo bajo
el estatuto de remedio provisional. Actualmente continúa el proceso para
obtener una evaluación independiente en el área sicológica al rechazar el
informe inicial.
Esta
situación ha llevado a Rosado a tomar la decisión de mudarse a Estados Unidos
buscando encontrar allá mejores ayudas para sus hijos. Rosado sostuvo que la
opción de permanecer en el País terminaría perjudicando a su hijo mayor por la
falta de las terapias que este necesita.
“Realmente es estresante, uno pierde mucho tiempo,
pierde muchas horas de trabajo. Muchas veces uno tiene que hacerles el trabajo
a ellos. Realmente no cumplen a cabalidad con las funciones que necesitan
cumplir en pro de los estudiantes que tanto lo necesitan”, abundó.
Estas
irregularidades se evidencian en el Informe de Cumplimiento 2014 – 2015 de la
Monitora para el caso de Rosa Lydia Vélez donde la región de San Juan refleja
un 95 por ciento en la efectividad para evaluar inicialmente al estudiante. Esto
contrasta con el 55 por ciento de cumplimiento en el área de determinación de
elegibilidad.
¿Y
qué pasa si tu valla es diferente? Es en este momento cuando los profesionales
deben decidir si el estudiante se le incluye bajo el programa de educación
especial o bajo la cláusula de la sección 504 perteneciente a la Ley de
Rehabilitación del 1973.
De acuerdo a la supervisora docente del CSEE
Amarilys Rodríguez, los estudiantes bajo la sección 504 no se incluyen en las
estadísticas de educación especial por no pertenecer a esta corriente. Pero sí
se registran y pasan por el mismo proceso de evaluación de los estudiantes
incluidos bajo la Ley Idea.
“Los niños de 504 son estudiantes que se
afectan en su diario vivir, que sí tienen unos impedimentos pero que no afectan
su aprendizaje, sino que afectan las
actividades propia de la edad por lo que requiere se le establezca un
acomodo razonable”, explicó Rodríguez.
Al no afectarse adversamente el aprendizaje
del estudiante, los menores presentan notas favorables y son incluidos bajo la
sección 504.
“Existe
un paradigma con respecto a eso. A veces se piensa que porque tienen buenas
notas no tienen necesidades de educación especial. Eso no considera el esfuerzo
que tiene que hacer el padre o el maestro”, indicó Edison García, especialista
en trabajo social.
Asimismo destacó que los estudiantes que
pertenezcan a la sección 504 tienen que tener un plan educativo individualizado
y el estado está obligado a proveerle los servicios necesarios como el acomodo
razonable.
“Existe
un interés fundamental en tratar de ir filtrando las listas de educación
especial, pero aun cuando hicieran eso no habría capacidad para atenderlos”,
añadió.
A
pesar de los obstáculos en este primer paso que enfrentan los estudiantes de
educación, los padres no se rinden y continúan en la carrera por los derechos
garantizados a una educación de calidad para sus hijos.
Nota del
editor: No te pierdas mañana el segundo reportaje sobre las deficiencias en el
sistema evaluativo y académico para los estudiantes de educación especial donde
presentaremos el proceso legal al que recurren los padres cuando no se cumplen
los servicios requeridos para los menores.
Ayudas
invisibles en nombre de la educación
Nota del editor: Hoy continuamos con la serie investigativa sobre
las deficiencias en el sistema evaluativo y académico para los estudiantes de
educación especial. En este reportaje presentamos el establecimiento de
querellas por el incumplimiento de los servicios académicos.
Servicios
limitados, inexistentes o que no cumplen con las expectativas son algunas de
las situaciones que actualmente perjudican a los estudiantes de educación
especial tanto en el aspecto académico como el funcional.
Los
padres de estos menores ya han pasado una parte de su carrera, están cansados y
listos para llegar al final pero aún resta la mitad. Han saltado varias vallas
hasta que enfrentan una o dos con las que tropiezan y pierden el ritmo. Es
entonces cuando tienen que tomar un nuevo aire y retomar la carrera por el
carril de la vía legal.
