Sueño de naufragio

Por Nashalie Addarich

Estudiante de Periodismo de la USC

Hecatombe  policial

Nota del editor: El primero de una serie sobre la inmigración indocumentada en la Isla. Hoy se investigará el problema  de abuso y discrimen por parte de la Policía de Puerto Rico hacia inmigrantes indocumentados.

Imagínese viajar a un país extranjero donde los puertorriqueños tengan mala fama y donde quiera que vaya es como si tuviera un sello en tu frente que dice, “Soy puertorriqueño”. De seguro las personas tendrán un prejuicio sobre usted y sin conocerlo pensarán lo peor.

Aunque los inmigrantes dominicanos sufren de una imagen negativa en Puerto Rico, se conoce poco sobre sus experiencias sociales, económicas y culturales. De hecho, el choque entre culturas ha producido múltiples roces étnicos, haciéndolos más vulnerables al abuso.

A diario llegan quejas al Consulado de la República Dominicana en San Juan denunciando agentes de la Policía por alegados abusos a causa de estos mismos prejuicios creados por la sociedad.

Según Keila Geronino, inmigrante dominicana y residente de Carolina, en el año 2005 se encontraba junto a un compañero de trabajo esperando que abrieran el establecimiento de comida donde ambos trabajaban, durante la espera una patrulla se detiene y los arresta llevándolos al cuartel con acusaciones de ser indocumentados.

“Fue una cosa terrible, me acuerdo que me hicieron caer de cara al piso y me torcieron los brazos tanto que sentí que se me partían”, dijo Geronino con lágrimas en los ojos como si estuviera recordando los hechos.

Las denuncias por intervenciones indebidas por parte de agentes de la Policía contra ciudadanos dominicanos llegan regularmente a cuarteles de la Policía y al Consulado de la República Dominicana en San Juan. Estos informes involucran tanto a uniformados municipales como agentes estatales.

El cónsul dominicano, Máximo Taveras,  informó que agentes de la Policía no tienen que pedir documentos de identificación sobre estatus migratorio a ningún ciudadano, sea cual sea su nacionalidad.

“Ni miembros de la Policía estatal ni de la municipal tienen jurisdicción para eso, ya que no existe ningún acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) para llevar a cabo este tipo de intervención”.

Ante la falta de jurisdicción, algunos agentes policiales asumen funciones de agentes de Inmigración, lo que ha ocasionado múltiples denuncias por intervenciones indebidas por parte de la Uniformada.

Integrantes del Consulado de la República Dominicana, incluyendo a Taveras, han llevado el asunto ante el Superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón. “Se lo hemos llevado (al Superintendente de la Policía) en el contexto de que por apariencia, color o acento agentes de la Policía han detenido a ciudadanos dominicanos para denunciarlos como indocumentados, y ellos (la Policía) no pueden intervenir de esa manera”, dijo Taveras.

Se ha dado el caso que un inmigrante indocumentado es detenido por una infracción de tránsito y la Policía le solicita sus documentos migratorios porque sospecha que es indocumentado. “En caso de una infracción de tránsito lo que tiene que solicitarle el agente es la licencia de conducir y los documentos del carro, no sus documentos migratorios”, expresó Taveras.

Sin embargo, Díaz Colón negó las acusaciones por parte de Taveras. “Nunca han traído esta situación ante mí”, aseguró Díaz Colón. “Sé que algunos agentes se comportan indebidamente con los extranjeros pero no es un problema que sucede todos los días, mi prioridad es mermar los crímenes, luego brego con los extranjeros”, expresó Díaz Colón.

Según una encuesta realizada por la Universidad del Sagrado Corazón un 78 por ciento de las personas encuestadas contestaron que opinan que la Policía de Puerto Rico muestra discrimen contra inmigrantes dominicanos y casi un 80 por ciento de los encuestados opinaron que la Policía no conoce los derechos de los inmigrantes.

