La gente invisible

Nicole E. Pujol Rivie

Estudiante de Periodismo de la USC

EDITORIAL

         Todos los días nos miran con los ojos llenos de dolor, necesidad, cansancio, tristeza, rabia y seguimos nuestro camino sin pensar dos veces en lo que estamos viendo porque no nos gusta. Ya no podemos hacernos los que no les importa, los que no les afecta, los que no lo ven, la realidad nos lleva persiguiendo por mucho tiempo y es hora de afrontarla. 

         En ésta, nuestra isla del encanto, hay situaciones que no son placenteras para ver, pero son peores para vivir. El aumento en la cantidad de personas deambulantes en las calles de Puerto Rico ya no es algo que podemos dejar pasar. Se estima que en la Isla hay sobre 30 mil personas sin hogar y el número va en aumento.

         Nos indignamos como pueblo cuando los servidores públicos nos engañan, nos indignamos como pueblo cuando programas de farándula convierten una situación seria y triste en un chisme barato y sucio, nos indignamos como pueblo cuando las masacres no paran y hasta cuando discriminan contra un pobre perro por su raza. ¿Acaso no deberíamos estar indignados porque se violan los derechos más básicos de un ser humano todos los días por su condición de pobreza, por su enfermedad mental, por su adicción? ¿Cuándo diremos basta ya? ¿Cuándo vamos a empezar a exigir respuestas y soluciones? ¿Cuándo vamos a exigir justicia para esos que no pueden?

         Es hora de abrir los ojos y aceptar que el Estado tiene una responsabilidad para y con el pueblo, que no podemos seguir tolerando la mediocridad de nuestras agencias gubernamentales, de los funcionarios electos ni tampoco de nosotros mismos. 

         Es impactante ver imágenes de cuanta gente puede marchar para intentar privar de sus derechos al que no entienden, al que no aceptan, al que no les hace ningún daño, sin embargo nadie dice presente para las protestas sociales que son necesarias.

         Llegó la hora de crecer, de abrir los ojos, abrir la mente, aprender a valorizar, vivimos en una época donde hay tantos cambios sucediendo a la misma vez, la gente anda dejando atrás sus juicios basados en ignorancia y comienzan a cuestionar.

         Vivimos un momento histórico donde los políticos comienzan a buscar legalizar “drogas” y ya a nadie le importa ver a dos hombres besarse.  Estamos en el medio de un momento de cambio social, dejemos el egoísmo, el egocentrismo, la indiferencia y veamos las cosas que están mal.

         Acaso tu dormirías bien en una acera, acaso estarías bien sin tener cómo bañarte por semanas, sin tener qué comer, sin tener con qué abrigarte, sin tener acceso a servicios de primera necesidad, que todos anden mirándote con ojos de repudio, que nadie te dirija la palabra para decirte hola… Ves, tú también discriminas en su contra, pero no importa, nunca es tarde para cambiar y cambiar el mundo.

Delegando el progreso

Éste es el primer reportaje de una serie investigativa sobre el problema de deambulancia en la isla.  Hoy explicaremos datos sobre la dimensión del problema.

                                                                 

         En los pasados años se ha hecho evidente el aumento en la cantidad de personas sin hogar en la Isla y en ocasiones se confunden las fallas de seguimiento en los servicios y ayudas gubernamentales brindados a esta población marginada, con la inexistencia de servicios dirigidos a ellos.

         Actualmente se desconoce la cantidad específica de personas sin hogar en la Isla, existen discrepancias significativas entre la cifra del Departamento de la Familia de 8,419 personas y Agencias Federales que estiman la cantidad en cerca de las 40 mil personas. 

Estas diferencias complican el establecer un perfil concreto de las personas deambulantes en la Puerto Rico, aunque según muestras realizadas durante el 2009 por el Departamento de la Familia se establece que el 78 por ciento de los deambulantes son hombres con edad promedio de 39 años, mientras que el 22 por ciento son mujeres con edad promedio de 24 años.

