Cine puertorriqueño: una película de terror

Xuaem M. Tirado Ramos

Estudiante de Periodismo

Universidad del Sagrado Corazón

EDITORIAL

Con luces y cámaras, pero sin acción

         El establecimiento y desarrollo de una industria cinematográfica con el propósito de fomentar la cultura es uno de los retos más grandes que enfrenta un país y en Puerto Rico no somos la excepción. 

Ciertamente, mantener una producción de cine que se establezca bajo los paramentos de “boyante” y que al mismo tiempo enmarque la esencia autóctona de un lugar determinado, es un privilegio. Es una prerrogativa que solamente los países desarrollados y sin restricciones para llevar a cabo las expresiones artísticas, pueden disfrutar.
        Desde hace varios años, la industria del cine puertorriqueño se ha resumido en las grandes “hazañas” que representa el rodaje de las películas extranjeras en la Isla y los beneficios económicos que éstas traerían.

Son esas villas y castillas las que han disfrazado a diestra y siniestra los problemas que ocurren dentro de la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR), quienes tienen a su cargo la tarea de salvaguardar los intereses cinematográficos boricuas y la preservación de la cultura por medio del séptimo arte. 

  

Sin embargo, no todo es tan bonito como lo pintan, y existe una serie de problemas que se concretizan en la persecución de ideales partidistas al momento de aprobar los proyectos filmográficos, obligando al arte a regirse por colores. 

Existe una necesidad evidente de enmendar los estatutos que competen a este sector, principalmente la “Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”, que actualmente brinda más beneficios a los extranjeros a que los puertorriqueños. Es una industria de cine puertorriqueño, no estadounidense, porque principalmente son estos últimos  los que se favorecen.

Puede que muchos cataloguen al cine como un mero capricho de pueblo que le cuesta dinero a la Isla, pero esa denominada “pretensión” culturiza y enaltece el nombre de Puerto Rico  a través del mundo. Es justo y necesario que el Gobierno apoye nuestro cine.

Corporación de Cine: meollos financieros y favoritismos

Nota del editor: Ésta es la primera publicación de una serie investigativa de tres reportajes sobre las irregularidades en la industria cinematográfica puertorriqueña. En el escrito de hoy se discutirá la denegación del Fondo Cinematográfico a los cineastas boricuas.

Dando y dando pajarito volando. Al parecer, la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) se olvidó de guardar los fondos para pagarles a varios productores puertorriqueños, luego de aprobar sus trabajos cinematográficos.

Más allá del brillo y el glamur idealista que ha traído consigo la industria fílmica hollywoodense a la Isla, la envergadura de las cámaras y la complejidad que conlleva realizar una producción, existen una serie de tranques y favoritismos gubernamentales que acompañan la letanía que conlleva el asentamiento de los nuevos proyectos fílmicos en Puerto Rico.

Tal es el caso del creador de la trilogía cómica “Mi verano con Amanda”,  Benjamín “Benji” López, quien ha padecido directamente de la indiferencia del Gobierno, luego que se le denegara el acceso al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) en cinco ocasiones. 

Partiendo de la deducción reglamentaria pertinente, la Ley 121 de la “Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico”, que abre paso a la creación de la entidad pública cinematográfica, surge el FDC. Éste es un método de financiamiento que se alimenta  del dinero proveniente de la contribución parafiscal mientras busca que los recursos del cine vuelvan al mismo sector y al que todo el mundo tiene acceso.

Proceso de aprobación de proyectos fílmicos

El también director del drama “Taínos” explicó cómo a pesar de su éxito y renombre se le ha negado la posibilidad de beneficiarse de este estatuto.

“Todo para algunos y nada para otros”, con esa premisa comenzó López a relatar los trámites que antecedieron los diversos sometimientos filmográficos que realizó a la CCPR.

Su historia de desasosiegos inició durante el año 2004 mientras la CCPR era dirigida por la directora ejecutiva Laura Vélez y las especulaciones de movidas irregulares por parte de la entidad gubernamental comenzaban a resurgir. Fue bajo ese panorama que las primeras cuatro producciones de López fueron denegadas. Sin ton ni son.

Para muestra un botón. Fue en la realización de un último intento y con el propósito de colaborar al desarrollo de la cultura, que López sometió por quinta ocasión una última propuesta para crear una nueva versión de la película ícono de la División de Educación para la Comunidad (DIVEDCO), “Los peloteros”.