Las denuncias por la existencia de un patrón de discrimen y abuso policial contra inmigrantes dominicanos no son nuevas. En el año 2002, el ex cónsul de la República Dominicana, Rolando Acosta, le exigió al alcalde de San Juan, Jorge Santini, una investigación formal de diversas denuncias formuladas por ciudadanos dominicanos.

Ante la falta de resolución del alcalde de San Juan, Acosta buscó la intervención de la Oficina del Procurador del Ciudadano, agencia que atendió de inmediato la preocupación del ex Cónsul e inició una investigación con relación a varias denuncias omitidas por Santini.

Entre la información recopilada por la Oficina del Procurador del Ciudadano se encontraron varias evidencias de manifestaciones indebidas de policías adscritos a la división de San Juan contra los residentes.

Dentro de la investigación hecha por la Oficina del Procurador del Ciudadano se encontró el caso de Rubén Darío Perdomo, quien fue detenido por agentes de la Guardia Municipal, mientras esperaba en una plaza que lo fueran a buscar para ir a laborar en el campo de la construcción.

También se encontró el caso de Fabia Simé Santos, residente legal, quien fue intervenida al salir de un establecimiento de comida y al no tener sus documentos migratorios con ella en ese momento fue llevada al cuartel con acusaciones de ser inmigrante indocumentada.

Asimismo, Wander Rodríguez fue detenido por conducir un vehículo con el volumen de música muy alto y también fue escoltado hasta el cuartel con acusaciones de migración ilegal.

En el informe también se describieron situaciones de hostigamiento, discrimen racial, burlas y atropellos.

Casi una década ha pasado desde que se difundió este informe y siguen en aumento las denuncias de ciudadanos dominicanos ante los representantes de su país, declarando discrimen y abuso de agentes de la Policía adscritos a la división de San Juan.

Al momento de iniciar el informe, el procurador Carlos López Nieves, le solicitó a la Policía implementar por escrito una política para las intervenciones con extranjeros, que esté de acuerdo con leyes de inmigración, sin menoscabar los derechos humanos de estos ciudadanos en Puerto Rico.

Según estadísticas de la Oficina del Procurador del Ciudadano, la cifra de reclamaciones de ciudadanos inmigrantes contra la Policía de Puerto Rico por alegados abusos ascendió a 87 en este año fiscal, sin contar aquellos que no se atreven a reportar el caso por miedo de ser deportados a su país.

Romelinda Grullón, presidenta del Centro de la Mujer Dominicana, admitió que a su oficina han llegado casos en que uniformados han entrado a establecimientos comerciales, propiedades de ciudadanos dominicanos y le han exigido a sus dueños sus documentos de residencia y estatus migratorio.

“Ese es el pan nuestro de cada día. Los policías le piden la residencia a los ciudadanos dominicanos cuando los intervienen, cosa que es totalmente ilegal”, aseguró Grullón. Además, dijo que los agentes locales no tienen autoridad legal para exigir ese tipo de documentación que es de estricta jurisdicción del Gobierno Federal.

La violación de los derechos a los inmigrantes indocumentados no es exclusiva de la Policía de Puerto Rico. Grullón explicó que se ven casos de agentes de la Policía que violan los derechos de ciudadanos dominicanos constantemente, pero que además de la Policía existen otras agencias gubernamentales que también le violan los derechos a la comunidad dominicana. Ante las reclamaciones de varios ciudadanos dominicanos los funcionarios se muestran indiferentes a las situaciones que enfrenta esta comunidad.

Grullón también comentó sobre el caso reciente de una mujer dominicana indocumentada que estaba a punto de parir y médicos de un hospital, que prefirió no mencionar el nombre, no la quisieron atender y la denunciaron ante los agentes de inmigración. En este caso se le negaron los servicios por no tener la Reforma de Salud, “en franca violación a los derechos humanos”, expresó Grullón.