         Es muy probable que la cifra de deambulantes real esté entre los 30 a 40 mil individuos. En los últimos años ha habido un aumento de personas viviendo en las calles, ya sea por problemas de adicción, salud mental, desempleo o por decisión propia.

         Ante cifras tan elevadas cabe cuestionar si las agencias gubernamentales están haciendo una labor eficiente en cuanto a las personas deambulantes en el País, ya que mediante la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se establece que, “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, edad, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas.”  Por lo que se entiende que el Gobierno de Puerto Rico es responsable de brindar y hacer accesibles ayudas a los sectores más necesitados de la sociedad.

         Con la creación en 1998 de la Comisión para la Implantación de la Política Publica relativa a las Personas Deambulantes, se buscaba identificar los problemas específicos que enfrentan estas personas y desarrollar, en colaboración de 12 agencias, planes para atender los problemas que enfrentan los miembros más pobres de la sociedad, quienes carecen de las necesidades más básicas.

         En el 2007 se creó mediante la ley número 130, el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar, adscrito al Departamento de la Familia. El Concilio está dirigido a atender específicamente las distintas situaciones por las que las personas sin hogar atraviesan diariamente y promocionar los servicios existentes. 

Entre las contribuciones más importantes de esta legislación se encuentra el artículo 5, la Declaración de Derechos de las Personas sin Hogar que garantiza los derechos y los beneficios de las personas sin hogar en áreas tan fundamentales como: albergue adecuado, facilidades higiénicas apropiadas, derechos a recibir servicios nutricionales, atención médica incluyendo desintoxicación y tratamiento para adicción y salud mental, reingreso a la fuerza laboral, protección de los oficiales del orden público, acceso a facilidades públicas, a servicios jurídicos, entre otros.

         La realidad es que aun con la existencia de comisiones y concilios el problema no está ni cerca a estar resuelto. Quedan en la calle desamparadas miles de personas a las que se debería estar brindando servicios de salud mental intensivos, programas completos de desintoxicación que incluyan rehabilitación, vivienda y capacitación laboral.

         “A mí no me gusta andar por la calle pidiendo dinero, pero la realidad es que tengo un vicio con el que llevo años batallando y lo tengo que hacer.  Lo más triste de esta vida en la calle es que uno termina solo. Yo tengo familia, yo visito a mi mamá una vez a la semana...”, explicó Gabriel Campos, de 40 años, deambulante en el área de  Santurce.

         Campos, quien es egresado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, cuenta que en su juventud era atleta y durante una relación amorosa con una persona con “problemas”, ambos terminaron siendo adictos.   Ha logrado controlar su adicción por periodos cortos, durante uno de esos periodos se convirtió en padre.

         “Mi hijo tiene 18 años y no lo veo desde que tiene 6 años. Por él quiero salir de esto, pero no es fácil. El gobierno te mete a un proceso de desintoxicación de ocho días, y ¿sabes lo que hacen después? Te mandan a la calle otra vez y te dicen vuelve tres veces en semana para terapias. Por más que tratas de no caer otra vez, terminas en el punto en menos de una semana.  Las agencias deberían tener una red de servicios más eficiente, porque ¿cómo tiran un adicto sin drogas en el sistema a dormir en la calle?”, agregó.

         Con la implementación de la ley número 131 de 16 de mayo de 2003,  se autoriza al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias e instrumentalidades a contratar con las organizaciones comunitarias y de base religiosa y otras organizaciones seculares con o sin fines de lucro y asignar fondos para proveer asistencia social y económica a personas que cualifiquen bajo las mismas condiciones que cualificarían de solicitarlas directamente al gobierno y para otros fines.

         Dicha ley le permite al Estado y a  sus agencias delegar responsabilidades que le corresponden a organizaciones pequeñas para que se hagan responsables de las personas deambulantes. Y limita los servicios que se brindan a las capacidades de estas organizaciones.  Es decir, que la cantidad de personas en la calle depende entonces exclusivamente de la capacidad de ocupación de los albergues de dichas organizaciones como por ejemplo La Fondita de Jesús, Inc. 

