Control de armas... o cómo recibir una pistola por correo mientras esperas por tu licencia de armas

Por Eric De León Soto

Estudiante de Periodismo de la USC

EDITORIAL

         En 1791 la recién nacida nación bajo el nombre de Estados Unidos de Norte América ratificó las primeras diez enmiendas a su constitución. La primera de estas diez garantizó a todo ciudadano el derecho a la libre expresión; la segunda concedía el derecho de portar armas a todo ciudadano. Aunque es cierto que al tiempo de la ratificación de la constitución, Estados Unidos carecía de los recursos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos mediante una fuerza de ley y orden, este derecho garantizaba la defensa de la ciudadanía ante cualquier mal, extranjero o doméstico.

         En 1898 Estados Unidos invade a Puerto Rico y 54 años después se establece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuyo séptimo artículo establece que cualquier enmienda realizada a la constitución debe ser acorde con la Constitución de Estados Unidos. Con esto en mente, el derecho de portar armas es, como cualquier otro derecho dentro ambas constituciones, completamente válido en Puerto Rico.

         Aunque en Estados Unidos este derecho ha provocado dolores de cabeza debido a la pobre regulación existente, en Puerto Rico la sobre regulación en cuanto al control de armas ha hecho que este derecho se convierta en un privilegio exclusivo a aquellas personas que tienen el dinero necesario para invertir en certificaciones, sellos y servicios legales.

         El debate sobre el control de armas ha recibido mucha atención con las masacres ocurridas en Aurora, Colorado y en Newtown, Connecticut. Aun así, éste sigue siendo uno extremadamente controversial tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. 

         Pero un derecho constitucional sigue siendo un derecho constitucional. En Puerto Rico los portadores de armas pasan por un proceso arduo y necesario para probar ante el estado su competencia y demostrar su conocimiento sobre cómo y cuándo manejar un arma letal.

         Los costos incurridos en el proceso de obtener una licencia de armas en Puerto Rico son inaceptables e inconstitucionales. Aunque los requisitos para portar un arma son un ejemplo excepcional para evitar que las armas de fuego caigan en manos incompetentes y criminales, la Ley de Armas debe ser enmendada para disminuir el precio de los procesos y para combatir el tráfico de armas ilegales por internet.

Armas que llegan en partes hasta el buzón

Este es el primero de una serie de tres reportajes sobre el control de armas ilegales y legales en Puerto Rico. En este reportaje expondremos el esquema de armas por correo.

         El creciente problema de la importación de armas ilegales ha probado ser uno sumamente difícil para los agentes de ley y orden quienes ahora se enfrentan con la entrada de armas por el servicio postal.

         Según Jorge Rivera, agente de la fuerza de choque de la Administración de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), en Puerto Rico el uso del correo para obtener armas de fuego ha existido por un tiempo. “Sea que tengan un familiar o un asociado allá afuera donde pueden comprar el arma legalmente, o sea entrando a la Internet y comprándola en “Ebay” o en partes, usan el correo para que lleguen aquí”, indicó Rivera.

         De igual forma, el agente de la Policía, William Ruiz Borrás, también confirmó esta ocurrencia y añadió que desde el 2008 ha habido un aumento en el arresto de personas que se dedican a ensamblar armas. Según Ruiz Borrás estas personas compran partes individuales para después montarlas y venderlas a doble precio en la calle.

         En el presente la compra de armas enteras por Internet tiende a ser más regulada y controlada, muchas veces requiriendo que la persona vaya a su armero local para completar la compra. Pero en el caso de la compra de partes individuales de un arma de fuego, el proceso es mucho más liberal.

         “Lo que vemos es que son personas sencillas y normales que a través de Internet  y el correo federal cometen el delito de producir estas armas”, señaló Ruiz Borrás.

          El proceso de la compra de partes de armas de fuego por Internet se puede realizar con suma facilidad a través de varias páginas de Internet dedicadas a la venta de partes. Entre estos, www.gunpartscorp.com se destaca por tener en inventario todas las partes necesarias para una variedad de pistolas, revólveres, rifles y hasta ametralladoras con un documento electrónico que instruye sobre el proceso de ensamblar el arma. 

Para lograr efectuar la compra, la página solo pregunta por nombre y apellido, dirección, estado, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Pero aunque la compra de armas y sus partes es menos regulada por los diferentes estados de los Estados Unidos, la página aún incluye a Puerto Rico dentro su encasillado de estados a elegir.