En el caso de violencia doméstica en contra de las inmigrantes que están ilegalmente en el País, están condicionadas por su estatus migratorio y no pueden acudir ante las autoridades para presentar una denuncia. Grullón señaló que ocho de cada diez mujeres que acuden al Centro están en la Isla de manera irregular, lo que las hace más vulnerables, ya que las amenazan con llamar al Servicio de Inmigración. “De cierta manera están destituidas de la Ley 54, se les violan sus derechos de diferentes formas” expresó Grullón.

Según un diario de San Juan, el pasado 12 de septiembre, agentes de la División de Drogas intervinieron en una gallera en Río Piedras que es altamente frecuentada por dominicanos. En este operativo la Policía arrestó a aproximadamente 75 personas que participaban de la actividad.

El portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, solicitó al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, que investigue el incidente, que culminó con la agresión policial contra una ciudadana dominicana. Rodríguez señaló que la Policía puertorriqueña despojó además de su dinero a los dominicanos que participaban en la actividad.

Ante esta eventualidad, todavía no se ha investigado el incidente y aun se desconoce si está en agenda un proyecto para minimizar las intervenciones indebidas por parte la de Policía de Puerto Rico hacia los inmigrantes indocumentados.

Mañana: el tráfico y trata de extranjeros indocumentados en Puerto Rico.

Real la trata humana en Puerto Rico

Nota del editor: Segunda parte de una serie sobre la inmigración indocumentada en la Isla. Hoy se investigará el tráfico y la trata de extranjeros indocumentados en Puerto Rico.

Frecuentemente ciudadanos extranjeros son engañados con ofertas de empleo en Puerto Rico a cambio de viajar ilegalmente a la Isla para trabajar en sectores que constituyen una fuerza de trabajo barata, vulnerable y sin derechos laborales, al margen de las leyes y regulaciones laborales de Puerto Rico. De esta manera, muchos trabajadores inmigrantes ingresan a la llamada trata de personas.

En Puerto Rico, una de las formas más comunes de trata es la prostitución infantil. Son muchos los casos de niños quienes son obligados, especialmente por sus padres indocumentados, a sostener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Éste es el caso de Liza Martínez, quien al igual que su hermana era vendida por dinero. Su testimonio describe la explotación sexual a la que fue sometida desde niña. De recién nacida fue abandonada junto a su madre y hermana mayor por su padre, quien había emigrado ilegalmente junto a su esposa. Su madre se dedicaba a la prostitución y desde que Martínez tenía 5 años comenzó a explotarla sexualmente.

“Cuando yo era más pequeña me acuerdo que me encerraba a mi y a mi hermana en un cuarto, nos amarraba a las camas y a ella le daban 100 pesos y los hombres tenían relaciones con nosotras”, relató Martínez. Martínez es usuaria de drogas y se prostituye para sufragar los gastos de su vicio. Sin embargo, a sus 44 años de edad, el fantasma de la familia que la explotó todavía la persigue.

En Puerto Rico, la mayoría de los funcionarios del gobierno han reconocido lentamente los indicadores de la trata de personas. Los funcionarios que trabajan en asuntos de inmigración como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés,  enfrentan el desafío de localizar inmigrantes indocumentados víctimas de trata. Muchos ven a estos inmigrantes como simples inmigrantes clandestinos y no como futuras víctimas de labor forzada y prostitución.

El ICE y el Border Patrol, agencias que regulan las inmigraciones en Estados Unidos y Puerto Rico, mantienen poca o ninguna estadística de la trata de personas. Algunos datos se encuentran, generalmente en el contexto de deportaciones, pero ellos proporcionan información limitada. El número de mujeres extranjeras detenidas por prostitución por funcionarios puertorriqueños es muy notable. En el año 2009, hubo un total de 1,819 detenciones; en el 2010 el número fue de 1,566. Estos datos representan un aumento considerable en comparación con años anteriores según informes realizados por el ICE.