         Según el presupuesto aprobado para 2012 del Departamento de la Familia, el departamento dispone de $8.33 millones provenientes del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal, (ARRA, por sus siglas en inglés) que provienen del Programa de Albergue de Emergencia para Personas Sin Hogar (ESG, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Vivienda Federal (HUD).

         El Departamento de la Familia administra los fondos de este Programa y los hace disponibles a organizaciones sin fines de lucro y municipios que brindan los servicios directos a la población de personas sin hogar a través de un proceso competitivo de entrega de propuestas. Entre otros servicios se les proporciona a las personas sin hogar los servicios de albergue de emergencia y transitorio, y de apoyo que estos necesitan para estabilizarse y lograr su autosuficiencia. Además, provee ayuda para cubrir los costos operacionales de las facilidades que se utilizan como albergue y para la administración de las mismas.

         Puerto Rico tiene un grave problema de pobreza extrema con las personas deambulantes, y el numero parece seguir creciendo. El gobierno se encuentra teniendo fallos en cuanto a la coordinación conjunta entre agencias y quienes actualmente pagan las consecuencias son aquellas personas enfermas y pobres, debido a la delegación de las responsabilidades del Estado a entidades que aunque no se puede negar que hacen excelente trabajo, no cuentan con los recursos suficientes para atender la gravedad del asunto.

Mañana continuará la serie con un reportaje sobre el problema de deambulancia en el municipio de Caguas.         

Reparando el corazón

Éste es el segundo reportaje de una serie investigativa sobre el problema de deambulancia en la isla.  Hoy se discutirá el problema de la deambulancia en el municipio de Caguas.

         El Municipio Autónomo de Caguas (MAC) es uno de los 47 municipios de la Isla que mediante su Código de Orden Publico criminaliza a las personas deambulantes por su condición de pobreza y atenta contra las actividades que éstas realizan en su diario vivir.

         Según un informe publicado por la Coalición Nacional para las Personas sin Hogar y el Centro Nacional de Derecho sobre Deambulación y Pobreza en julio de 2009, los códigos de orden público de al menos 47 municipios criminalizan a las personas deambulantes mediante ordenanzas discriminatorias y multas administrativas que prohíben la realización de actividades del diario vivir de este sector marginado, tales como dormir, comer o sentarse en lugares públicos.

         Los legisladores municipales del MAC, “Centro y corazón de Puerto Rico”, parecen haber dejado sus corazones fuera del proceso de diseñar e implementar el código de orden público del municipio que a través de su  artículo 6.04 “Uso indebido de propiedad”, establece que ninguna persona podrá vaguear, deambular, ni utilizar los sitios públicos o estructuras abandonadas con el propósito de pernoctar permanentemente o frecuentemente, sujeto a multa administrativa de $300.

De igual forma el artículo 6.05 “Mendicidad agravada”, prohíbe la mendicidad en cualquier sitio público de MAC, que resulte en el deterioro de la calidad de vida de la ciudadanía, sujeto a multa administrativa de $250 a $500.

         Los montos de dichas multas son exorbitantes cuando se toma en consideración que la población a la cual van dirigidas son personas que no tienen hogar, en su mayoría adictos o con condiciones de salud mental.

         En una encuesta realizada por estudiantes del Departamento de Comunicación de la Universidad del Sagrado Corazón a 15 residentes de la urbanización San Antonio, en Caguas, el 87 por ciento de ellos dicen no haber conocido sobre la existencia de dichas multas en el municipio y el 60 por ciento dice no estar de acuerdo con la implementación de multas. 

         “Lo que buscamos es evitar que esta conducta resulte en el deterioro de la calidad de vida de los residentes de nuestro municipio”, expresó el legislador municipal Mario Manrique, quien se encuentra sirviendo su primer término en el puesto. “Más allá, entendemos que existen organizaciones que ayudan a este sector marginado a superarse para así lograr salir de las calles”, añadió.