Para muchos, los únicos
servicios a su disposición son los que ofrecen las escuelas a las que asisten
sus hijos e hijas. Es aquí en el servicio de las terapias donde muchos padres
encuentran que las ofrecidas por el Departamento de Educación (DE), principalmente
de manera grupal, no son pertinentes para lograr un verdadero progreso en los
menores. Esto se ha recrudecido durante este año académico debido a las dificultades
económicas que enfrenta el País.
Asimismo,
las estipulaciones de los servicios relacionados, el nivel de funcionamiento y
las metas a completar creadas bajo el programa educativo individualizado (PEI)
del menor ofrecen en algunos casos una falsa expectativa.
Para
Migdalia Santiago lograr cumplir con los objetivos del PEI de sus 28 estudiantes
de educación especial en un salón recurso significa tener que maniobrar las
expectativas estipuladas por el DE en el aspecto académico para mejorar sus
destrezas.
La
relación entre el maestro de corriente regular y el de educación especial en un
salón recurso debería ser paralela con el fin de ayudar estos estudiantes. Pero
en ocasiones enfrenta corrientes de aire que, como al corredor, pueden afectar
su desempeño.
Tome
este ejemplo de una situación con la que los educadores trabajan a diario:
Maestra de corriente regular: “De acuerdo al mapa curricular estamos en el área de medición en matemática”
Maestra de corriente regular: “De acuerdo al mapa curricular estamos en el área de medición en matemática”
Maestra de salón recurso: “Pero el estudiante no reconoce
algunos números y tiene dificultad para sumar”
Maestra corriente regular: “No, pero es que estamos en
medición y estamos bregando con hacer cambios del sistema métrico al sistema
inglés o al revés.”
Estas
dificultades limitan la labor de Santiago. “Se hace complicado porque quienes
mejor conocen la necesidad del estudiante son sus maestros de corriente regular
y educación especial pero quien decide lo que se hace en el salón de clase es
el DE. Entonces, ¿cómo tú haces una síntesis de eso? Es un lio”, expresó la
educadora.
Ante
esta situación, el secretario asociado de educación especial, el licenciado
Carlos Rodríguez Beltrán, aceptó la prioridad del enfoque académico sobre el
funcional para los estudiantes de educación especial.
“El
que el niño aprenda en un ambiente inclusivo de alguna manera contempla también
la funcionalidad del niño. Ahora bien, mi labor es que el niño aprenda, no
necesariamente hacerlo funcional y que nunca haya aprendido nada. Mi
responsabilidad es que aprenda y que también pueda ser funcional. Yo tendría que
escoger enseñar porque esa es la labor de este departamento”, expresó Rodríguez
Beltrán.
Enfatizó la importancia
del cumplimiento de los servicios relacionados ofrecidos por el DE lamentando
la situación actual debido a la falta de pagos a los proveedores y de la
demanda de servicios que sobrepasa la oferta ofrecida por el DE.
Para
muchos, la realidad de la situación es que las ayudas prometidas nunca llegan,
provocando que los corredores pierdan el conteo entre cada valla y se salgan de
ritmo de cara al próximo salto. Hiram Ortiz es padre de una niña autista de 8
años que de acuerdo a las recomendaciones realizadas por los especialistas debe
recibir tres tipos de terapias y de estas solo recibe dos.
“Ella
no la ha recibido nunca la terapia (sensorial) porque en la escuela ahora mismo
no tienen nadie que se la ofrezca”, comentó Ortiz.
La menor tampoco cuenta con la trabajadora uno
solicitada cuando ingresó a la escuela elemental, elemento esencial para su
desarrollo. A pesar de la notable mejoría, Ortiz considera que la falta de esta
terapia y el personal de apoyo pueden perjudicar el progreso de su hija.
En
esta misma encrucijada estuvo Brenda Maldonado, madre de un joven autista de 18
años cuya severa condición lo coloca en el programa de vida independiente. Su
experiencia en esta carrera la llevó a tener que dar una milla extra y radicar
una querella ante la falta de servicios ofrecidos a su hijo cuando inició en
este programa.