A pesar de que estos datos no son clasificados por nacionalidad, la percepción pública es que la mayoría de las personas detenidas son dominicanas que se encuentran ilegalmente en el país, lo que incrementa su vulnerabilidad de ser controlados por los traficantes.

El sargento José Meléndez, policía municipal de San Juan, indica que este renglón se ha convertido en un turismo sexual más sofisticado, y que se ha transformado en un difícil manejo para la Policía.

“Este problema se ha convertido en uno de costo-efectividad, ya que se pueden invertir $5,000 de fondos confidenciales para gastos de investigación y no se resuelve nada. Del cliente nada se sabe, o sea, si la prostituta no estuviera ahí no hubiera prostitución, según el Departamento de la Policía”, aseguró Meléndez.

El primer caso público significativo de trata de personas en Puerto Rico ocurrió en enero del 2006. Las autoridades federales estadounidenses llevaron a cabo una redada en una granja de camarones en el municipio de Dorado donde se informó que inmigrantes ilegales estaban en cautiverio y sujetos a trabajos forzados. La redada tuvo como resultado la detención de 13 ciudadanos dominicanos y 13 hondureños que estaban en el país ilegalmente. A este caso se le conoce como Caso Productos Marinos Eureka.

De acuerdo a un estudio presentado por el Comité Dominicano de Derechos Humanos en el 2008, Puerto Rico ha demostrado ser un punto estratégico para estos crímenes ya que no cuenta con una legislación dirigida a prevenirlos o penalizarlos. “La escasa legislación existente y la falta de fondos asignados dificulta asimismo la implementación de una política pública”, según Frank Pérez, quien trabaja para el Comité de Derechos Humanos.

Pérez detalla las particularidades del comercio de tráfico de personas en Puerto Rico como ofrecer albergue y transportación a quienes se atreven a desafiar el Canal de la Mona en embarcaciones ilegales hacia Puerto Rico y la falsificación de documentos para tratar de conseguir empleo.

Como territorio de Estados Unidos, Puerto Rico está bajo la jurisdicción de las leyes federales de los Estados Unidos, las cuales sancionan el crimen de trata de personas. Por ende, Puerto Rico está sujeto a la legislación existente contra la trata de personas aprobada por el Congreso de los Estados Unidos.

La Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico de Seres Humanos y la Violencia (2000) intenta combatir la trata de personas, especialmente la trata sexual, la esclavitud, y la servidumbre involuntaria, y para reautorizar ciertos programas federales para prevenir violencia contra mujeres y niños inmigrantes.

Tan reciente como el pasado sábado 17 de septiembre un joven dominicano, de 19 años, identificado como Braulio Santana Beltré, fue arrestado por intentar introducir a 13 cubanos a la Isla por un contrato de tráfico de humanos según un diario de San Juan.

Aunque en Puerto Rico se conocen casos de tráfico de humanos, se le presta poca atención. Además, no todas las formas de trata como se definen en las leyes federales se conocen como tal por el gobierno de Puerto Rico.

Según el Secretario de Justicia, Guillermo Somoza, el problema de tráfico de humanos no le corresponde al Departamento de Justicia. “Eso le toca al Servicio de Inmigración y Aduanas”, respondió Somoza. Según Somoza, Inmigración y Aduanas es la agencia a cargo de todas las regulaciones de inmigración en la Isla.

Sin embargo, en cuanto a la inmigración ilegal, el ICE sólo se ocupa de localizar inmigrantes ilegales y de deportación, no de intervenir con las personas que los trafican y los exponen a la explotación laboral, según Jeffrey Quiñones, oficial encargado del Border Patrol en Puerto Rico.

“Nosotros localizamos a los inmigrantes indocumentados, pero lo que sucede en la Isla como la trata de personas se debe encargar el gobierno de la Isla”, explicó Quiñones.