         El MAC ha sido uno de los municipios en los que la policía municipal ha llevado a cabo redadas, en intentos de “limpiar” las áreas donde los deambulantes “residen”, en ocasiones destruyendo y confiscando sus pertenencias, como documentos personales y medicamentos. En el año 2004 redadas realizadas en los municipios de San Juan, Caguas, Yabucoa y Vega Baja resultaron en los arrestos de 17 personas sin hogar por violaciones a las ordenanzas de “Calidad de vida” y la muerte de al menos cinco que fueron atribuidas a las redadas.

         María de los Ángeles Torres, de 46 años, fue una de las víctimas de las redadas de la Policía Municipal de Caguas en agosto de 2012 cuando oficiales derrumbaron la caseta de la entrada de un estacionamiento abandonado donde esta pernoctaba. Torres asegura no ser usuaria de drogas y que con el dinero que recibe por velar los autos ayuda a otros deambulantes.  Varias organizaciones le han ofrecido opciones para moverla a albergues a lo que Torres se niega y continúa pernoctando en el estacionamiento en una caseta de acampar.

         Según la Coalición de Coaliciones de Puerto Rico, se estima que en Caguas hay alrededor de 400 personas deambulando diariamente, por lo que en el 2012 la Secretaría de Desarrollo Humano y la Policía Municipal junto con la Corporación Salud Asegurada para Nuestra Organización Solidaria (SANOS), iniciaron el Plan Colaborativo de Atención a las Personas sin Hogar en el centro urbano de la ciudad.  El plan busca atender las necesidades clínicas y sicosociales de las personas sin hogar, tanto como identificar las necesidades de vivienda de esa población para a través de distintas entidades intentar resolverlas.

         A pesar de la constante labor por parte del municipio para aliviar el problema, las cantidades no han disminuido significativamente. El problema de deambulancia en Caguas tiene, entre otros agravantes, el Programa de Metadona que atiende entre 800 a 1,000 adictos de varios pueblos de la isla. Se estima que cerca del 20 por ciento de ellos no se van del pueblo tras recibir los servicios.

          “Nosotros bregamos con ellos todos los días y es una situación triste. Todos los días hay uno más, casi todos son adictos y se mantienen cerca de áreas donde existen problemas de narcotráfico”, explica el agente William Rosario, de la policía municipal. En cuanto a las multas que impone el Código de Orden Público agregó, “para que les voy a dar una multa, eso no arregla nada. Nosotros nos encargamos mayormente de alejarlos de las escuelas y lugares donde hay mucha gente para que no molesten”.

         José Santiago, de 38 años, deambula por el MAC hace más de 10 años, admite ser usuario de heroína, y VIH positivo.  “Yo traté de salir de esto pero es que no es fácil viviendo en la calle, yo ahora duermo por ahí, si me voy pa’ la plaza, el guardia pasa y me dice que me tengo que ir, porque yo no puedo estar ahí, pero ¿pa’ dónde me voy a ir? Por ahí hay par de sitios que recogen a uno, pero siempre están llenos. Pero me dan comida y ropa limpia”, indicó. 

Santiago explica que nunca ha recibido una multa por parte de Policía municipal, ni ha sido arrestado. “Los guardias pasan mucho, pero es que eso ahí dentro (Sector La Granja) está bien malo. Ellos saben dónde nos sentamos a curarnos, pero no se paran”, senaló.

                   El MAC continúa comprometido en atender los problemas de criminalidad, deambulancia y la drogadicción que existe en el casco urbano y depende para ello de organizaciones sin fines de lucro, grupos de voluntarios y fundaciones dedicadas a ayudar a la población sin hogar. 

         Entre las organizaciones de mayor impacto en el municipio está la Corporación Mensaje de Amor (CORMA) de la Primera Iglesia Bautista de Caguas que cuenta con un hogar de rehabilitación en Cayey, así como psicólogos y trabajadores sociales. La CORMA organiza eventos para alimentar a los más necesitados y distribuir artículos de primera necesidad.

         El municipio también trabaja mano a mano con la Fundación de Desarrollo Comunal (FUNDESCO) que lleva más de 45 años al servicio de los necesitados y cuenta con varios programas de ayuda entre ellos el albergue Los Pelegrinos que brinda servicios de rehabilitación para deambulantes,  Villas del Peregrino que cuenta con 54 viviendas para ancianos en condición de pobreza y ex deambulantes, Remanso La Esperanza que cuenta con 26 unidades para pacientes con VIH/SIDA, y ‘Hands For Work’ que es una microempresa de mantenimiento en Caguas que brinda adiestramiento y trabajo a deambulantes como instrumento para su rehabilitación y apoderamiento.