“La
escuela no cumplía con las necesidades de estos niños. Eran vida independiente
pero sin nada de equipo para ellos hacer su trabajo. Fue cuesta arriba pero lo
logramos, que pudieran habilitarle los salones y tuvieran lo que necesitaban”,
destacó Maldonado, quien junto a un grupo de padres radicó la querella en la
Oficina del Procurador del Impedido.
Entre
carcajadas pero frustrada por la situación, Maldonado agregó que el PEI y el DE
no están ayudando correctamente a su hijo pues no ve un progreso aceptable.
“Honestamente estos últimos años pues han sido como en un cuido. El PEI lo
hacen para cumplir legalmente pero no hemos visto ganancia. No he visto
crecimiento, ni aprendizaje, en adición a lo que él ya conoce”, dijo.
Los
padres que llegan a utilizar la vía legal durante su carrera son pocos por no
estar orientados sobre el recurso. De acuerdo a la administradora Silka
Santiago, de la organización Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI),
esto sucede por la falta de conocimiento y valorización de los derechos que
tienen tanto los padres como los menores.
“A
los padres se les entrega el documento Derechos de los Padres donde indica que
tienen que participar en los procesos, pero casi nunca se lo leen. Uno tiene la
responsabilidad de saber cuáles son los derechos que tienen como padres”,
comentó.
Según
datos estadísticos en APNI, unas 309 personas recurren en búsqueda de
orientación por servicios relacionados, 188 por querellas, 269 personas para
información sobre el PEI y 415 por el Comité de Programación y Ubicación
(COMPU).
Como
método para informar a los padres sobre estos derechos, varios usuarios de
Facebook han colocado en sus cuentas diversas publicaciones sobre las leyes,
artículos y secciones que protegen los derechos de padres y estudiantes.
Mediante estos recursos los usuarios también han comunicado sus dudas y
angustias sobre el proceso a seguir ante las situaciones que enfrentan.
Con esto coincidió la intercesora de educación
especial Diamar Aldrey en que los adultos no tienen conocimiento sobre los
derechos. A su vez destacó que los términos utilizados y la poca impresión en
las copias ofrecidas terminan perjudicando al padre, que continúa sin el
conocimiento necesario.
“Se supone que en el COMPU se discuta pero
usualmente te entregan un documento para firmar y ya. Es un requisito por
cumplimiento pero no se explica bien a los padres ‘mira estos son tus derechos’,
les dicen cosas bien general. No les explican en detalle”, añadió Aldrey.
La falta de interés del padre y de
involucrarse en la situación del menor es una falla de técnica para cualquier
corredor que quiera alcanzar su meta.
“El
deterioro emocional de los padres afecta todo el proceso. Están cansados de ir
y no ser atendidos y que no se les oriente. Yo creo que eso es un factor de los
más que afecta el proceso”, enfatizó la intercesora.
Situaciones como estas se presentan a diario
en la oficina de Servicios Legales en Puerto Rico donde la especialista de
educación especial Julisa Martínez tiene a cargo 52 casos activos en su región
solamente.
El proceso legal no es un camino liso como uno
pensaría si no que la pista está llena de boquetes. Entre el problema actual
con el cumplimiento de los periodos de tiempos estipulados en el Manual
Operacional del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional está la violación
de los 20 días concedidos para emitir una resolución a los padres que soliciten
remedio provisional como su opción para obtener los servicios relacionados
necesarios.
“No importa
lo craso que se vea el panorama, el departamento siempre sigue fiel y firme en
que ellos tienen todos los servicios que un estudiante necesita. Ellos van a
seguir diciendo que no o darle largas... Entonces alargar este proceso y que el
padre se canse. Eso es lo que ellos buscan. Que el padre llegue un momento y
diga no y se quiten”, comentó Martínez.
Restan
200 metros de la carrera y ya la mitad de los corredores se han retirado de la
contienda en búsqueda de los servicios que puedan beneficiar a los estudiantes
de educación especial. Los que aún permanecen darán el último estirón para
llegar a la meta y sacar hacia delante a sus hijos sin mayor contratiempo.