Como consecuencia de la facilidad de adquirir las partes por Internet, Ruiz Borrás destacó que estas personas son acusadas por fallas al capítulo cinco de la Ley de Armas que detalla que toda persona que se dedique al negocio de ensamblar y distribuir armas, sin licencia de armero, tendrá un término fijo de 15 años en cárcel.

Aun así, la Ley de Armas actualmente no incluye un inciso ni una enmienda dedicada a tratar la modalidad de importar armas o partes de armas por Internet sin una licencia de armas. De igual manera, actualmente no existen esfuerzos activos en la Legislatura para tratar este problema.

Por otro lado, la Policía ha decidido tomar acciones más efectivas a la hora de combatir el tráfico de armas ilegales, combinándolo con esfuerzos de tráfico de droga. En el 2010 el Cuartel General de la Policía ha transferido sus labores relacionadas al tráfico de armas ilegales al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) quienes ahora mantienen la Oficina de Drogas y Armas Ilegales.

Según Ruiz Borrás, quien administró la división de armas ilegales en el Cuartel General, la absorción se debe al hecho de que los delitos de tráfico de armas están muy ligados a delitos de tráfico de drogas. “Los contratos del bajo mundo se sellan con la vida. O sea, si el criminal no vende la droga o si no cumple con órdenes, pues paga con su vida”, explicó Ruiz Borrás.

El agente añadió que la unificación de ambos cuerpos fue exitosa para la Policía quienes a menudo y aún todavía incautan drogas y armas en grandes cantidades con gran frecuencia. Aun así, los esfuerzos dedicados a combatir directamente el tráfico ilegal de armas a la Isla sigue siendo un problema complicado.

Aunque la tendencia de partes de armas por correo sigue en aumento, el agente Rivera de la ATF y el agente Ruiz Borrás de la Policía, coinciden en que los métodos tradicionales de importación de armas siguen activos y sin un control adecuado.

La importación mediante contenedores marítimos continúa siendo una de las vías para la entrada de drogas y armas. Aunque en el caso de drogas existe más vigilancia que incluye el uso de perros detectores de drogas, las armas solo pueden ser detectadas mediante un escáner. Ruiz Borrás señala que no todos los furgones son inspeccionados debido a que el proceso es uno largo que tiene el potencial de detener la importación de bienes a la Isla.

Otra de las vías de entrada de armas ilegales a la Isla lo ha sido por embarcaciones marítimas que llegan del exterior. “Vienen de los Estados Unidos o de Sur América con todo tipo de arma hasta aquí”, informó Ruiz Borrás.

Esta tendencia también ha logrado ser una difícil de combatir, según Rivera, quien señala que la transportación de armas vía marítima tiende a ser mucho más difícil para interceptar.

Aun así, la Policía no cuenta con los recursos necesarios para combatir el tráfico de armas en el mar. En el año 2012, la Policía solo contaba con dos embarcaciones marítimas; actualmente cuentan con cuatro. Ruiz Borrás señala que aunque la Policía de Puerto Rico cuenta con el conocimiento para lograr combatir el tráfico de armas, la dificultad en detectar armas ilegales, combinada con la escasez de recursos necesarios para detener la entrada de éstas, hace que esto sea un problema realmente difícil para erradicar.

En el reportaje de mañana se explorará el proceso de obtener un arma por vías legales y la actual controversia que lo rodea.

Proceso costoso e inconstitucional

Hoy continúa la serie de reportajes sobre el control de armas legales e ilegales. En este reportaje se presenta la inconstitucionalidad que rodea el proceso de obtener una licencia de armas.

         En Puerto Rico la alta regulación en el proceso de expedir licencias de armas le cuesta una gran cantidad de recursos a la Policía mientras que el alto precio de obtener el permiso bordea en lo inconstitucional.

         El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, señaló que el actual proceso para obtener una licencia de armas es uno altamente regulado que usa demasiados recursos de la Policía para corroborar la competencia del solicitante.

“Basado en lo que tenemos, el proceso se puede mejorar”, manifestó Pesquera, quien añade que con el proceso actual una gran cantidad de agentes son enviados a investigar a solicitantes.

         Las solicitudes para licencias de armas han aumentado en los pasados años. Según informes estadísticos de la Policía, en el año 2012 se habían expedido 60,636 licencias, mientras que hasta el presente se han expedido aproximadamente 63,411.

         La Ley de Armas encomienda a la Policía a ser el organismo principal en la investigación de casos para solicitudes de licencia de armas y también el encargado en emitir dicha licencia. Actualmente, el proceso de investigación tiene una duración de cuatro meses antes que la solicitud sea aprobada por la Policía.