Ante la negligencia del gobierno de no reconocer quién debe asumir las responsabilidades de intervenir en casos de tráfico y trata humana, muchos inmigrantes sufren de explotación laboral.

Los dominicanos constituyen el grupo de extranjeros más propensos y vulnerables al tráfico y trata de personas en la Isla. Además, son más propensos que otros trabajadores  a laborar en condiciones deficientes y desprotegidas por las leyes del país receptor.

Mañana: el hacinamiento entre indocumentados y cómo esto presenta un problema de seguridad y de salud.

Donde cabe uno… ¿caben 100?

Nota de Editor: Tercera parte de una serie investigativa sobre la inmigración indocumentada en la Isla. Hoy se investigará el hacinamiento entre indocumentados y cómo esto presenta un problema de seguridad y de salud.

Imagínese tener que vivir con su familia en un apartamento de tres cuartos junto a otras dos familias, sumando un total de 14 personas en un apartamento. Compartir sala, comedor, cocina y un sólo baño. Tener que exponer a sus dos niños pequeños a enfermedades y a vivir entre basura por no poder sufragar los gastos de una mejor calidad de vida.

Estas son las condiciones de vida de Wanda Ubiñas, madre de dos niños y residente de Barrio Obrero en Santurce. Ubiñas vive junto a sus dos hijos, Sebastián, de 5 años, José Daniel, de 2 años,  y su pareja Noel Colón, en un apartamento que comparte con dos familias más.

Esta madre anhela poder sacar a su familia de las condiciones en que viven. Sin embargo, su salario como técnica de uñas no se lo permite. “Todos los días me levanto con la esperanza de ganarme la loto o conseguir un mejor trabajo para irme de aquí. A mí me da asco tener a mis hijos en esta pocilga”, exclamó Ubiñas.

Durante un recorrido por el apartamento, Ubiñas mostró los restos de comida que cubrían el piso de su cocina, la basura que se desbordaba de los zafacones y, por si fuera poco, los insectos que merodeaban por su hogar.

“He intentado hablar con mis vecinos, explicarles que tengo dos pequeños que se pueden enfermar, pero ellos no hacen caso a esas cosas, que va, a ellos solo les importa lo suyo.  Aquí todo el mundo solo se preocupa por lo suyo”, dijo Ubiñas.

Ubiñas explicó que en numerosas ocasiones le ha pedido al arrendador que hable con los demás residentes del apartamento, pero éste ha hecho caso omiso a sus quejas. “A él no le importa nada, a él lo que le importa es que le paguen la renta”.

Su compañero consensual añadió  que existe falta de seguridad en el apartamento. Viven en un segundo piso y al balcón le falta las rejas a causa de un huracán y hay un panel de electricidad expuesta en la sala. “A mí lo que me da miedo son los nenes, al grande uno le dice y obedece pero el más pequeño no sabe y puede tocar ese panel”, afirmó Colón.

Entre los muchos problemas que trae el hacinamiento está la salud de los que conviven en estas casas. Ubiñas explicó que el más pequeño de sus hijos padece de asma, lo que ha provocado salidas tarde en la noche o de madrugada hacia el hospital. “¡La mugre en esta casa no se va! Yo trato de limpiar y mantener las cosas ordenadas pero si las otras diez personas que viven con nosotros no ayudan esto nunca se va a acabar”, exclamó Ubiñas.

Ubiñas viajó clandestinamente hacia Puerto Rico en el 2006 cuando apenas tenía cuatro meses de gestación. Su compañero es puertorriqueño y residente legal del País.

Jorge Duany, decano del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras, explicó que el alto flujo de migración indocumentada hacia la Isla es uno de los factores que contribuye al crecimiento desmedido del hacinamiento en San Juan.

“Los inmigrantes que viajan ilegalmente hacia Puerto Rico emigran la mayoría de las veces por factores políticos y económicos, muchos de ellos llegan sin dinero, no tienen mucha opción que vivir en estas hospederías que le ofrecen a bajo costo”, recalcó Duany.