Nota del editor: No te
pierdas mañana el tercer reportaje sobre las deficiencias en el sistema
evaluativo y académico para los estudiantes de educación especial donde
discutiremos el remedio provisional y la compra de servicios ante la
insuficiencia del sistema académico.
Servicio
provisional a tiempo completo
Nota del editor: Hoy presentamos el último reportaje de la serie
investigativa sobre las deficiencias en el sistema evaluativo y académico para
los estudiantes de educación especial donde discutiremos la necesidad del
remedio provisional y la compra de servicios ante la insuficiencia del sistema
académico.
En
la Oficina de la Unidad de Querellas y Remedio Provisional en Hato Rey se
encuentran ocho padres esperando ser atendidos. Madres y padres con carpetas en
mano llenas de papeles cumplimentando documentos y tensión en el aire en espera
de una respuesta que podría cambiar los servicios ofrecidos a estos menores.
Esta
es la situación que viven los padres de niños de educación especial cuando
están a punto de llegar a la meta. Pero los competidores apretaron el paso con
el fin último de robarse la victoria.
El
primer competidor que se acerca por el carril de la extrema derecha son los
proveedores de remedio provisional cuyos servicios se han afectado
drásticamente en los pasados meses. Su paso acelerado está acompañado por la
presión de la suspensión de terapias y la incertidumbre de cuándo reanudarán
los servicios a los estudiantes.
En el mes de abril unos 12 centros de
terapias que atienden la población de remedio provisional detuvieron sus
servicios por las deudas operacionales, a pesar del llamado realizado por los
medios de comunicación desde inicios del segundo semestre.
El remedio provisional surge en el 2002
mediante la sentencia del caso Rosa Lydia Vélez y otros vs. Rafael Aragunde y
otros. El propósito de esta alternativa es proveerle los servicios relacionados
y de apoyo a los estudiantes que el Departamento de Educación (DE) no tenga a
su disposición. Actualmente 3,455 estudiantes utilizan este recurso como método
para obtener los servicios.
Uno
de los proveedores que cesó operaciones para esta población fue el Centro Teras,
en Carolina. De acuerdo a la licenciada Anitza Urquía, directora ejecutiva del
centro, las razones para dejar de atender estos estudiantes de forma temporera
se debió principalmente a problemas con la facturación que llevó a la falta de
pagos.
 |
| Centro TERAS, en C |
Al
inicio de este año académico se implementó el uso de un sistema de facturación
electrónico para los proveedores llamado “RemPro”, donde cada centro de terapia
debe tener el listado de los números de remedio provisional asignados a los
estudiantes.
“No teníamos forma de entrar la información al
sistema para generar un contrato. No fue hasta marzo que terminaron de darnos
los números estando atendiendo los niños desde agosto 30”, explicó Urquía.
Asimismo, denunció la implementación del
programa “RemPro” antes de probarse mediante un plan piloto, lo que ocasionó
errores al no aceptar números de licencias de proveedores, nombres de escuelas,
entre otros.
Sobre esta denuncia, la directora de la Unidad
de Querellas y Remedio Provisional, la licenciada Jocelyn Carrasquillo, aceptó
que se implementó el sistema de facturación sin la debida etapa de prueba.
“No
se hizo un plan piloto por decirlo así porque entendíamos que el programa, por
lo menos como yo lo había visto, estaba bastante robusto como para soportar el
cambio que hubo”, expresó Carrasquillo.
A
pesar de esto, la Directora reiteró que el 90 por ciento de proveedores
utilizan el sistema efectivamente y responsabilizó la situación de los pagos a
la falta de liquidez del gobierno y la entrega de facturas tarde. También
halagó la disminución en la cantidad de querellas radicadas siendo 2,537 la
cifra para el año 2014 y 2100 en el 2015.