         El motivo detrás de esa propuesta fílmica no era tan sólo rendir un tributo al popular largometraje puertorriqueño sino corroborar los evidentes esquemas de favoritismos que existen internamente en la delegación de cine.

“Yo sometí esa película precisamente con toda la intensión de ver si el problema era el proyecto o era yo”, aseguró el cineasta.  

Aparentemente, los éxitos de López, la certeza de que sus películas recaudan una cantidad aceptable de dinero y el apoyo del público, no son suficientes para brindarle la oportunidad de gozar de las ayudas del FDC.

Al igual que este director, existen otros cineastas puertorriqueños que se enfrentan a la misma situación, donde se carece de claridad en las políticas reglamentarias para la otorgación de las cantidades monetarias asignadas y la trasparencia en la trasmisión de los mensajes entre los cineastas y sus superiores.     

Sin embargo, el problema no se resume solamente en el consentimiento para hacer uso del FDC, también existen casos en los cuales se les ha dado el beneplácito financiero y luego el dinero desaparece. 

Según relató el documentalista y catedrático de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) Iván Nieves, son varias las personas que se pueden resaltar en esa lista, aunque hizo hincapié en las incidencias de la directora cubana radicada en Puerto Rico, Ana María García.

La productora, quien también es profesora de Comunicación en la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, recibió inicialmente una aprobación de fondos para llevar a cabo su producción documental sobre Vieques, gestión que tuvo contratiempos al notificarle que su proyecto no se podría llevar a cabo a raíz de unos recortes de fondos en la CCPR. 

Luego de relatar este suceso, Nieves aclaró que el proyecto había sido aprobado durante el año 2012 bajo la administración de la directora ejecutiva Mariella Pérez, y que el problema con el trabajo de García fue el hecho de que los fondos originalmente habían sido aprobados bajo una administración novoprogresista y fueron reclamados luego de una transición de gobierno a un nuevo mandado popular.

Lo cierto es que el problema no culmina con los consecutivos tranques en los procesos evaluativos, los patrones de distinciones y las incongruencias en los menesteres administrativos de la CCPR, pues las transiciones partidistas entre cuatrienios y la falta de organización en dichos procesos han desatado malos entendidos.

Son indiscutibles los problemas a raíz de la falta de trasparencia para la asignación del FDC y la carencia de comunicación clara para la aprobación de los proyectos por parte de la entidad pública en disputa.

Los inconvenientes comienzan desde el núcleo más elemental, con las decisiones tomadas por la Junta Consultiva, quienes inicialmente revisan las películas, seguidos por la Junta de Directores y el Director Ejecutivo.  

         Este rotativo cuestionó a una de las integrantes de la Junta de Directores de la CCPR, la directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Lilliana Ramos Collado, sobre los procedimientos que está llevando a cabo como parte de las voces cantantes del País en la industria cinematográfica.  

         No obstante, Ramos Collado evadió todas las preguntas asegurando que no deseaba comentar sobre ese tema.

“Prefiero hablar del Instituto de Cultura Puertorriqueña”, se limitó a decir  Ramos Collado.

         Evidentemente, nadie quiere conversar sobre el asunto y, peor aún, no existe persona en el Gobierno que conozca de estas irregularidades porque supuestamente en el sector cultural todo es bueno, no existe ningún contratiempo y mucho menos injusticias.  Es ahí donde recae gran parte de los problemas a los que también se le suma la mala información para realizar las convocatorias cinematográficas.

Esa última premisa resume la situación del fundador y director de la Escuela de Cine de Puerto Rico, Eduardo Rosado, otro de los tantos artistas del cine que pertenece al “selecto” grupo que le ha tocado luchar en el mundo de irregularidades que arropa a la industria cinematográfica puertorriqueña.
       “Lo peor que tiene la Corporación de Cine es que es una agencia gubernamental”, así resumió Rosado sus inconvenientes con la entidad mientras manifestaba cómo los $10,000 para la creación de su cortometraje “Sunrise” desaparecieron sin explicación.

Sin que nadie en la CCPR se dignara a explicarle, Rosado dio inicio a los procesos de producción del corto, filmó e invirtió, y cuando tuvo todo listo para presentarlo a las autoridades, le informaron que se iban a retractar de la aprobación por el incumplimiento de unos reglamentos de la convocatoria.