         Durante el año 2010 el municipio logró ubicar a 192 deambulantes en distintos hogares y con fondos del programa federal HOME completó el proyecto El Camino “Safe Haven” de la FUNDESCO, que provee vivienda permanente y servicios de apoyo intensivo a 25 deambulantes con disfunción mental.

         Aun con las iniciativas, los programas y los grupos de apoyo que cuenta el municipio de Caguas, no existen suficientes recursos para lidiar eficientemente con el problema, cosa que ha hecho que se formen vínculos con instituciones en otros pueblos y albergues en Estados Unidos para transferir a personas del municipio.

         Por otra parte, varias organizaciones defensoras de los derechos civiles llevan una campaña para que el municipio implemente la Ley número 130 de 2007, que ordena a los gobiernos municipales eliminar de sus códigos de orden público "toda cláusula que criminalice y atente contra la vida, seguridad y viole los derechos humanos y ciudadanos que asiste a esta población y que hagan los esfuerzos necesarios para velar y hacer cumplir los mismos ante todos los sectores de la sociedad".

         Ante los ojos de los residentes de Caguas la situación aún no se ha comenzado a resolver.  A pesar de la labor realizada, sigue habiendo un incremento en personas sin hogar en el pueblo y cada día es más evidente el problema de drogas y criminalidad que ha surgido en el municipio.

Mañana estaremos continuando la serie con un artículo sobre nuevas modalidades de deambulismo.

Cambio de cara

Éste es el tercer reportaje de una serie investigativa sobre el problema de deambulancia en la isla.  Hoy reseñaremos el tema de las nuevas modalidades de deambulismo.

         “Lo último que se me hubiese ocurrido es que terminaría en la calle, cuando me botaron del trabajo pensé, yo voy a encontrar algo rápido y todo va a estar bien. Pero no fue así y yo perdí mi casa. Lo único que me queda es mi carro”, explica Jerry Martínez, de 46 años, natural de Carolina, quien reside en el interior de su auto. 

         Cuando se piensa en una persona deambulante automáticamente pasa por la mente la imagen de un adicto o enfermo mental, sucio, que pide dinero, pero la actual situación económica de la Isla ha creado una modalidad nueva de personas deambulantes.  Una persona deambulante por definición es aquella persona que no tiene una residencia fija, regular o adecuada, o que reside en un lugar que no está diseñado como dormitorio para un ser humano. 

          Y a simple vista Jerry no parece una persona sin hogar, está limpio, afeitado, recortado, perfumado, no aparenta estar pasando necesidades y no está pidiendo un ‘menudito’ en la luz.  No tiene vicios y mantiene dos trabajos a tiempo parcial, con cuyo sueldo apenas logra cubrir sus necesidades básicas.  ¿Cómo entender que un hombre trabajador vive en su auto?  Sencillo, ese es el nuevo rostro de las personas sin hogar en Puerto Rico.

          Según el director ejecutivo de Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar, Francisco Rodríguez, “el número de personas sin hogar va en aumento, pero la cara del deambulante en Puerto Rico ha cambiado y ahora más mujeres viven en la calle y son cada vez más las familias que no tienen un hogar por razones económicas”.

         “Esta situación la viven miles de puertorriqueños en todas partes de la Isla. Cada día hay más gente en la calle, llegas a un semáforo y hay tres personas pidiendo dinero y llegas al próximo y lo mismo. Da una vuelta por Santurce, Rio Piedras, Viejo San Juan y cuéntalos… se te rompe el corazón. Todos los días uno ve carros que parecen almacenes, que apenas queda suficiente espacio para una persona, y si miras bien, ves a alguien durmiendo ahí”, explica la trabajadora social Leticia Concepción, quien lleva diez años trabajando con comunidades especiales.