Por
otro lado, el presidente de la Asociación de Profesionales y Proveedores de
Servicios de Terapia Víctor Moreno, expresó que estos cambios que llevaron a
las compañías a cesar operaciones que sirven a estudiantes de remedio
provisional solo benefician económicamente al DE.
“Al
tú llevar un impago hacia ese proveedor, no va a tener más opciones que dejar
de ofrecer el servicio... La estrategia de tú asfixiar las corporaciones que es
donde más terapistas y niños hay pues excelente para ellos (DE)”, comentó
Moreno.
Otro corredor que atraviesa una situación
similar a la de estos proveedores son aquellos que ofrecen la compra de
servicio. Durante el pasado mes de marzo, el Instituto Modelo de Enseñanza
Individualizada, mejor conocido como el Colegio IMEI, anunció la posible
suspensión de servicios por falta de pagos del DE.
La
coordinadora de educación especial y servicios terapéuticos en el Colegio IMEI
Manuela Ricci, explicó que los padres de los 242 estudiantes benefactores
recurren al uso de esta opción ya sea por el ofrecimiento de grupos pequeños,
terapias individualizadas o la incorporación a la corriente regular a largo
plazo.
“Hemos podido subsanar la situación a través
de las líneas de crédito como cualquier corporación para poder mantenernos a
flote. Ya cuando llegamos al límite ahí es que llega el proceso de tener que
tomar una decisión”, comentó la coordinadora de educación especial.
El DE está a cargo de pagar la mensualidad de
aquellos estudiantes que utilizan la compra de servicios. A pesar de recibir un
pago a mediados del mes de marzo para continuar con las operaciones, Ricci no
sabe cuál sería el paso a tomar en caso de no recibir los fondos en los
próximos meses.
Existen padres que dependen de la compra de
servicios para el progreso de sus niños y no pueden dejar que les ganen en la
carrera. Para Ivonne Guzmán el uso de este recurso para uno de sus tres hijos
bajo educación especial ha permitido que éste presente una mejoría en su
condición.
“Mi
nene tiene la condición de autismo y lo ubicaron en un grupo no categorizado de
preescolar cuando se había recomendado que estuviera en un grupo con pocos
niños y dirigido a su condición. Tuve que establecer una querella para que le
dieran el servicio educativo a través de una escuela con los recursos
necesarios”, explicó Guzmán.
Con
estos servicios la madre de tres hijos notó el progreso en el aspecto académico
de su hijo al igual que el ofrecimiento continuo de las terapias requeridas.
Sin este servicio Guzmán entiende que este avance sería desperdiciado por no
contar con las ayudas.
Ya se avecina la meta y también un competidor
que no muchos tenían en su radar pero ha dado la sorpresa al mantenerse en la
contienda: la dependencia de los servicios ofrecidos por Remedio Provisional y
la Compra de Servicios ante la falta de ofrecimiento consistente por el DE.
La portavoz del Comité
Timón de Madres y Padres de Remedio Provisional Carmen Warren, detalló el
surgimiento del remedio provisional ante la necesidad de la población en el
2002 cuando se otorgó la sentencia del caso Rosa Lydia Vélez.
“En sus inicios el remedio provisional se creó
como una alternativa provisional porque el Departamento de Educación no tenía
forma de proveer los servicios relacionados. Hoy en día es una alternativa
permanente porque continúan sin ofrecer las ayudas necesarias para estos
estudiantes”, expresó Warren.
La situación se ha agravado a consecuencia de
esto. Warren mencionó que los padres desconocen de este recurso y el DE no está
aprobando en gran cantidad las solicitudes para otorgar el remedio provisional
justificando esto mediante las corporaciones establecidas en las escuelas y que
alegan contar con las terapias o servicios solicitados.
Restan
50 metros para arribar a la meta cuando se ve a la distancia los niños y las niñas
de educación especial gritando en apoyo al corredor principal, sus padres. Una
victoria podrá asegurar las ayudas que necesitan los menores. Ahora queda ver quién
ganará o si los competidores adversos darán un “palo” a los otros atletas en
esta carrera de nunca terminar.
Mayo 2016
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