Fue así como el director relató sus sinsabores durante la tramitación de su proyecto, aseverando que gran parte de los problemas surgieron a causa de la mala información en la documentación sobre el manejo de fondos de la CCPR.

Y las incidencias continúan. El próximo en la lista es el caso de la documentalista Sonia Fritz, a quien se le denegaron los fondos para sus producciones. Esto ocurrió por deber dinero de producciones anteriores, a pesar de que las pasadas administraciones de la delegación cinematográfica habían estipulado que el deber dinero no representaría que los cineastas no pudieran tener acceso nuevamente a este método de financiamiento. Es esta situación la que obliga a Fritz a restructurar su presupuesto y a volver a presentar su proyecto.
        Ante ese relato, dijo “No tengo evidencia porque me encontré a dos miembros de la Junta y no recuerdan el proyecto”.

        Innegablemente, la industria del cine puertorriqueño ha recibido una serie de golpes bajos a lo largo de los últimos años, obligando a los cineastas a someterse a las condiciones y temáticas de expresión que favorezcan a la tripulación gubernamental cantante, afectando por consiguiente la expresión de la cultura boricua.

Nota del editor: Mañana continuaremos  la serie investigativa sobre las irregularidades en la industria cinematográfica puertorriqueña con un reportaje acerca los inconvenientes económicos que representan las nuevas enmiendas a la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico.

A punto del destierro cinematográfico en nuestra Isla

Nota del editor: Este es el segundo reportaje de una serie de notas periodísticas sobre las irregularidades en la industria cinematográfica puertorriqueña. En el escrito de hoy se discutirán los inconvenientes económicos que representan las nuevas enmiendas a la Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico.

Un hurto “agravado” es el pan de cada día, una substracción de la cultura cinematográfica de los puertorriqueños que se resume en una cadena de injusticias y tratos preferenciales a los extranjeros, específicamente a los estadounidenses. 

Entre un escenario lleno de fantasías se sitúa la utópica enmienda a la Ley 27 de “Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de Puerto Rico”, la cual beneficia claramente a las producciones foráneas, y se tambalean los cineastas boricuas que poco a poco buscan crecer.
           La meca del cine boricua se ha visto afectada por las rectificaciones del estatuto que busca proveer incentivos contributivos para atraer capital extranjero y propiciar el desarrollo económico y bienestar social de Puerto Rico.      

Y es que no tan solo se perjudican aquellos cineastas que llevan tiempo en la industria, sino también los que apenas están dando sus primeros pasos.

El presidente de la Asociación de Cine de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) Emir López, indicó que son los cineastas independientes los más afectados, viéndose obligados a financiar por su cuenta sus producciones.    

“La ley nueva de cine beneficia más a las producciones extranjeras que a las locales ya que sus incentivos se activan cuando son más de $100,000 invertidos, una cantidad difícil de pagar para una producción local”, aseguró el joven cineasta.   

Un informe de estatus de planes de unidades administrativas de la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) estipula los deseos de la agencia de promover a la Isla como un destino fílmico, utilizando el programa de incentivos contributivos de eventos de cine para los Estados Unidos y el mundo.   

Sin embargo, en ningún momento se concretizan los menesteres que le conciernen a los cineastas boricuas, dejando en el aire la parte más importante que compete a la Ley 27. 

Evidentemente, existe falta de información concreta por parte de la entidad cinematográfica, quienes no cuentan con estadísticas accesibles sobre el beneficio contributivo que proporcionan las inversiones extranjeras en la Isla.

           Los cuestionamientos ante el patrocinio de este estatuto no se hicieron esperar, desatando reacciones por parte de la autoridad máxima de la entidad pública cinematográfica, el director ejecutivo de la CCPR Demetrio Fernández. 

Según las expresiones proporcionadas hace un año por Fernández a la periodista Dalila Rodríguez del Centro de Periodismo Investigativo, la CCPR no había podido precisar la cifra económica de los beneficios revertidos.

 “No tengo una cifra, hemos estado trabajando en eso desde que llegamos. Y oportunamente se cuadrarán esos asuntos”, puntualizó Fernández en aquel entonces.

Sin embargo, un año ha pasado y la historia continúa en la misma página con la  misma incertidumbre e imprecisión, pues al solicitar nuevamente los datos concretos sobre el ingreso económico que proporcionan las inversiones foráneas en Puerto Rico recibimos una contestación semejante.