         Aun así, la Ley de Armas también requiere al solicitante entregar a la Policía un certificado negativo de antecedentes penales, ser declarado mentalmente sano por un tribunal, no ser adicto a drogas ni alcohol y no estar bajo una orden de restricción.

         Según William Ruiz Borrás, agente de la Policía de Puerto Rico, el proceso tiende a ser demasiado a la hora de incluir la investigación individual que realiza la Policía. “Hoy en día no hay un balance. Con lo que trae el solicitante a nosotros ya podemos confirmar que la persona no va causar daño”, señalo Ruiz Borrás.

         El agente también destacó que, a su entender, a ninguna persona que ha solicitado la licencia de armas con todos los documentos necesarios se le ha denegado la solicitud.

         No obstante, según una encuesta realizada en la Armería Lawman, en Bayamón, un 53 por ciento de los participantes encuentran el proceso muy complicado. Aunque el proceso de adquirir una licencia de armas en Puerto Rico se posiciona como el más regulado en los Estados Unidos, los altos precios para obtener el permiso es el problema más controversial entre aquellos que desean obtener un arma por la vía legal.

         En promedio, el costo para obtener una licencia de armas aproxima los $500. Los costos que componen esta cifra incluyen un sello de rentas internas a favor de la Policía de $100, un sello federativo de $150, un comprobante de rentas internas de $100 y la inscripción a un club de tiro junto a un curso de entrenamiento y manejo de un arma de fuego que puede llegar a costar $100.

         Aun así, la licencia de armas solo permite el individuo usar su arma para defender su hogar y para practicar en el campo de tiro. Según la encuesta, un 80 por ciento favorece la portación pública de un arma de fuego.

         A la licencia de armas se puede añadir un permiso de portación civil que permite tener un arma de fuego de manera no visible en público. Este permiso es expedido por el Tribunal con requisitos similares a los de obtener una licencia de armas. Por lo general, el proceso, que se realiza junto a un abogado, es mucho más costoso, rondando los $1 mil por el proceso entero.

         Según estadísticas de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT), para el fin del año 2011 había 1,490 casos pendientes para obtener un permiso de portación para el año 2012.

         Para muchos portadores de armas, la queja mayor proviene de este alto precio. “No es que esté de más, es que hay gente que no tiene la posibilidad de gastar tanto dinero”, sostuvo José Jiménez, instructor de tiro al blanco de la Armería Ponce de León. Mientras que Jorge Cruz Ortiz, instructor de tiro al blanco del Humacao Shooting Club,  considera que: “Es un derecho convertido en privilegio”.

         El licenciado Rafael Caballero, abogado encargado de solicitudes en la Armería Ponce de León, considera el proceso como uno adecuado. Pero también sostuvo: “Los costos que se incurren a la hora de solicitar la licencia de armas o el permiso de portación son casi inconstitucionales”.

         Ruiz Borrás está entre las voces que repudian los altos costos de la licencia de armas. “Es el único derecho en el que tenemos que pagar”, determinó el agente y añadió: “No es un derecho para ricos, es un derecho para todos”.

         “Virtualmente todos los crímenes con armas de fuego en Puerto Rico son producto de armas ilegales y no de armas legales”, manifestó Ruiz Borrás, quien fue también director de la División de Armas Ilegales de la Policía de Puerto Rico. El agente criticó las medidas excesivas que actualmente existen considerando que toda persona que posee un arma legalmente tiene el entrenamiento necesario para usar el arma correctamente. “Lo podemos hacer a sano juicio. Tenemos una obligación de proteger nuestra propiedad”, destacó Ruiz Borrás.

         El hecho de que el entrenamiento que reciben a la hora de solicitar la licencia de armas sea efectivo es corroborado por varios instructores. Jiménez señaló que en 28 años de ser instructor ha sido consultado en casos de defensa personal y en todos los casos ha validado el entrenamiento del portador. “Hasta el día de hoy nadie que tuvo el curso conmigo ha matado a otra persona”, sostuvo Jiménez.

         Para muchos, el derecho de portar armas se ha vuelto en una necesidad. Cruz Ortiz señala que la actual situación criminal ha llevado a muchas personas a solicitar el permiso con propósitos de defensa personal. José Berríos, instructor de la Armería Ponce de León, manifestó: “Los que manejan mal un arma la usan mal. Toda persona con licencia sabe manejar una pistola”.