         Cada día son más las familias que han perdido o están a punto de perder sus hogares porque no pueden cumplir con los pagos de sus hipotecas.  Las mujeres, jefas de familia, de 40 a 55 años, desempleadas en búsqueda de trabajo han sido las más afectadas, en ocasiones se ven forzadas a dejar a sus hijos al cuidado de un familiar o amigo, para que el Departamento de la Familia no intervenga. 

         En febrero de 2009 el Presidente Barack Obama firmó la Ley de Reinversión Fondos y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en ingles),  la cual asigna fondos federales a diferentes agencias gubernamentales y a través de los cuales se han creado un gran número de proyectos que impactan a una variedad de organizaciones gubernamentales y civiles en Puerto Rico.

         A consecuencia de la situación económica en el País, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), creó e implementó en el año 2011 el programa Protegiendo Tu Hogar (PTH).  Este programa otorga subsidios para sufragar hasta 18 mensualidades de una hipoteca en casos en que el deudor haya sufrido una reducción de sus ingresos equivalente a un 20 por ciento y que al momento de solicitarla su ingreso sea de $48,000 anuales o menos.

         Este proyecto ha ayudado hasta el momento a rescatar 2,500 hogares de  familias puertorriqueñas de ejecuciones hipotecarias y estarán realizando una cuarta ronda de otorgación de fondos durante el verano, para llegar a aproximadamente 3,500 subsidios.  El BGF estima que durante el año 2012 en Puerto Rico se hicieron unas 3,500 ejecuciones hipotecarias. El programa PTH, al evitar 2,500 ejecuciones, redujo en un 42 por ciento el total de ejecuciones de no haber existido el programa.

         De igual forma durante el año 2011 gracias a fondos federales del Homelessness Prevention and Rapid Re-Housing Program, 8,805 personas pudieron conservar sus hogares, según informó la ex secretaria del Departamento de la Familia, Yanitsia Irizarry Méndez.

         El compromiso de ayudar a familias a mantener sus hogares no se ha quedado en las agencias gubernamentales. Doral Mortgage, a través de su programa de “Loss Mitigation”, trabaja con los dueños de propiedades en peligro de ejecución, refinanciando sus hipotecas a plazos más largos y a intereses más bajos para que puedan conservar sus hogares. Doral fue galardonado el pasado año por su compromiso social desarrollando proyectos para ayudar a distintos sectores de la población puertorriqueña.

         “Es un proceso largo y tedioso, pero nuestro interés es el bienestar social y trabajamos con el BGF y los fondos ARRA para intentar mantener familias en sus hogares y a través de nuestra oficina de “Loss Mitigation”, logren tener pagarés más a la par con su situación financiera”, explicó Jessy Merced, de la oficina de “Loss Mitigation” de Doral Mortgage.

         Iniciativas como las de Doral y el BGF ayudan a mantener a miles de personas fuera de la calle, pero no todas las instituciones financieras del país ofrecen opciones cuando se encuentran al borde de la ejecución hipotecaria, por lo que se ha visto un aumento en propiedades ejecutadas por los bancos y personas viviendo en sus autos, alternando las casas de sus amigos o familiares donde pernoctan, en albergues o en la calle.

         Esta situación plantea la interrogante de qué beneficios obtiene una institución bancaria de ejecutar propiedades.  Según Raicel Cobos, vendedora de bienes raíces, ninguna. “Las propiedades ejecutadas terminan en ocasiones vacías por años y dada la situación económica de la isla el mercado de bienes raíces se encuentra paralizado.  Los bancos comienzan a tirar las propiedades a subasta.  Una propiedad que el banco tiene pero no es habitada, no le genera intereses y el banco no gana. De igual forma cuando una residencia va a subasta puede afectar el valor de las propiedades aledañas.  Pero hay propiedades que al banco no le queda otra opción”, explicó.

         Esta realidad lleva a que el País se encuentre en medio de una situación económica poco favorable. Según estudios realizados, en Puerto Rico hay sobre 30 mil personas deambulantes actualmente y el número va en aumento.

Mayo 2013