“Esas estadísticas se preparan, sí sabemos cuántas personas se emplean, pero eso se presenta al final. Tiene un orden de presentación”, dijo la asistente administrativa de Fernández, Naima Rodríguez, para aclarar por qué actualmente no contaban con esa información.

Es ese panorama de incertidumbre el que hace que los cineastas no quieran trabaja con la CCPR, viéndose obligados a costear por su cuenta todas sus producciones.

Lo que sí quedó claro es como la industria cinematográfica se ha visto influenciada por las tendencias norteamericanas, buscando crear producciones con altos presupuestos y elementos rimbombantes al igual que los estadounidenses.

Ante esta premisa Rodríguez afirmó que la CCPR está buscando la manera de motivar a los cineastas para que realicen trabajos más independientes.

El Antillano fue rechazado por la CCPR

“En esta administración estamos buscando darle menos dinero en presupuesto a los proyectos, para que sean más proyectos. Queremos que los cineastas puertorriqueños empiecen a hacer un cine un poquito más latinoamericano y de bajo presupuesto”, afirmó.  

Por otro lado, existe la polémica a raíz de la alegada censura al género documental por parte de la delegación gubernamental, historia que comenzó en administraciones pasadas.

Fue el documental “Filiberto”, producido por el presidente de la  Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales de Puerto Rico (APCA) Leandro Fabrizi, uno de los casos más trascendentales y que hasta hace poco tiempo había quedado en nada.

Evidentemente, los documentales han presentado unos patrones de censura que a toda costa se aferraban a la ordenanza que dispone que no se favorezcan los filmes con contenido político partidistas.

No obstante, existe la inquietud por parte de los practicantes del séptimo arte ante la limitación para la preservación de la cultura por medio de este género.

“Constantemente el documental ha sido menospreciado por la Corporación, a pesar de haber ganado convocatorias y haber sido aprobados por la Junta Consultiva”, expresó el presidente de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (ADOCPR), Eyerí Cruz.   

“Hemos percibido que el documental ha sido marginado”, añadió la autoridad de ADOCPR, quien a su vez resaltó que solo se han creado aproximadamente un documental por año y que solamente se le está dando prioridad a la Ley 27 y la atracción de inversionistas extranjeros a la Isla. 

Por medio de esa premisa, Cruz denunció los desprecios que han recibido varias de las propuestas de filmes documentales a nivel del Gobierno, cohibiendo a los puertorriqueños de disfrutar de los elementos que les proporcionan un sentido de identificación cultural.    

Del mismo modo, son muchos los documentalistas que han tenido que negociar, luchar y hacer comentarios públicos para lograr que la CCPR pueda transar sus proyectos. Esa es la situación de la directora Karen Rossi.     

Rossi, quien es reconocida por su filme “Isla chatarra”, contó la larga espera y trámites para que su más reciente trabajo recibiera el respaldo gubernamental aunque afirmó que lo más que la afecta es la falta de organización para el progreso del cine en Puerto Rico.

“El hecho de que no haya un plan a largo plazo de cómo es que se desarrolla el cine en Puerto Rico, a mí me afecta”, dijo.

Son estas incidencias una muestra de algunos de los muchos relatos que resumen el sentir sobre descontentos ante las decisiones en el funcionamiento de la CCPR.   

Sin remedio alguno, la industria cinematográfica está siendo acaparada por los extranjeros y poco a poco se ha dejado comprar con la excusa de utilizar los estatutos fílmicos para atraer más empleos a la Isla, olvidándose de los cineastas boricuas y su deseo de hacer un cine nuestro y no uno ajeno.

Nota del editor: Mañana continuaremos la serie investigativa sobre las irregularidades en la industria cinematográfica puertorriqueña con un reportaje acerca de los procedimientos incongruentes del monopolio de exhibición de películas Caribbean Cinemas.

Caribbean Cinemas: Nos apaga desde el proyector hasta la ilusión

Nota del editor: Hoy finaliza la serie de reportajes sobre las irregularidades en la industria cinematográfica puertorriqueña. En este escrito se discutirán las actividades y los procedimientos incongruentes del monopolio de exhibición de películas Caribbean Cinemas.

De película, así están los movimientos desconocidos que realiza clandestinamente el monopolio de exhibición de filmes cinematográficos Caribbean Cinemas, quienes se debaten con los cineastas para negociar semanalmente las películas, evitando los contratos concretos y estableciendo solamente acuerdos verbales con la intención de levarse las manos como Pilato.