En el reportaje de mañana se presentarán los esfuerzos del Senado para aumentar la regulación de armas y los esfuerzos para hacer el proceso constitucional.

Más regulación a lo ya regulado

Hoy culmina la serie de reportajes sobre el control de armas legales e ilegales en Puerto Rico. En este reportaje se presentarán los esfuerzos senatoriales para aumentar y disminuir la regulación de armas

         Mientras el proceso de adquirir una licencia de armas continúa siendo uno casi inconstitucional, el Senado de Puerto Rico se prepara para añadir más controles a la Ley de Armas.

         El presidente del Senado, Eduardo Bhatia Gautier presentó en enero pasado dos proyectos controversiales para enmendar la actual Ley de Armas que no han sido recibidos positivamente por portadores de armas. El P. del S. 2 limita a cinco días el periodo de notificación de toda venta legal de armas a la Policía, mientras que el P. del S. 9 busca  prohibir la venta de municiones desde el primero de noviembre hasta el 7 de enero.

         Según expresiones emitidas a un diario de San Juan, Bhatia Gautier asegura que no tiene: “…una agenda antiarmeros”. Aun así, las críticas a los proyectos de ley se concentran en el P. del S. 9 ya que el prohibir la venta de municiones entre los meses de noviembre y enero afectaría gravemente la temporada de caza.

         Carlos Domínguez, gerente de la Armería Ponce de León, se opone al proyecto ya que sería “extremadamente perjudicial”, no solo a su negocio, sino que también a los cazadores. Domínguez confirmó que en la semana de enero en que este proyecto de ley se presentó el inventario de municiones de la Armería Ponce de León fue completamente vaciado por portadores preocupados por el proyecto.

         Domínguez también expreso las dificultades que resultarían si se aprueba el P. del S. 2.  Según el gerente de la armería, con el creciente número de clientela que recibe, el tener que registrar toda transacción con la Policía en tan poco tiempo le forzaría a limitar la cantidad de ventas de armas que pueda realizar para poder notificarlas en el tiempo requerido.

         Hasta el momento, las enmiendas a la Ley de Armas presentadas al Senado están enfocadas en limitar los ya limitados derechos de los portadores de armas. Entre los senadores que se oponen a las acciones del Presidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, senador por el distrito de Bayamón, se encuentra entre los más ferverosos.

         Aunque el senador Ríos no quiso emitir su opinión sobre los proyectos de ley, afirmó que las ideas entre Bhatia Gautier y él sobre el control y regulación de armas son “Diametralmente contrarios”.

         Ríos Santiago también fue punto de controversia el año anterior debido a su proyecto de ley que buscaba facilitar el proceso de obtener una licencia de armas y bajar el precio a $20. El P. del S. 2466, conocido como Ley Constitucional de Armas de Puerto Rico, tenía como propósito derogar la actual Ley de Armas para hacer que el proceso de obtener un permiso de armas sea acorde con la segunda enmienda de la constitución federal.

         “El actual proceso para adquirir un arma raya en lo inconstitucional”, afirmó Ríos Santiago. Según el Senador, el actual precio para adquirir la licencia de armas y el permiso de portación impiden que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos debidamente.

         También criticó que la actual Ley de Armas le limita recursos a la Policía a la hora de tener que investigar los casos de solicitud sin compensar a la Uniformada debidamente, pues el P. del S. 2466 mantiene casi todos los requisitos para obtener una licencia de armas que le permitiría al individuo portar su arma en público de manera no visible.

         Portadores de armas favorecieron el proyecto de ley, mayormente por la baja en el precio de obtener la licencia. Jesús Delgado, practicante del tiro al blanco, expresó que el proyecto es una buena idea: “…ya que ésta fue una de las inversiones que más me costó y que menos me arrepiento”. José Berríos, instructor de la Armería Ponce de León, manifestó: “No sabes cuanta gente conozco que no se deciden a sacar la licencia porque no tienen el dinero”.

         En el presente, el P. del S. 2466 fue descartado con la nueva Asamblea Legislativa.  Aun así, el senador Ríos Santiago afirma que el proyecto sigue vivo. “Ahora estamos en proceso de realizar cambios al proyecto para hacerlo conforme a los intereses de todos”, sostuvo Ríos.

         Al ser preguntado sobre cuando estaría presentando de nuevo el renovado proyecto de ley, el senador Ríos Santiago se negó a especificar cuándo, pero afirmo que sería pronto.

Mayo 2013