Según una investigación hecha por Duany, aún en las comunidades especiales existe el problema de hacinamiento. Hay un sinnúmero de inmigrantes indocumentados que viajan a la Isla clandestinamente que ya tienen familiares o conocidos que residen en comunidades especiales y les ofrecen albergue.

“En la comunidades especiales se ve el hacinamiento también. Una vez se le otorga a una familia una casa en una comunidad especial ahí meten a sus tíos, sobrinos, abuelos, a toda la familia. La única ventaja que tiene es que están en familia y no con desconocidos”, expresó Duany.

La Ley de Vivienda Federal, tiene como propósito la eliminación de la vivienda inadecuada. Para proveer vivienda de interés social a partir de 1952 la Housing and Urban Development (HUD), agencia federal que regula las viviendas, emitió bonos con un balance de $317,706,154 al 30 de junio de 1980. Esto permitió financiar la construcción de aproximadamente 183 proyectos de Vivienda Pública con un total de 31,420 unidades.

Sin embargo, en el año 2006 la Agencia Federal de Vivienda le asignó a Puerto Rico $152 millones para el desarrollo de viviendas y solo se han desarrollado 15,762 unidades.  Según estadísticas del Departamento de Vivienda el resto de los fondos asignados aún no han sido utilizados para el desarrollo de viviendas públicas.

Según el Censo del 2000, de las 1,017,263 viviendas que hay en la Isla, 244,062 enfrentan problemas de hacinamientos.

A pesar de que se le han asignado fondos al gobierno de Puerto Rico y los mismos no han sido utilizados, Duany explica que esto no resolverá el problema de hacinamiento entre los inmigrantes indocumentados, ya que muchos inmigrantes no pueden buscar estas ayudas federales porque serán deportados a su país. “Le están violando los derechos humanos al no prestarle sus servicios, pero prefieren deportarlos y que sean problema de su país en vez de tratar de ayudarlos”, señaló Duany.

Según Shelly Castro, quien trabaja para la Administración de Reglamentos y Permisos en San Juan, no se mantiene ningún tipo de estadística sobre hacinamientos en Puerto Rico. “Si no hay estadísticas ni información, es como si no existiera el problema. Cuando los funcionarios del gobierno que tienen la potestad para hacer algo por este problema reconozcan que muchas personas sufren de esta condición, entonces se podrá hacer algo por ellos”, indicó Castro.

Según Castro, muchos de los dueños de estos apartamentos y casas no tienen los permisos requeridos por el Departamento de Vivienda para convertir sus propiedades en Hospederías. No obstante, en una investigación hecha por un diario de San Juan, se determinó que para el Censo del año 2000 se eliminaron todas las secciones vinculadas con las condiciones de vivienda y hacinamientos.

Ante esta falta de información sobre los hacinamientos y condiciones de vida, muchos inmigrantes se convierten en chivos expiatorios pagando las culpas del gobierno.

Han ocurrido muchos casos de incendios que le han quitado la vida a ciudadanos nacidos en el País, a inmigrantes indocumentados y que  son provocados por las condiciones de hacinamiento, como ocurrió en el mes de julio del 2006 cuando tres personas murieron a causa de un incendio en una casa hacinada en Barrio Obrero.

Sin embargo, Pedro Vázquez, jefe de Bomberos interino, explicó que el Cuerpo de Bomberos no es una agencia sancionadora y no tiene la autoridad en ley para emitir una orden de cierre permanente de un establecimiento. “Lo más que podemos hacer es darles una multa o darles orden de cierre por 24 horas, fuera de ahí no podemos hacer nada al respecto”, afirmó Vázquez. Según Vázquez, la Administración  de Reglamentos y Permisos es la agencia correspondiente que debe mediar en el asunto.

Diciembre 2011