Según informó el director de mercadeo de la corporación privada, Carlos Madera, los filmes generalmente tienden a estar un mínimo de dos semanas, dependiendo de la película y la cantidad de asistencia por cine. 

La realidad es que detrás de toda la motivación que acompaña la creatividad que caracteriza a las producciones del séptimo arte en la Isla, existe un fin económico que se concreta con el establecimiento de las acciones monetarias para el beneficio del monopolio de reproducciones cinematográficas caribeño. 

Solo unos pocos conocen los procedimientos que ocurren tras bastidores cuando las luces de la salas se apagan y las cintas comienzan a correr.  

Al César lo que es del César. Lo cierto es que no todo es color de rosa y que los intereses financieros, en ocasiones, tienen más  peso que los culturales. Aunque, cabe resaltar, que la entidad de exposición cinematográfica está bastante abierta para evaluar y exponer la gran mayoría de las propuestas que los puertorriqueños les presentan.

No obstante, existe una serie de comportamientos nebulosos que ocurren dentro de las salas de cine una vez la película comienza.

 “Carribean Cinemas no va a perder. Eso lo he visto yo”, dijo Santiago Padilla, un empleado del monopolio de exhibición al que se ha cambiado el nombre por motivo de proteger su identidad.  

Padilla, quien lleva varios años laborando en la cadena de exhibición, relató sin tapujos y adornos las directrices que recibe de sus superiores cada vez que  una tanda de la película que está programada no recibe ningún espectador. 

“Ellos llaman y dicen: ‘Si no hay nadie para esa sala a los quince minutos de empezar tienen que apagar la bombilla del proyector”, aseguró.

A simple vista no parece nada raro, pues no existe ninguna razón para gastar energía eléctrica innecesaria cuando en la sala no hay ni una sombra.

Sin embargo, son los productores de los filmes los que generalmente no se enteran de esta toma de decisiones, mientras piensan que sus películas están siendo proyectadas según los acuerdos estipulados. 

La razón detrás de estas acciones reside las intenciones de Caribbean Cinemas de no brindar explicaciones a los cineastas que, a su entender, son “innecesarias”. 

Los gastos de postproducción no son un relajo, y es por ese hecho que la pasada premisa se convierte en un elemento alarmante.  

El costo por exhibición es de $775 por sala y por película formato digital.  A lo que se le suma  la paga a un intermediario por el uso de los proyectores, las ventas netas y los impuestos.

A esto, también se le calcula con el propósito de cobro los por cientos de la renta fílmica, proceso que se negocia con cada distribuidor de película.

Es decir, que son muchos los gastos y pocas las explicaciones, es mucho esfuerzo y  poca la comunicación.

Uno de los que un entonces alzó su voz para denunciar sus descontentos ante los protocolos de la delegación privada fue el director de “Under my nails”, Ari Maniel Cruz.

Cruz, quien se autodenominó como el “principal acusador” de la cadena Caribbean Cinemas, es una de las personas que ha tenido problemas con la cadena de distribución. Fue el hecho de que le quitaran una de sus películas de la cartelera lo que derramó el vaso aunque aceptó que la entidad en muchas ocasiones es justa.

 “De repente tú dices, Caribbean Cinemas no es tan villanio, es un villano, pero es un villano que a veces ve”, puntualizó.

Es esa duda ante el “streaming” de películas, la aceptación y su evaluación, lo que desatan los cuestionamientos de los cineastas que buscan conocer quienes le dan el sí a su trabajo cinematográfico.

Padilla destacó que “Nosotros vemos contenido regulado por una agencia que genuinamente piensa que realmente conoce cuales son los criterios que los puertorriqueños buscan al momento de ir al cine”.

No culminó la frase para añadir, “ellos deciden si apelan a la audencia de Puerto Rico o no”.

Esas declaraciones fueron la antesala a una confesión por parte del empleado que denunció que todas películas con un tema afroamericano, si no son nominadas a los premios Oscar, se van a pique, siendo enviadas directamente para la difusión en las localidades de la compañía en las Islas Vírgenes.

Son estos algunos de los relatos que enmarcan la necesidad de la creación de unas leyes que protejan la difusión de las películas puertorriqueñas, que establezcan un lugar en particular para esta expresión cultural.

Mayo 2014